Un “abuso” inconstitucional: sindicatos y expertos reaccionan a las ofertas exprés de la Junta de Andalucía que excluyen embarazadas y enfermos crónicos

Los sindicatos mayoritarios y expertos consultados por elDiario.es/Andalucía coinciden en que las convocatorias exprés de la Junta de Andalucía son un “abuso” que vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública. Además, resaltan que excluir de la oferta a embarazadas, mayores de 60 años o afectados por determinadas enfermedades (diabetes o hipertensión, entre otras) es inconstitucional. “Es escandaloso. En una oferta de trabajo no puedes preguntar a una persona si tiene SIDA o no”, señala Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

La Junta de Andalucía ha realizado al menos quince procesos exprés para cubrir plazas de interinos en especialidades muy diversas, que van desde arquitectos a técnicos de conservación del patrimonio o archivistas. Todos siguen el mismo esquema: se justifican en el “marco de la emergencia de salud pública”, abren un plazo de 24 horas sin anuncio previo y el único criterio de selección es el orden en que se presenta la solicitud.

Más de una decena de procesos se abrieron y se cerraron del miércoles al jueves. Este medio informó este jueves de 169 plazas en once convocatorias para cuerpos de grado medio o superior de funcionarios. Hay más. Este mismo viernes, la Junta de Andalucía cerró otra convocatoria de urgencia para dos técnicos archivistas. La semana pasada convocó un procedimiento exprés para 133 plazas de técnicos de prevención de riesgos laborales. El martes amplió a otras 83 plazas. Todas estas convocatorias se anuncian en el portal del empleado de la Junta de Andalucía durante las 24 horas que están vigentes. Después desaparecen.

“Convocatorias aberrantes”

“Son unas convocatorias aberrantes”, protesta Pablo López del Amo, de CCOO Andalucía. La Junta de Andalucía construyó un sostén jurídico para realizar convocatorias de urgencia, y los sindicatos estuvieron de acuerdo. El procedimiento se aprobó en un Decreto-ley, y su finalidad teórica era garantizar la agilidad en la contratación para servicios esenciales durante el estado de alarma, como los centros de menores y las residencias de mayores.

Sin embargo, finalmente la posibilidad de realizar estas ofertas exprés se amplió al estado de “emergencia sanitaria”. “Un procedimiento que se estableció para que no faltara gente en hospitales y centros de mayores lo están utilizando para contrataciones masivas”, apunta López del Amo. “Lo que no lo tiene es que se contrate de esta forma a un archivero, a un ingeniero de minas, un arquitecto… No son servicios esenciales, no se ajustan a una necesidad derivada de la Covid 19, ni al principio de legalidad”, señala Esperanza Morales, de UGT. En el caso de los técnicos de prevención, la Junta de Andalucía lo habría utilizado para cubrir plazas vacantes desde hace años, según denuncia CCOO. 

Enrique Álvarez de Toledo, de CSIF, dice no comprender por qué se usa este sistema cuando hay bolsas operativas. Además, alerta de que este método puede alterar las bolsas ya constituidas en beneficio de los candidatos seleccionados ahora.

Catedrático de Derecho del Trabajo: “No tiene justificación”

“No tiene justificación”, responde Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, que explica que el criterio del Tribunal Constitucional es que no se puede contratar seleccionando a los candidatos por orden de presentación. Debe realizarse un proceso para valorar los méritos y la capacidad de los candidatos. “El primero que mete los papeles es un criterio arbitrario”, alerta, después de examinar las convocatorias.

“Si está dentro de plazo, el mismo derecho debe tener el primero en presentar la instancia que el último. El último puede tener más méritos que el primero. Si no, yo puede llamar a mi cuñado y decirle que la presente”, añade Wenceslao Alonso, un abogado malagueño que ha obtenido varias sentencias favorables por casos de mala praxis en convocatorias de oposiciones. También duda de la legalidad de tener que presentar la solicitud por correo electrónico.

Las convocatorias excluyen a mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, mayores de 60 años y enfermos de cáncer, crónicos (hipertensos, diabéticos…) o portadores del VIH. Para el catedrático, algo “escandaloso”. “Me deja sin palabras. No puedes preguntar por la salud cuando no tiene conexión ninguna con el trabajo”. En su opinión, es inconstitucional por vulnerar no sólo los principios que regulan el acceso a la función pública, sino la privacidad, la intimidad y la normativa de protección de datos. “Es discriminatorio por razón de edad, género y discapacidad”, zanja.

Los sindicatos aseguran que la Junta de Andalucía ya ha reincorporado al trabajo presencial a la práctica totalidad de su plantilla, con lo que no comprenden estas exclusiones. Menos aún, para trabajos como archiveros, conservadores de patrimonio o arquitectos, que no implican contacto con enfermos de Covid-19. “Estás enviando a toda tu gente a trabajar, pero no permites que se incorporen si están en esos grupos. Es un sinsentido”, observa López del Amo.

Sin información a los sindicatos

Este martes, Elías Bendodo (consejero responsable de Administración Pública) anunció que se realizarían mil contrataciones públicas para “agilizar” la carga administrativa. También dijo que si no se podía recurrir a las bolsas, se harían “convocatorias transparentes”. Sin embargo, los sindicatos no fueron informados, según aseguran. “A nosotros nos llega un Whatsapp de la Dirección General de Recursos Humanos donde dicen qué categoría y puestos van a cubrir. Se nos convoca a mesa puesta”, resume Álvarez de Toledo. En UGT se enteraron de las 133 plazas para técnicos de prevención de riesgos laborales por la web. 

Las convocatorias no se han tratado en las mesas sectoriales, y los sindicatos tampoco están teniendo fácil comprobar las condiciones de procesos ya cerrados, como el de los auxiliares de playa, el primero que utilizó este sistema. Han recurrido al portal de transparencia para conocer el número de solicitudes y el orden en el que llegaron.

También dudan de que no haya candidatos disponibles en las bolsas ya constituidas, un requisito previo para lanzar estas convocatorias exprés. “Para los auxiliares de playa no usaron todas las categorías profesionales que podían ejercer esas funciones”, recuerda Esperanza Morales. Además, era el propio personal de la bolsa el que tenía que ponerse en contacto con la administración para mostrar su disposición al puesto. Ante el supuesto agotamiento de las bolsas, la Junta también ha ignorado que puede recurrir a mecanismos comunes como su propio Servicio Andaluz de Empleo.

Los sindicatos aseguran que tratarán de conseguir la derogación de estos procesos exprés y no descartan la vía judicial.