El Ayuntamiento de Jaén ha pedido ya 253 millones de euros para pagar a proveedores
“Un verdadero plan de empleo para Jaén”. Así es como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, define la tercera edición del Plan de Pago a Proveedores que el Consistorio acaba de firmar y que le permite disponer de 36 millones de euros que, sumados a las anteriores ediciones de este programa, sitúan el dinero solicitado por el Ayuntamiento jiennense, entre 2011 y la actualidad, en 253 millones de euros.
En noviembre de 2011, el Ayuntamiento solicitó un crédito ICO por algo más de 4 millones de euros para pagar a proveedores. En mayo de 2012 se acogía al plan impulsado por el Ministerio de Hacienda para abonar 212 millones en facturas. Esta nueva edición es de 36 millones de euros. La oposición duda que se pueda hacer frente al pago de las cantidades solicitadas, dadas las dificultades que genera simplemente pagar los intereses. Según la portavoz del PSOE, María del Mar Shaw, este plan es algo que el consistorio “no se puede permitir”, porque sólo en intereses tiene que devolver 1,5 millones de euros mensuales y los ingresos municipales han menguado –menos licencias de obras, más morosos- a causa de la crisis. Los socialistas creen que esas circunstancias ponen en peligro la nómina de los trabajadores.
De hecho, el propio alcalde ya ha reconocido que los salarios de noviembre no llegarán hasta la próxima semana, que la extra navideña tendrá que esperar a final de mes y que es posible que la paga de diciembre no llegue antes de Reyes. No obstante, los socialistas creen que el ERE no entra en los planes del equipo municipal de gobierno, a pesar de que no ha logrado ahorrar, en materia de personal, los 8,3 millones de euros comprometidos en el plan de ajuste. Es cierto que las medidas de ajuste colocan a algunas empresas municipales en una situación crítica, porque entidades como la televisión municipal Onda Jaén o la empresa de aparcamientos EPASSA, “si no alcanzaN el equilibrio financiero en 2015, tienen que disolverse”, explica Shaw, y matiza que hasta entonces las normas pueden cambiar.
La principal beneficiada, FCC
El equipo municipal de gobierno señala que esos 36 millones de euros permitirán pagar a 970 empresas y algunas organizaciones no gubernamentales que, por las características del acuerdo no habían podido acogerse a ninguna de las ediciones anteriores del convenio. Sólo media docena de empresas acaparan 26 de los 36 millones. La principal beneficiada es FCC, la empresa que se encarga del servicio de recogida de basura de la capital, que recibe la mitad, 18,4 millones de euros. Esta empresa también fue una de las más favorecidas en el segundo plan, de que percibió 91 millones que saldaban la deuda contraída hasta mediados de 2012.
La oposición critica que esta empresa sea una de las beneficiarias porque el contrato de limpieza lleva más de un año a la espera de que se licite, lo que está suponiendo un coste adicional a las arcas municipales y recuerdan que la deuda anterior se saldó hace año y medio por lo que lo que ahora se paga a FCC es la deuda generada por el PP. El PSOE insiste en que el 97 por ciento de los cargos de este tercer plan son deudas generadas por el actual equipo de gobierno. En el otro extremo de la balanza, el alcalde recuerda que, de los 253 millones totales, “7 de cada 10 euros corresponden a deudas del mandato de PSOE e IU”.
¿Habrá aplazamiento?
El reto ahora es afrontar los pagos. El 29 de diciembre se sabrá si existe una flexibilización en las condiciones. Es decir, si el Ministerio de Hacienda autoriza un aplazamiento de la deuda para que, en lugar de tener que devolverla en diez años, el Ayuntamiento disponga de más tiempo. Y también una moratoria para la devolución del crédito ya que el millón y medio mensual sólo contempla los intereses. Del Ministerio que dirige Montoro se espera una rebaja en los intereses (en los dos primeros rondaban un 7 por ciento, ahora se sitúan en un 4%), un aplazamiento en el pago, que la retención sobre la Participación en los Impuestos Estatales (PIE) sea inferior –ahora mismo el Gobierno retiene la mitad de esos ingresos, por la deuda municipal, pero podría reducir esa medida al 25 por ciento- y, sobre todo, que no se produzca una intervención a través de una cuenta restringida, en la que el Ministerio controlaría por completo las cuentas municipales.
