La ex asesora de la trama española de los Al Asad denuncia que la coaccionan aprovechando su "situación de indigencia"

Imagen de la Operación Scar, en abril de 2017

La asesora de confianza de Rifaat Al Asad en España, Saloua Tlili, acaba de interponer una querella contra dos de los hijos de este, a los que acusa de no haberle dado de alta en la Seguridad Social durante dieciséis años, de apropiarse de su cuota y, más recientemente, de coaccionarla aprovechando su extrema vulnerabilidad por la grave enfermedad que sufre.

La asesora de una trama siria investigada por la Audiencia Nacional denuncia que no le dieron de alta en la Seguridad Social

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Durante casi veinte años Saloua Tlili formó parte de la familia, en sentido amplio, de Rifaat Al Asad, tío del actual presidente sirio, y huido del país a mediados de los años 80. Fue su asesora de confianza para los asuntos en España: encargada de negociar con bancos, promotores, trabajadores y administraciones, llegó a acceder a un grado de confianza tan íntimo como para ayudar en la educación de los hijos de Rifaat. Todo eso se desmoronó con la investigación abierta primero en Francia y replicada luego en España por el juez José de la Mata.

Ahora, Tlili es una de las catorce personas investigadas por la Audiencia Nacional por formar parte, presuntamente, de una organización criminal liderada por Rifaat (tío de Bachar, actual presidente de Siria) para camuflar y blanquear dinero esquilmado de fondos sirios. En 2017 prestó declaración ante la Audiencia Nacional, y poco después dejó de percibir su salario en España, de 1650 euros al mes. En la primavera de 2019 dejó de recibir también el salario que percibía de otra sociedad luxemburguesa del entramado societario de los Al Asad.

Para Juan Pedro Rojano, el abogado que firma la querella, la abandonaron a su suerte en el peor momento, justo cuando pasa por una enfermedad grave que le impide trabajar. Además de denunciar una vulneración de sus derechos como trabajadora, el abogado cree que la están coaccionando aprovechando su debilidad.

Un presunto fraude a la Seguridad Social de 181.000 euros

La querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, señala que Tlili nunca ha cotizado en España, pese a que desde 2004 cobraba una parte de su sueldo de Pinlosac S.L., la empresa propietaria de 101 apartamentos, 247 aparcamientos y 22 locales comerciales en Puerto Banús. Como tal, Tlili fue durante muchos años presidenta de la comunidad de propietarios Benabola, el emblemático complejo marbellí propiedad en gran parte por la familia Al Asaad.

Según la querella, Pinlosac pagaba a Tlili por estos servicios a través de sociedades instrumentales, primero a través de cajeros automáticos y desde 2010 mediante transferencia, siempre sin darla de alta como trabajadora y sin realizar las cotizaciones a la Seguridad Social. La cantidad que Pinlosac habría dejado de ingresar a la Seguridad Social por las cotizaciones de Saloua Tlili asciende a 945 euros al mes: un total de 181.440 euros en 16 años. Según la querella, esto constituye un fraude a la Seguridad Social y una vulneración de sus derechos como trabajadora, puesto que la empresa se habría apropiado indebidamente de la cuota.

La querella incide en el grave perjuicio que esto ha supuesto para la mujer, que sufre un cáncer que le impide trabajar. Pese a estar en situación de incapacidad temporal, Tlili no tiene derecho a prestación porque nunca fue dada de alta en la Seguridad Social. Privada de cualquier ingreso, Saloua Tlili estaría en "situación de indigencia", según se recoge en la querella, que se dirige contra Siwar y Ali Al Assad, (dos de los hijos de Rifaat, también investigados por la Audiencia Nacional) porque son o han sido administradores de Pinlosac.

El documento señala especialmente a Ali Al Asaad, verdadero responsable de los intereses de la familia en España, y que habría ejercido como jefe efectivo de Tlili durante todos estos años.

La querella denuncia coacciones

Durante muchos años la historia fue bien distinta. Hubo un tiempo en que Saloua Tlili se sintió de la familia. Así lo dijo ella en una entrevista con este medio: "Yo los quería. Eran como mis hijos. Cuando veía que algo les iba a hacer daño, corría para poner mi cuerpo. Estoy programada así". Si en 2004 acabó en Marbella fue, precisamente, por el encargo directo de El Jefe. Se trataba de sacar rendimiento al inmenso patrimonio inmobiliario, más de 500 inmuebles, que la familia había adquirido en la Costa del Sol.  

En el auto de procesamiento, De la Mata recoge que, aunque no figura ni ha figurado nunca en ningún órgano de administración de las sociedades de la familia Al Asad, Tlili era "una de las personas de más confianza de la familia Al Asad en Marbella", y le atribuye la realización de "trabajos de administrativa de las sociedades y propiedades de la familia".

La Operación Scar puesta en marcha por la Audiencia Nacional en abril de 2017 acabó con todo eso y voló los puentes la familia y la mujer, cuyo testimonio puede ser relevante en el juicio contra todo el entramado que eventualmente se celebre en la Audiencia Nacional.

De hecho, la querella que ahora interpone Tlili apunta a un presunto delito de coacciones, al comentar que los Al Asad conocen la enfermedad de Tlili y su situación de precariedad económica, y que con los impagos la están sometiendo a un "estado de necesidad que podría llevarla a aceptar cualquier acuerdo o firmar cualquier documento en favor de sus jefes por carecer de medios de vida".

Al igual que Manuel Flores (el único investigado español en el proceso contra Rifaat Al Asaad y su familia), Tlili está intentando terminar su vinculación laboral con la familia. Interpuso una demanda pidiendo a un juzgado de lo social de Málaga que resolviera el contrato, pero el juicio previsto para enero se suspendió. Ahora lleva las supuestas irregularidades a los juzgados de lo penal de Málaga, que deberán decidir si investigan o remiten el asunto a la Audiencia Nacional.

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Publicado el
8 de marzo de 2020 - 20:53 h

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