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La UCO investiga el uso indebido de una tarjeta de la Junta en un prostíbulo

En el marco de las investigaciones de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, se ha conocido que la Guardia Civil llamó al dueño de un prostíbulo

El PP andaluz denuncia el uso "de 'tarjetas black'" en un club de alterne y la Junta niega "irregularidad" alguna

El portavoz del Gobierno andaluz dice que sólo había "una tarjeta de crédito" de un directivo" con un gasto de 44 euros de media al mes de 2008 a 2010

Carnero apunta que sólo hay una tarjeta en Faffe que gastó 1.563 euros en tres años y destaca colaboración con Justicia

Carnero , consejero de Empleo

La Guardia Civil está investigando si en la extinta Fundación Andaluz Fondo de Formación y Empleo (Faffe) había tarjetas de crédito y si se dedicaban a gastos indebidos en restaurantes, bares e incluso un prostíbulo de Sevilla. Lo hace en el marco de las diligencias que la juez María Núñez Bolaños tiene abiertas sobre la Fundación que fue extinta en 2011 con la sombra de la sospecha de irregularidades. En este caso, ya hay 23 imputados, entre ellos el ex director general de la Faffe, Fernando Villén.

Precisamente Villén, a juzgar por las declaraciones de los testigos, era la persona que utilizaba una tarjeta institucional. Según las declaraciones ante la Guardia Civil en 2016 de la persona que desde 2007 controlaba los gastos de la Fundación, "en esta tarjeta principalmente se cargaron gastos de comidas en restaurantes, alojamiento y, cree que en alguna ocasión, reparación de vehículos. Estos gastos debían ser justificados mediante factura que debía presentar ante la Dirección Económico Financiera". Esta misma testigo afirmaba que Villén había "utilizado por equivocación esta tarjeta, devolviendo íntegramente el importe a continuación. Recuerda que eran importes considerables, superiores a 500 euros".

En 2015 consta la declaración del dueño de un prostíbulo en Sevilla, que explicó entonces cómo se realizaban los pagos en fectivo o con tarjeta y si se habían producido devoluciones.  Aunque en su declaración de 2015 no aparece ni el nombre de Villén ni el de la Fundación.

Ana Mestre, del PP, explicó este martes que la declaración del empresario se centra en el funcionamiento de los pagos de las tarjetas en su establecimiento. "¿Por qué ha sido llamado por la Guardia Civil este empresario a declarar? La respuesta creo que es sencilla y todos nos la imaginamos: las 'tarjetas opacas, black' de la Faffe se usaron para pagar los servicios de un club de alterne. Esta es la desgraciada realidad", afirma rotunda.

"La Guardia Civil no llama a cualquier empresario a dar explicaciones. Lo hace por algún motivo. La Guardia Civil no va dando tumbos y tendrá indicios. A lo largo de la investigación se irán dando más datos. Quien tiene que dar explicaciones es Susana Díaz y si no fuera así, también lo puede desmentir", ha subrayado. Ha apuntado que, en el caso de que la investigación pruebe este extremo, "los que estaríamos sufragando los caprichos del PSOE y altos cargos y la tela de araña para perpetuarse en el poder, serían los andaluces".

Por su parte, el Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que en la extinta Fundación Andaluz Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sólo había "una tarjeta de crédito que tenía un directivo" y que originó un gasto medio mensual de unos 44 euros, sin que se detectara "irregularidad" alguna en su uso.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, asegurí en rueda de prensa durante la tarde que sólo había una tarjeta de crédito en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha explicado que con dicha tarjeta se gastaron 1.563 euros en tres años --2008, 2009 y 2010--, tras lo que ha insistido en la "absoluta colaboración" con la Justicia por parte de la Junta de Andalucía., y ha detallado la documentación que se ha remitido a la Guardia Civil. No obstante, Carnero no quiso entrar en el contenido de lo gastado en esta tarjeta.

¿Qué investiga el juzgado?

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta en relación a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que habría realizado contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende del último atestado por la UCO el pasado junio.

Según la Fiscalía Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

Para el Ministerio Público, estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas. Para llevar a cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga. También alude a otros instrumentos como la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto, o la participación en los procedimientos de contratación de empresas vinculadas.

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