La asesora de una trama siria investigada por la Audiencia Nacional denuncia que no le dieron de alta en la Seguridad Social

Hace unos meses, Saloua Tlili envió un mensaje a Francia. Era un texto casi alegórico, en el que las referencias a los arcángeles se entremezclaban con su dura situación personal: los destinatarios del mensaje, a los que un día consideró su familia le habían cortado una parte de su salario cuando estaba pasando lo peor de una grave enfermedad. “No puedo ni pagar 20 euros a una muchacha para que me cure y me cambie los vendajes”, cuenta. Tlili obtuvo una respuesta rápida: la familia Al Asad le cortó la otra mitad del sueldo.

Ahora, ha pedido a un juzgado de lo social en Málaga que resuelva su contrato con el entramado societario de la familia Al Asad, mientras es investigada por la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata cree que forma parte de una organización criminal en cuya cúpula está Rifaat, tío del actual presidente sirio, Bachar Al Asad. En los años 80 Rifaat fue expulsado del país por Hafez, padre de Bachar Al Asad, que temía que encabezase un golpe de estado contra él.

“Una de las personas de más confianza”

“No posee ninguna propiedad a su nombre, ni hace uso de ningún inmueble perteneciente a la famila Al Asad; tampoco figura ni ha figurado nunca en ningún órgano de administración de las sociedades de la familia Al Asad ni tiene ninguna autorización ni representación sobre las cuentas de la citada familia, es una de las personas de más confianza de la familia Al Asad en Marbella (Malaga)”, dice de ella De la Mata, que le atribuye la realización de “trabajos de administrativa de las sociedades y propiedades de la familia”.

Según el auto que dictó el pasado 21 de noviembre, esta tunecina de 67 años integraba el último escalón, formado por administradores y apoderados de alguna de las sociedades con las que Rifaat y sus hijos camuflaron y blanquearon el dinero supuestamente procedente de los fondos sirios y de actividades criminales. De la Mata identifica a dos personas en ese peldaño: Manuel Flores y Saloua Tlili. La Fiscalía deberá pronunciarse próximamente sobre si los acusa o no de los delitos de blanqueo y organización criminal.

En paralelo, Tlili ha demandado a una de las empresas del entramado societario de los Al Asad, así como a uno de los hijos de 'El Jefe', ante un juzgado de lo social de Málaga. Quiere que le paguen los salarios que dejaron de pagarle poco después de que estallara el caso y una indemnización por no haberla dado de alta en la Seguridad Social. También pide que se declare la extinción de su contrato laboral. Como Manuel Flores, está pidiendo a un juez que extinga su contrato con lo que De la Mata considera una organización criminal.

“Eran como mis hijos”

Saloua Tlili empezó a trabajar para la familia Al Asad en julio de 1992. Primero, en Francia, donde administraba las rentas de los apartamentos que Rifaat Al Asad compró en la Avenue du Président Kennedy. Y desde 2004, en España, donde se ocupó de tareas de gestión de las múltiples inversiones inmobiliarias en Marbella, donde la familia es propietaria de más de 500 propiedades a través de empresas pantalla.

Además, Antoine Levien, empleado de los Al Asad, contó al juez De la Mata que Tlili desempeñaba las mismas funciones que él tenía en Francia: “Efectuar los pagos a todo el personal que se encontraba a disposición de la familia Al Asad, inicialmente en efectivo y posteriormente por otras vías”.

Su formación jurídica la convertía en la persona ideal para la administración del patrimonio inmobiliario, y con el tiempo se hizo merecedora de una confianza muy íntima. Era la asesora experta y diligente. “Hacía de todo”, admite ella: “Yo ayudaba a los hijos con las tareas del instituto. Eran como mis hijos”. Sin embargo, asegura que también tuvo límites: “He hecho la vista gorda, pero lo que nunca he hecho es tratar mal a otros, ni siquiera cuando me lo decían. Yo interpretaba la orden. Jamás he insultado o he hecho daño a nadie”, cuenta a eldiario.es/Andalucía.

“Marbella era complicada por el clientelismo”

Fueron años de mucho trabajo. Había que gestionar las Park Plaza Suites o la urbanización de lujo Gray d'Albion, y generar rendimientos en los inmuebles de Marbella que los Al Asad tenían en bruto. Uno de ellos, el último terreno por urbanizar en la Milla de Oro: El Ancón. “Marbella era complicada por el clientelismo, aunque al final conseguimos autorización para edificar”, cuenta Tlili.

En 2015 esos terrenos fueron vendidos por 50 millones de euros “libres de impuestos”, según la mujer (51.500.000 según el auto de De la Mata). El juez no ha tenido acceso a los datos oficiales de la venta porque ocurrió “presumiblemente” en Gibraltar.

El imperio de Rifaat Al Asad comenzó a tambalearse con la denuncia de un extrabajador ante Sherpa y Transparencia Internacional en Francia. Tlili declaró en ese procedimiento, y poco después de regresar a España, el 4 de abril de 2017, la Guardia Civil irrumpió en su domicilio con una orden de registro. Era la Operación Scar, origen del auto de De la Mata. “La noche anterior Alí y Sabla [dos de los hijos de Rifaat] se habían ido a un hotel”, asegura ella. Desde entonces, nada volvió a ser igual.

Saloua Tlili prestó declaración ante De la Mata el 22 de septiembre de 2017 y contestó sólo a su abogado. Poco después dejaron de pagarle su salario en España, que ascendía, según asegura, a 1.650 euros al mes. En la primavera de 2019 dejaron de pagarle también el salario que percibía de la sociedad luxemburguesa Sounoune, de 1.700 euros al mes. Cuenta que los hijos de Rifaat le han dicho que no pueden pagarle porque tienen bloqueadas las cuentas y que todo depende del padre, 'El Jefe'.

“Abandonada a su suerte”

En junio, Tlili presentó una demanda ante la jurisdicción de lo social. Como en España ni siquiera tenía contrato de trabajo, Juan Pedro Rojano, su abogado, cree que pudo cometerse un fraude a la Seguridad Social. Además, entiende que esto le ha producido una situación de desamparo mientras atraviesa una enfermedad grave. En la demanda se explica que la mujer “se encuentra sin recursos económicos de ningún tipo y abandonada a su suerte”.

El texto acusa a los Al Asad de Marbella de dejar en la cuneta a una persona de la que se han servido durante décadas, en el peor momento de su vida: “No le ha importado que mi mandante no tenga ni para comer ni para pagar el alquiler de la vivienda en la que habita, mientras padece tan terrible enfermedad pasando calamidades económicas directamente producidas por la precaria relación de prestación de servicios a él y a los intereses de su familia, olvidándose de sus obligaciones como empleador”.

La demanda se dirige contra la sociedad para la que prestaba servicios en España, Pinlosac, S.L., propietaria de 101 apartamentos, 247 aparcamientos y 22 locales comerciales en Puerto Banús. También contra uno de los hijos de Rifaat, Mohammad Ali Al Asad, administrador de Pinlosac.

Compensación económica

Tlili pide al juez que se reconozca su contrato de trabajo con Pinlosac, después que declare su extinción y, por último, que se le pague una compensación: 24.750 euros por los salarios debidos, 32.807 euros por el despido y una cantidad por los daños y perjuicios y la vulneración de sus derechos fundamentales, producida por no poder acogerse a la baja a pesar de sufrir una enfermedad grave.

Ella dice que lo que más le duele es no haber recibido ni siquiera una llamada para saber cómo estaba. “Sí, los he protegido como si fueran mi familia. Más de lo que he protegido a mi marido. Cuando veía que algo les iba a hacer daño, corría para poner mi cuerpo. Estoy programada así”. Hubo en tiempo en que le decían que ella también era “de la familia”.