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Andalucía es la única con financiación sin condiciones para los Ayuntamientos pero lleva cinco años congelada

IU pide a la Junta que cumpla con la Patrica y devuelva el dinero que adeuda a los ayuntamientos andaluces

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Mientras Susana Díaz llama a la puerta de Mariano Rajoy reclamando más financiación para la comunidad autónoma, se mantiene congelada, un año más, la partida de fondos incondicionados destinados a las administraciones locales, lo que suma ya 660 millones de euros menos que desde IU han bautizado también como “deuda histórica”, pero de la Junta de Andalucía con los consistorios. 

Esta financiación no finalista se prevé en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía, y se conoce como Patrica. Nació en 2011 con 420 millones de euros y una previsión de incrementarla en 60 cada ejercicio hasta llegar a 600 en 2014. Pero sólo subió hasta los 480 en los presupuestos autonómicos de 2012, manteniéndose desde entonces -y de nuevo en el proyecto de ley para 2018- en esa cantidad. 

Este “incumplimiento” es el que ha propiciado el enfrentamiento en el último pleno del Parlamento de Andalucía entre Susana Díaz y el líder de IU, Antonio Maíllo, cuya formación presentará una enmienda a los presupuestos autonómicos en este sentido, a la vez que el centenar de alcaldes de la coalición de izquierdas en la comunidad autónoma han iniciado una campaña en la misma línea. Pretenden que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) aborde esta cuestión. 

Pero la FAMP, liderada por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, a la vez presidente de la Diputación de Sevilla, no lo tiene su agenda. Es más, mientras los alcaldes de IU redactaban la carta exigiendo a la FAMP que se pronuncie sobre este problema, en la Diputación de Sevilla el PSOE tumbaba una moción de la coalición de izquierdas pidiendo que la institución inste a la Junta de Andalucía a pagar este dinero. Esta misma moción la han presentado en las ocho provincias.

Fernando Rodríguez Villalobos, citando a Susana Díaz, volvía a poner el foco en las obligaciones del Gobierno de España, como manifestó horas antes en la jornada El marco general de la financiación autonómica. “Si el modelo autonómico para financiarnos tiene unos años y necesita de una revisión urgente, el local lleva esperando desde el proceso constituyente del 78 para ser planteado de verdad y a fondo”, subrayaba.

La presidenta de la Junta de Andalucía ha abundado en esta cuestión. En respuesta a Antonio Maíllo, sin negar la congelación de los fondos, ha insistido en que su Gobierno está “comprometido con el municipalismo” y que “a pesar del injusto reparto del déficit”, de la aplicación del modelo de financiación autonómica en perjuicio de Andalucía y las “condiciones leoninas” establecidas por el Gobierno de España para el  Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), esta apuesta es “incontestable”.

El debate de fondo

Susana Díaz restaba importancia a la deuda con los consistorios referida por Antonio Maíllo recordando que hay “651 municipios con superávit” -de 778- y que tienen el dinero “en las cuentas corrientes” porque la regla de gasto impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy les obliga a destinarlo a deuda. Susana Díaz le ha acusado de querer que incremente esta partida para que el dinero acabe en los bancos “y no en los servicios públicos”.

Pero, reconociendo IU el esfuerzo que se hizo por incrementar la Patrica en 2012, el peor momento de la crisis, no entiende que se mantenga la partida congelada cuando tanto en 2017 como en 2018 los presupuestos autonómicos crecen y el próximo año se espera incluso una subida importante en la recaudación. Incluso Antonio Maíllo le ha recriminado a los socialistas que en 2013 “intentaron cepillarse” la Patrica pero la coalición de izquierdas, con la que gobernaban entonces, “lo impidió”.

En realidad, IU reprocha también que la Junta de Andalucía prevea incrementar los fondos condicionados destinados a los municipios, pero no los incondicionados, “apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario”.

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