La Junta limita a año y medio el uso del Punto de Encuentro Familiar para padres e hijos en conflicto
Condenados a entenderse. La utilización del espacio neutral donde se garantiza el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia se limita temporalmente a 18 meses. La Junta ha aprobado este martes un decreto que regula la organización y funcionamiento de los diez puntos de encuentro familiar existentes en Andalucía al objeto de mejorar la calidad del servicio que facilita el cumplimiento de resoluciones judiciales establecidas para progenitores e hijos en situaciones de conflicto o problemas de convivencia.
A juicio del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que ha presentado el decreto aprobado en Consejo de Gobierno, se trata de “no alargar” el uso de este servicio gratuito “añadido”, entendiendo que año y medio de “apoyo” es “tiempo suficiente” para propiciar la normalización de la convivencia familiar. En cualquier caso, el consejero ha señalado que el período de duración máximo establecido en la intervención se puede prorrogar si lo estima oportuno el juez correspondiente encargado de cada caso.
Asimismo, el decreto incluye como novedad, además de la limitación temporal que antes no se establecía, un programa formativo para los progenitores en “técnicas y habilidades parentales” para mejorar la relación con su hijos, entre los que no están incluidos los tutelados por la propia Administración, de los que se encarga la Consejería de Igualdad, ni los procedentes de solicitudes directas de particulares.
El nuevo texto regula las intervenciones de los profesionales en el régimen de visitas, tanto tuteladas (en las que estará presente al menos uno) como no tuteladas, así como la supervisión en la entrega y recogida de los menores y en su acompañamiento excepcional fuera de las dependencias del Punto de Encuentro Familiar, y la intervención específica en episodios de violencia de género.
Para este tipo de casos en concreto, que actualmente motivan casi un tercio de las actuaciones, se dispone un “tratamiento específico” con medidas que evitan el contacto entre agresor y víctimas en los puntos de encuentro, fijándose además “un protocolo horario” que garantice el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas y siempre con la prevalencia del “interés superior del menor” en todos los casos. Los puntos de encuentro familiar estarán abiertos como mínimo los fines de semana y dos días laborables por la tarde, uno de ellos siempre viernes, para “facilitar la conciliación con la vida laboral y escolar”.
Según De Llera, la norma crea “un marco único y homogéneo” que incrementa la transparencia y mejora el cumplimiento de las resoluciones judiciales en este tipo de situaciones. El carácter “multidisciplinar” y “asistencial” de los puntos de encuentro, que contarán con un reglamento interno propio aprobado previamente por la Junta, se aprecia en que están compuestos por un coordonador y un equipo técnico de profesionales del campo jurídico, educativo y social. El decreto establece, en este sentido, un plazo de tres meses para que las entidades que vienen prestando este servicio se adapten a las nuevas exigencias.
El consejero ha aportado una serie de datos para poner en valor la prestación de un servicio, “que contrasta con el de otras comunidades autónomas donde se están cerrando este tipo de puntos de encuentro”. Así, ha detallado que el presupuesto para este año es de 987.227 euros para sus sedes en todas las capitales de provincia y en las ciudades de Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga).
Desde su creación en 2008, el servicio ha atendido a un total de 9.909 menores, en su mayoría menores de diez años y ha tramitado más de 7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, tareas para las que el Ejecutivo andaluz ha destinado más de seis millones de euros. De Llera ha añadido que el 32% de los servicios prestados por los puntos de encuentro están relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género, que afectan directamente al 35% de los menores atendidos. Por modalidades, el 36% de las intervenciones corresponden a entregas y recogidas con pernocta, el 33% a visitas tuteladas, el 22% a entregas y recogidas sin pernocta y el 9% a visitas no tuteladas.
