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La Audiencia de Sevilla notifica la sentencia de los ERE a los acusados casi nueve años después de arrancar el caso

La Sección Primera cita a las 12.00h a los 21 exaltos cargos de la Junta para darles a conocer si han sido condenados o absueltos de los cargos que les llevaron a juicio

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El tribunal del caso ERE entregará a los acusados la sentencia en un CD y no hará lectura pública

La cita es a las 12.00 horas en la sala de vistas del tribunal del jurado, en la segunda planta de la Audiencia de Sevilla. Casi nueve años después de que la jueza Mercedes Alaya incoara las diligencias previas 174/2011, aquel 19 de enero de 2011, la primera de las decenas de piezas en las que se divide el caso de los ERE tendrá sentencia. La más importante, la más conocida, la de "los famosos" como algunos la llaman, la que ha juzgado la gestión de la Junta de Andalucía en materia de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, la 'pieza política' que ha sentado en el banquillo de los acusados a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para los que la Fiscalía Anticorrupción pidió al final del juicio 10 años de inhabilitación por prevaricación, y 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, respectivamente.

Los 21 acusados y los procuradores han sido citados a las 12h de este martes. Irán entrando en la sala y serán llamados uno por uno. Hasta que no estén todos notificados, no podrán salir de la sala. A esa hora se prevé que el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) difunda al menos el fallo, es decir, si cada acusado ha sido condenado o abuelto y en qué sentido. Los medios de comunicación tendrán posterior acceso a la sentencia, de unas 1.700 páginas, siempre una vez estén notificados formalmente todos los acusados. "Está habiendo mucha discreción con todo esto", apuntan fuentes judiciales.

No habrá lectura pública del fallo, como pasó por ejemplo en otra esperada sentencia como la de 'la manada' en abril de 2018. Los juzgados, en todo caso, han preparado un dispositivo para medios gráficos, a la entrada de la Audiencia como ocurrió durante el juicio, y tratara de habilitar una pequeña zona para medios escritos junto a la sala de vistas, donde se notificará a los acusados o sus representantes legales la sentencia, que se les entregará en formato pen drive, junto al fallo en papel.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre tras sentar en el banquillo de los acusados durante todo el año 2018 a los expresidentes andaluces, seis exconsejeros y otros 13 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, calificó la sentencia como la más "complicada" de la historia judicial de España, toda vez que la vista oral duró un año y cuatro días, alargándose hasta las 152 sesiones. Del Río descartó el otro día que la sentencia haya sido retrasada deliberadamente hasta después de las elecciones generales del 10N.

La causa los ERE, como en esta ocasión con su sentencia, no ha estado exenta de coincidencias temporales con campañas electorales, como algunas decisiones de la jueza Mercedes Alayasobre todo en los principios del caso. Esta vez no se importuna directamente el proceso electoral, como ocurrió antes de las elecciones andaluzas de 2015, aunque a buen seguro que la sentencia será utilizada en uno u otro sentido en la negociación que está abierta en el Gobierno de España tras el anuncio de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos de la pasada semana. Eso sí, una de las personas que más se ha interesado por saber qué haría Pedro Sánchez si la sentencia es condenatoria, Albert Rivera, ha dejado la política.

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 680 millones de euros el presunto fraude, que este martes se sentenciará, porque la Junta mantuvo "durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco" en el que "las ansias de rapidez y agilidad" en dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó "todos los mecanismos de control establecidos". Los 21 acusados, cabe recordarlo, se enfrentan a penas que oscilan entre 6 y 8 años de cárcel y entre 10 y 30 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

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