Anticorrupción incide en acelerar la instrucción de los ERE antes de resolver sobre la prescripción
La Fiscalía Anticorrupción no se ha querido pronunciar sobre una posible prescripción de delitos en el caso de los ERE pero sí que ha urgido a acelerar la instrucción, como ya advertido en otras ocasiones, para determinar principalmente las responsabilidades respecto a las ayudas sociolaborales más antiguas.
Este jueves, Anticorrupción ha hecho públicos dos escritos después de la consulta realizada por la juez instructora, Mercedes Alaya, respecto a los plazos que manejaba ante una posible prescripción de determinados hechos. Anticorrupción no se moja sobre la caducidad en la presunta comisión de delitos (algunos de 2001) hasta no tener toda la documentación relativa al caso que sigue aportando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a las empresas investigadas.
En este sentido, en una de las notas remitidas al juzgado explica que su postura no cambia respecto a lo ya manifestado en su escrito del 1 de septiembre, añadiendo que “no es posible con carácter previo ni en abstracto tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión en tanto en cuanto no se reciban en las actuaciones los atestados de la UCO de la Guardia Civil sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en el fraude”.
En el otro escrito, la Fiscalía recuerda que la investigación de todas las ayudas fueron encomendadas a la UCO de la Guardia Civil al asumir ésta la labor de investigación, informándose en septiembre de 2011 de los criterios operativos que a partir de ese momento se seguirían para el buen fin de la instrucción, exhortando a las partes a que se abstuvieran de realizar cualquier tipo de petición de diligencias para su práctica por la Guardia Civil hasta que no se entregara cada atestado con el contenido.
Según la Fiscalía, aquella disposición pretendía priorizar, dentro de la dirección que viene ejerciendo la magistrada instructora de la investigación policial, al objeto de evitar que determinadas personas físicas puedan quedar exoneradas de su responsabilidad penal por el instituto de la prescripción así como que sociedades mercantiles o entidades beneficiarias de las ayudas puedan ser llamadas a este proceso en calidad de responsables civiles.
Urge priorizar la investigación de las ayudas de los primeros años
Pues bien, la Fiscalía señala que desconoce las directrices dadas para la investigación policial pero recuerda que ha venido reiterando la necesidad de priorizar las ayudas abonadas en los primeros años objeto de investigación, así como la participación de los empresarios y entidades que se han venido beneficiando de las mismas, entendiendo que las conductas de aquellos empresarios que han recibido fondos para 'compromisos asumidos' por la Dirección General de Trabajo son asimilables a la de los denominados 'intrusos', siendo necesario acelerar, o en su caso iniciar, las investigaciones y actuaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
En similar sentido se pronunciaba en octubre de 2012 cuando señalaba en un escrito la Fiscalía que con el objeto de evitar la posible prescripción de algunos de los hechos de apariencia delictiva respecto a los ya imputados y a otras personas que pudiesen haber participado en los mismos, la Fiscalía pedía que se oficiara a la UCO al
objeto de priorizar la investigación y entrega de los informes relativos a los pagos efectuados en los años 2001, 2002 y 2003, y ello, sin perjuicio de la entrega de los informes de seguimiento relativos a otros años y beneficiarios que vayan siendo concluidos.
La Fiscalía indica ahora que han de seguir investigándose todas las ayudas sociolaborables puesto que los hechos que se pongan de manifiesto en dicha investigación podrán integrar la acusación contra los altos cargos de la Administración autonómica de apreciarse continuidad en los delitos que se imputan. Igualmente, es necesario conocer que personas físicas, mediadores y sociedades han intervenido en cada ayuda para poder valorar en su conjunto la mputación de hechos que permita su tipificación, de forma que sería en ese momento cuando se analizará si opera o no el instituto de la prescripción y con respecto a qué personas concretas.
Esta Fiscalía entiende que no es suficiente el mero traslado de las peticiones que ya se habían realizado en el mes de junio pasado y cuyo objeto se ve complementado por el último atestado entregado y las declaraciones prestadas en sede judicial por los detenidos, en especial la de Salvador Mera (UGT), siendo necesario un requerimiento expreso a las entidades que se recogen en dicho escrito en los términos ya expuestos.
