Andalucía se prepara para una nueva ley de suelo: una "simplificación" con "sesgo liberalizador"

Varios obreros trabajan en la obra de un edificio de viviendas de nueva construcción. EFE/Javier Cebollada/Archivo

El pasado 26 de mayo Vox tumbó en el Parlamento de Andalucía la nueva norma de ordenación del suelo, uno de los proyectos estrella del Gobierno de PP y Ciudadanos. El grupo de ultraderecha se abstuvo en una enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, y dejó caer una ley muy anticipada por el gobierno de Juan Manuel Moreno. El portazo, sin embargo, fue más ruidoso que otra cosa. Apenas un mes después, el proyecto de ley volverá al Parlamento, sin una coma de más o de menos. El Gobierno de la Junta de Andalucía tardó exactamente 27 días en aprobar nuevamente el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, llamada LISTA por su acrónimo.

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Cuando se apruebe en el Parlamento, la nueva norma sustituirá a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, y la Ley de Ordenación del Territorio, de 1994. “Hay consenso en que había que hacer una nueva ley que superase los problemas que ahora plantea el urbanismo. Es una actividad con grandes inversiones, el dinero es cobarde y requiere seguridad jurídica, y eso no se garantizaba”, apunta Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.

La falta de desarrollo reglamentario de la ley de 2002 había generado dispersión, inseguridad jurídica y una notable conflictividad judicial. El Ejecutivo andaluz aspira a que la nueva norma clarifique el panorama. Asegura que pretende regir el urbanismo, un campo legislativo farragoso y muy sensible por su afección sobre el territorio y el medio ambiente, con unas "reglas sencillas que sirvan para agilizar trámites y reactivar la economía”.

El objetivo, repiten, es “agilizar y simplificar”. La Consejería ha trabajado en la norma durante un año, y ha recogido alegaciones de diversos grupos de interés. Por ejemplo, los promotores han logrado introducir el 60% de las 90 alegaciones que plantearon. "La nueva ley no desregulariza el sector, sino que establece reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual y fáciles de entender y aplicar", asegura el Gobierno. Al agilizar trámites y eliminar requisitos (“cargas innecesarias”) defiende que se creará mucho empleo. Pero los críticos ven en la norma la puerta de entrada de la desregulación y una puerta abierta a repetir errores en la gestión del suelo, como la especulación, el daño ambiental y, en última instancia, la corrupción vinculada al ladrillo.

Con todo, el proyecto sigue teniendo que pasar por el Parlamento, donde podrían introducirse nuevas enmiendas. Y aun entonces, el trabajo no estará terminado. Una vez aprobada la ley, está prevista la aprobación en seis meses de los Reglamentos de Planeamiento y Gestión Urbanística la LISTA (deberían estar listos seis meses después de la aprobación de la ley) y la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (el POTA). También deberá adaptarse el Reglamento de Disciplina Urbanística.

ElDiario.es/Andalucía ha recabado la valoración de un académico, una organización representativa de los promotores y un grupo ecologista. Todos coinciden en que la nueva norma tiene un sello netamente liberalizador.

Valoración general

Juan Antonio Morales (Ecologistas en Acción): “Es un avance en la desregulación del urbanismo, que va a lo mismo que se hacía antes de la crisis, de la que parece que no hemos aprendido. En un país donde hay suelo clasificado de sobra, no entendemos que el planeamiento haya que agilizarlo, porque no hace falta. Creemos que los impedimentos en la tramitación de los PGOU no son burocráticos. En Jaén se tramitó en algo menos de dos años. Es deseable una agilización y simplificación, que se puede hacer dedicando más personas a trabajar en esto, no con la desregulación. Se están eliminando cuestiones trascendentales”.

Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACPM): “Desde luego, es mejor que la ley que tenemos, que está anticuada y hace mucho tiempo que funciona mal. ¿Es ideal? Para el empresario no, pero mejora lo que tenemos”.

Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo: “Tiene su sesgo ideológico, es evidente. Rompe con lo anterior, no es intervencionista sino liberalizadora. También es una de las primeras leyes que hace referencia al cambio climático, que debe ser una política de consenso. Apuesta por el municipalismo, porque va a suprimir la aprobación conjunta, dejándolo en manos de los ayuntamientos. Es una demanda histórica: el PGOU de una ciudad lo tiene que aprobar una ciudad. La Junta intervendrá a través de un informe vinculante".

El cambio en los criterios de clasificación

Ecologistas en Acción: “La técnica de clasificación de suelo ha traído problemas; ha sido como alimentar la inflación. Pero es que se va a seguir. Desde el plan general se va a establecer una categorización o régimen de suelo para el que se pretende ocupar en el futuro. La esencia de la sostenibilidad es: ocupe o planifique el suelo que vaya a necesitar, no el que le venga en gana o impuesto por los agentes económicos. Hay una industria que consiste en comprar suelo que se va a ocupar en el futuro, condicionando la acción pública en el crecimiento. Creemos que el principal problema del urbanismo es el exceso de suelo clasificado, porque conlleva un crecimiento del valor del suelo. Cuanto más suelo previsto en el planeamiento más caro es”.

ACPM: “El mercado sabe qué tipo de suelo hay. Vemos más problemas en la transitoriedad de unos usos a otros. Creemos que debe hacerse en un proceso largo para absorber los usos que ahora existen. Que nadie que ahora tenga un suelo con un uso, se quede sin ese uso de la noche a la mañana. Rústico de repente no puede ser. Vamos a dar un tiempo a todos los desarrollos. La transitoriedad está prevista, pero nos parece escaso el plazo”.

Roberto Galán: “La nueva ley suprime la categoría más polémica de “urbanizable”, que estaba siempre en la raíz de la posible corrupción. Ahora habrá dos tipos de suelo: urbano y rústico. La ley básica estatal dejaba libertad a las comunidades y todas han mantenido la triple clasificación. La Junta apuesta por las mismas que la legislación básica y es la primera en hacerlo. Todo lo que no sea suelo protegido se puede urbanizar. Tiene un sesgo liberalizador y permite que las ciudades se puedan expandir”.

¿Simplificación o desregulación? ¿Cuál es el riesgo?

Ecologistas en Acción: “En general, se eliminan regulaciones. Por ejemplo, en el uso de suelo no urbanizable. Actualmente el artículo 185 LOUA dice que en suelo no urbanizable de especial protección no prescribe la potestad de ejercicio de restablecimiento de la legalidad. Eso se elimina. Impone la misma prescripción de seis años que para el resto de suelo no urbanizable. Es una subversión de la ley”.

ACPM: “Creemos que sigue habiendo una hiperregulación. Nos parece adecuado cuidar el territorio, respetarlo y tener cautelas sobre el uso, pero la protección debe hacerse una vez, no tiene sentido que haya que ir informando sucesivamente a cada trámite de planeamiento. Echamos en falta los reglamentos, que es donde se concreta exactamente cómo se van a plasmar las líneas generales. Hasta que no los veamos no sabremos si la agilización es real. Además, uno de los problemas del urbanismo son los trámites de informes sectoriales y trámites ambientales, que tardan mucho. De nada servirán los intentos de agilizar si no se solucionan otros problemas y se modifican otras normas”.

Roberto Galán: “Se apuesta por las declaraciones responsables o comunicaciones previas. Que no haya que tener licencia se va a generalizar. Esto significa apostar por la confianza de que los operadores lo van a hacer bien. Pero si existe la apuesta, hay que reforzar el control de la administración a posteriori, para que si alguien va en contra del planeamiento haya una reacción ágil y eficaz. La clave está en los recursos con los que se cuente para imponer la disciplina urbanística. Es una cuestión de que la administración tenga recursos, y que exista voluntad de detectar las infracciones y actuar con diligencia parando las obras ilegales. La Junta va a dejar en manos de los ayuntamientos los problemas en ámbito urbano, y se concentrará en espacios naturales”. 

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Publicado el
4 de julio de 2021 - 20:15 h

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