Andalucía prohíbe los cigarrillos electrónicos en centros sanitarios,sociales y educativos
El uso de cigarrillos electrónicos queda prohibido desde principios de este año en centros sanitarios, sociales y educativos dependientes de la Junta de Andalucía. Asimismo, tampoco se puede utilizar este dispositivo en ningún centro donde se desarrolle actividad con menores. Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante una rueda de prensa en la que también se ha referido al estudio que se está realizando para determinar la seguridad para la salud del contenido de los dispositivos electrónicos vaporarizadores.
La consejera ha recordado que Andalucía ha querido establecer un control sobre el uso de este producto hasta que se produzca una regulación de ámbito estatal, cuestión que se acordó, a propuesta de Andalucía, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Para ello, desde el departamento que dirige Sánchez Rubio se han remitido instrucciones a los distintos centros de su ámbito de competencia, no permitiendo el uso de este dispositivo en ningún centro dependiente de la Consejería. Además, a los centros sanitarios y sociales que no son de titularidad de la Junta también se les ha enviado una recomendación para incorporar esta instrucción a las normas de funcionamiento de sus respectivas instalaciones.
Asimismo, en los centros donde se desarrolla atención con menores, el uso de este dispositivo electrónico tampoco se permite, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 28 de Medidas Sanitarias ante el Tabaquismo y Reguladora de la Venta, Suministro, el consumo y la publicidad del producto del tabaco. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha enviado instrucciones en la misma línea a los centros educativos, en ninguno de los cuales se permite el cigarrillo electrónico al tratarse de instalaciones en las que hay menores.
En estudio
Sánchez Rubio también se ha referido al estudio que se está realizando de manera compartida --entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural-- para determinar la seguridad para la salud del contenido de los dispositivos electrónicos vaporizadores. Así, este estudio --que estará listo en unos seis meses-- pretende comprobar, entre otras cosas, la existencia de posibles sustancias no declaradas y su impacto sobre la salud de las personas.
