La externalización de la atención a menores con necesidades especiales ahoga a familias y profesionales andaluces
Desde que nació, Aurora ha volcado su vida en mejorar la de su hijo. No es una frase hecha ni algo que se escape de lo común, pero sí es la realidad de una madre que ejemplifica cómo es tener a un hijo con necesidades especiales en Andalucía. A sus cinco años, está a tan solo uno de perder el derecho a recibir la atención temprana que ofrece la Junta de Andalucía a los menores de entre 0 y 6 años, cuyo modelo está tensionado. Profesionales y familias argumentan que las últimas decisiones del Ejecutivo regional están favoreciendo una externalización del servicio que ahoga a quienes trabajan en él y dificulta la atención de los niños.
En Andalucía, según datos de la Junta, alrededor de 35.000 menores necesitan de la atención temprana que se ofrece en los diferentes centros que hay por toda la comunidad autónoma. Son los llamados Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT) que, dependiendo de la provincia, están externalizados más en entidades del tercer sector o en empresas privadas. Un reparto que pone en jaque el modelo porque, como denuncian los profesionales sanitarios, Almería, Granada o Sevilla sufren directamente las consecuencias de que los CAIT sean gestionados desde el sector privado. Aurora sabe de primera mano lo que implica ese hecho. Su hijo de cinco años lleva toda su vida acudiendo a este servicio y se puede considerar afortunado.
Según los datos que manejan desde el sector, en provincias como Granada la lista de espera para acceder a la atención temprana supera los 200 niños y en otras como Almería la cifra se dispara hasta los 700. De ahí que Aurora explique que ella logró que su hijo entrase en un CAIT tras “reclamarlo mucho por vía administrativa”. No en vano, “la atención que necesitan niños como el mío ni acaba con las horas que les atienden diariamente, ni termina a los seis años”. Resume así que el modelo no solo languidece por su externalización, sino porque se queda corto en cuanto a atención. “Desde hace tiempo, nosotros llevamos a nuestro hijo a profesionales particulares para que completen su seguimiento”, explica.
La situación ha llegado hasta el punto de que familias y profesionales han decidido unirse en una sola voz para reclamar cambios en un sistema que, aseguran, lleva años acumulando problemas y que la última adjudicación de los conciertos sociales ha terminado por agravar. Para ello, llevan tiempo movilizándose porque su principal preocupación no es únicamente quién gestione los centros, sino las consecuencias que tiene un modelo que se renueva cada dos años y que, con cada licitación, vuelve a poner en cuestión la estabilidad de trabajadores y menores.
Un sistema “inestable”
“Cada dos años se tensiona el sistema. Cada dos años se pone profesionales en la puerta de la calle y se reubica a niños sin tener en cuenta el vínculo terapéutico”, lamenta Aurora. Su caso ilustra bien ese temor. Toda la organización familiar gira alrededor de las sesiones de psicología, logopedia y terapia ocupacional de su hijo. Incluso los horarios laborales de ella y de su marido, así como la rutina de su hija pequeña, dependen de las terapias. “Nuestra vida gira en torno a las sesiones de mi hijo”, cuenta.
Ese vínculo con los profesionales es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las familias. Especialmente cuando se trata de menores con trastornos del neurodesarrollo, la confianza con la persona que les atiende constituye una parte esencial del tratamiento. “En el momento en que el niño confía en la persona que está con él, ya has triunfado. Si un niño con autismo no confía en quien lo atiende, está perdiendo el tiempo”, explica Aurora, que reconoce haber cambiado de profesional hasta encontrar uno con el que su hijo lograra establecer esa relación.
Sin embargo, esa continuidad es precisamente la que dicen que está desapareciendo. Y no solo lo perciben las familias. También quienes trabajan dentro de los Centros de Atención e Intervención Temprana. “Nosotros somos profesionales sanitarios: fisioterapeutas, logopedas, psicólogos... Pero al trabajar en un servicio público externalizado, nuestras condiciones son muy precarias comparadas con las de nuestros homólogos de la sanidad pública”, explica Ángela, una profesional que trabaja en uno de los CAIT andaluces. A su juicio, el principal problema es que la atención temprana “se ha convertido en un sitio de paso”.
Los salarios, denuncia, apenas superan el salario mínimo interprofesional (SMI). “Un logopeda que acaba de terminar su especialización puede cobrar unos 1.100 euros. Con antigüedad puede llegar a 1.400. No puedes vivir con ese sueldo”, lamenta. La consecuencia es inmediata: quienes adquieren experiencia terminan marchándose a otros ámbitos del sistema sanitario, a clínicas privadas o incluso abandonando la profesión.
“La gente se va porque no aguanta aquí”, afirma. “Tengo compañeras que están preparando oposiciones, otras que han decidido hacerse autónomas y otras que directamente están estudiando otra profesión”. Una rotación constante que, insiste, repercute directamente sobre los menores. “Las familias sufren un cambio constante de terapeuta. Y eso rompe un vínculo al que ellas le dan muchísimo valor”.
La Junta defiende el nuevo concierto social
La última adjudicación de los conciertos sociales ha incrementado además la incertidumbre. Algunas entidades han perdido parte de las sesiones que gestionaban y otras han dejado de prestar el servicio. Eso ha obligado a redistribuir menores entre distintos centros y ha abierto numerosas dudas sobre la continuidad laboral de las plantillas y sobre cómo se aplicarán las subrogaciones previstas en los nuevos contratos.
En algunos casos, denuncian, los profesionales serán contratados por las nuevas adjudicatarias, pero perderán la antigüedad acumulada durante años. En otros, todavía ni siquiera saben cuál será su futuro laboral. “Ni las propias empresas saben muy bien cómo se va a hacer. Creo que han incluido la subrogación sin ser conscientes de la complejidad que tiene”, sostiene Ángela. Las profesionales rechazan que se trate únicamente de una reivindicación salarial. Insisten en que la financiación actual no permite mantener equipos estables ni mejorar las condiciones laborales porque el incremento aprobado por la Junta resulta insuficiente para absorber el aumento de los costes de los últimos años. “Ellos presumen de haber aumentado la financiación, pero la subida no cubre todo lo que ha subido la vida. Con ese dinero hay que pagar salarios, alquileres, materiales... No llega”, explica.
Desde la Consejería de Salud, sin embargo, defienden que el nuevo concierto social supone precisamente un refuerzo del sistema. Según los datos facilitados a elDiario.es Andalucía, la nueva planificación incrementa un 13,1% el presupuesto respecto al contrato anterior, hasta superar los 52 millones de euros anuales, y aumenta un 5,1% el número de sesiones financiadas, además de elevar el precio por sesión hasta los 30,13 euros.
La Junta niega además que la pérdida de adjudicaciones haya supuesto el cierre de ningún CAIT. Reconoce que algunas entidades han perdido lotes, pero sostiene que esas sesiones han sido asumidas por otras organizaciones y que, en la mayoría de los casos, el volumen total incluso se ha incrementado. Asimismo, rechaza que exista un proceso generalizado de privatización y defiende que el sistema continúa siendo mixto, con un claro predominio de entidades sin ánimo de lucro en provincias como Huelva, Málaga, Córdoba o Cádiz, mientras que en Granada, Almería y Sevilla existe una mayor presencia de empresas privadas.
Un modelo que se agota
Es precisamente en esas provincias donde las familias sitúan el origen del conflicto. Consideran que el creciente peso de empresas privadas está modificando un modelo que históricamente había recaído en entidades sociales con una larga trayectoria en atención temprana. “Las empresas privadas están sentadas en la mesa donde se negocian los pliegos. Las familias y los trabajadores no”, critica Aurora, cuyo hijo está en uno de estos CAIT.
A ello se suma un problema que ni familias ni profesionales consideran resuelto: las listas de espera. Aunque la Junta defiende el incremento de sesiones, quienes trabajan sobre el terreno sostienen que el aumento de la demanda continúa dejando fuera a cientos de menores. Según los datos que manejan las plataformas familiares, en provincias como Granada se supera actualmente los 200 niños esperando una plaza y en otras como Almería se rebasa los 700.
La preocupación va más allá del presente. Las profesionales advierten de que el modelo puede quedarse sin relevo si las condiciones laborales no mejoran. “Lo que realmente me preocupa no es nuestra situación, sino la atención temprana. Creo que en dos o tres años no va a haber profesionales dispuestos a trabajar aquí”, alerta Ángela como profesional sanitaria implicada en este servicio. Explica que ya resulta complicado cubrir bajas porque los recién titulados descartan incorporarse a unos centros donde los salarios son bajos, la estabilidad depende de licitaciones periódicas y la presión asistencial no deja de aumentar.
Mientras tanto, las familias continúan organizando su vida alrededor de un servicio que consideran imprescindible para el desarrollo de sus hijos y que, denuncian, cada vez ofrece menos certezas. Aurora tiene claro que seguirá reclamando cambios, no sólo por su hijo, sino por quienes vienen detrás. “Soy maestra. No peleo solo por mi hijo. Me duelen también todos los demás porque esto es un maltrato permanente”.
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