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El exconsejero detenido también recibió cinco millones del Ministerio de Empleo para formación

Entidades presididas o representadas por Ángel Ojeda, además de las ayudas concedidas por la Junta, también fueron subvencionadas por el Gobierno central en su programa para la financiación de formación para el empleo

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal aprobó el pasado noviembre subvenciones a una fundación y tres asociaciones vinculadas al exconsejero de Hacienda de la Junta.

CCOO alertó del "mal uso y abuso de fondos públicos" de las entidades que iban a ser subvencionadas y se pronunció desfavorablemente, pero el órgano colegiado aprobó los expedientes.

La Fundación de la Formación Profesional para el Empleo, presidida por Ojeda, fue una de las entidades beneficiarias de las subvenciones.

La Fundación de la Formación Profesional para el Empleo, presidida por Ojeda, fue una de las entidades beneficiarias de las subvenciones.

La concesión de ayudas para cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011, de cuyas "irregularidades" alertó la Cámara de Cuentas a primeros de año, también tiene su vertiente estatal. El Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, otorgó casi cinco millones de euros en subvenciones para la ejecución de planes de formación a asociaciones relacionadas con el exconsejero de Hacienda de la Junta entre 1987 y 1990 Ángel Ojeda, detenido este lunes por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación al presunto fraude de los cursos de formación.

Según consta en el acta de la reunión del órgano colegiado de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, celebrada el 8 de noviembre de 2013, la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe) y tres asociaciones que la integran se hicieron con subvenciones por valor de 4.915.068 euros en el marco de la convocatoria aprobada por resolución de 16 de julio de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, relativa a planes dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.

Estas ayudas constan igualmente en el informe de la Fundación Tripartita donde se da a conocer paso a paso el destino de los fondos públicos presupuestados para la financiación de la formación para el empleo. Entre las beneficiadas se encuentran la citada Forpe, constituida en diciembre de 2009 (con 1,27 millones), así como la Asociación de Empresas Aeronáuticas (1,11 millones), la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas (1,27 millones) y la Asociación para la Calidad Europea Inteca (1,24). En estos expedientes, Ojeda aparece como presidente en las tres primeras y como representante legal en la cuarta.

El sindicato CCOO, que forma parte de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, se opuso a la aprobación de los cuatro expedientes vinculados a Ojeda porque "tanto de Forpe como de las asociaciones que la integran hay suficientes noticias sobre mal uso y abuso de fondos públicos, incluso varios procedimientos abiertos en juzgado de lo penal e inspección de trabajo (por impartir cursos de dudosa eficacia a los trabajadores de la extinguida factoría de Delphi, formadores no dados de alta en la seguridad social, facturas falsas, cursos supuestamente no realizados…)".

CCOO insistió en la reunión de noviembre, según consta en el anexo incorporado al acta de aprobación de las ayudas, que "los solicitantes de los cuatro expedientes están relacionados por más de un 'vínculo' (propiedad, alquileres, cargos…) y que se alquilan locales los unos a los otros".

La alerta sobre posibles irregularidades en los cursos de formación saltó cuando la Cámara de Cuentas publicó un informe en enero de este año en el que aseguraba haber detectado "irregularidades" en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010. En su dictamen, apuntaba que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010 de las que "no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello".

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