PSOE-A e IU mantienen el pulso tras 10 horas de negociación
De una u otra manera hay que dar marcha atrás, pero sin que parezca que nadie sale perdiendo. Es la única forma de que el PSOE-A e IU logren llegar a un acuerdo y salvar el pacto del Gobierno de Andalucía tras la crisis originada este miércoles por el realojo de las familias de la Corrala Utopía puesto en marcha por la coalición de izquierdas, que controla la Consejería de Fomento y Vivienda. El PSOE-A pretende que IU reconsidere que “se ha equivocado” y asuma el coste de reconducir la situación: se trata de decirles a algunas de las familias que han sido realojadas que no todas tienen derecho a estas VPO. IU, por su parte, se agarra a la legalidad de la medida y, sobre todo, quiere que la presidenta, Susana Díaz, retire el decreto que ha firmado este jueves y por el que, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), les dejaría sin las competencias en materia de adjudicación de VPO.
El PSOE-A está convencido de que la fórmula elegida por IU -realojar a estas personas en VPO de su titularidad y en otras que ha alquilado- no ha seguido los procedimientos que hay establecidos. Por eso justifican el decreto. Sin embargo, IU cree que esta decisión es “desmedida” y se remite a informes que avalan la situación de emergencia -y sobre todo al auto del Juzgado de Instrucción número 3 que ordenó el desalojo del inmueble que ocupaban estas familias en la capital hispalense- para hablar de que “no es una adjudicación” en la que se haya “primado la patada en la puerta” frente a la listas de demandantes, sino una solución “provisional” por “riesgo de exclusión social”.
Tras más de 10 horas negociación del comité de enlace, los representantes de las dos fuerzas continúan reunidos en el Parlamento de Andalucía. “Hay dificultades”, confesaba el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, uno de los miembros del comité de enlace. Se ha rebajado el tono en las posturas, pero no terminan de perfilar la salida menos dañina para ambos y sobre todo para la imagen del Gobierno de Andalucía en el que, de momento, IU quiere seguir, pese a los amagos de ruptura por parte de algunos miembros de la coalición de izquierdas. Por eso el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que participa en el comité de enlace, ha subrayado que “un decreto que no se publica no es un decreto”, en el sentido de quitar fuerza al golpe sobre la mesa de la presidenta con esta decisión. “La metedura de pata es de ellos. Tienen que asumirlo”, aseguraba esta tarde otro socialista.
Mientras, un dirigente de IU apuntaba que en la coalición de izquierdas “hay quien no está dispuesto a seguir tragando sapos”. Entiende que en una materia tan delicada como la vivienda, la coalición de izquierdas no puede permitirse “quedar como que lo ha hecho más, sobre todo después de haber sido artífice de la norma más valiente aprobada hasta ahora”, en referencia a la Ley de la Función Social de la Vivienda, recurrida en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación.
Cabe recordar que la crisis estalló después de que el miércoles la Consejería de Fomento y Vivienda comenzara a realojar a la veintena de familias que habían sido expulsadas el pasado domingo del bloque de pisos propiedad de Ibercaja que desde hacía casi dos años ocupaban en la capital hispalense. Desde presidencia se dio orden expresa de parar el proceso a la espera de contar con todos los informes que avalaran el riesgo de exclusión social y la legalidad de la medida. Esos informes son los que en esta reunión exige el PSOE-A a IU que muestra para comprobar si efectivamente puede tener una salida airosa.
