Europa se plantea, ahora como algo urgente, cambiar el modelo energético y de consumo. El autoconsumo fotovoltaico doméstico se presenta como una alternativa viable, pero dependerá del compromiso de la sociedad y de la convicción política en aplicar una serie de medidas que faciliten la transición energética en el medio rural. Medidas que se deben de aplicar de forma urgente, dada la situación actual.
“El autoconsumo fotovoltaico es uno de los pilares indiscutibles. Es el único sistema de generación que nos garantiza una energía limpia, eficiente, democrática y justa”. La “revolución de los tejados” y, fundamentalmente, la creación de las Comunidades Energéticas Locales (CEL), pueden ser una oportunidad para el medio rural, reteniendo y atrayendo población, mejorando la calidad de vida, incrementando su renta. Tras la pandemia, el medio rural empieza a ser atractivo como lugar de residencia para los trabajadores del saber. Una oportunidad que debemos aprovechar. ¿Pero seremos capaces de aprovechar esta oportunidad?
¿Qué está sucediendo en las áreas rurales del interior andaluz?
Por una parte, nos encontramos que las bonificaciones fiscales en el IBI y el ICIO para implantar energía fotovoltaica son más atractivas en los grandes núcleos urbanos. En las áreas rurales del interior andaluz son actualmente prácticamente inexistentes o escasas. A la desconexión programada del medio rural se une ahora la brecha del autoconsumo fotovoltaico.
Solo seis municipios andaluces con menos de 15.000 habitantes contemplaban en 2022 bonificaciones fiscales para la implantación del autoconsumo. Siendo estas insuficientes y escasas, encontrándose en lo que se ha denominado situación AMBAR: “El valor de la bonificación en estos municipios es menor o igual que el valor de una anualidad del IBI”.
En cambio, las bonificaciones en áreas urbanas, con rentas y pensiones más elevadas, son más atractivas. En el caso de Sevilla, las bonificaciones son del 50% del IBI, durante tres años, y del 30% durante 27 años. Jaén y Córdoba contemplan bonificaciones del 50% durante diez años. Tomares, con la mayor renta de Andalucía, tiene bonificaciones del 50% durante tres años, y dos años con el 30%.
Las Comunidades Energéticas Locales (CEL) son hasta ahora una posibilidad poco desarrollada que solo se han puesto en marcha en municipios y entidades de población que no superan los 1.000 habitantes. Una opción que está encontrado enormes obstáculos, como sucede con las comunidades de vecinos a los que las distribuidoras ignoran.
Las funciones que se le han asignado al medio rural son: sumidero donde localizar la basura de los núcleos urbanos; producción de recursos alimentarios, energético o mineros, actividades en algún caso molestas expulsadas de territorios más desarrollados
Las energéticas han marcado y condicionan las políticas energéticas de los gobiernos europeos, dentro de su objetivo de mantener sus privilegios y obtener la máxima rentabilidad. Las puertas giratorias de entrada y salida en este sector están siempre abiertas a la clase política. En Andalucía, una frase lo resumía todo: “Los Consejeros de Industria de la Junta de Andalucía proceden de Sevillana, o terminan trabajando en Sevillana”.
¿Qué papel juega el medio rural del interior andaluz? Si intentamos dar respuesta a esta pregunta, quizás nos acerquemos a entender lo que está sucediendo. Las funciones que se le han asignado al medio rural son: sumidero donde localizar la basura de los núcleos urbanos; producción de recursos alimentarios, energético o mineros, actividades en algún caso molestas expulsadas de territorios más desarrollados. También, se le asigna la producción de paisaje, soporte de actividades recreativas y de ocio… actividades menores, terciarias, poco generadoras de empleo de calidad, que no retienen población.
El medio rural no ha dejado de cumplir la función tradicional de transferencia de población joven con formación y de recursos financieros hacia los centros hegemónicos como Madrid, Barcelona o Euskadi. Lo paradójico de todo, ignorando las aportaciones del medio rural, es considerar estos territorios y a su población como subvencionada, mantenida por las arcas públicas. Esto se nos repite y recuerda machaconamente tanto desde Bruselas como desde Madrid o Barcelona.
Estas “funciones molestas” asignadas a los espacios rurales, son apoyadas con bonificaciones fiscales o modificaciones urbanísticas, con la excusa de crear empleo. Entramos en un círculo vicioso: “El subdesarrollo alimenta el subdesarrollo y la dependencia”.
El medio rural no interesa por su baja densidad y por la dispersión de la población. No es un gran consumidor potencial, por tanto, no es un ciudadano de pleno derecho
En una economía neoliberal capitalista, la máxima rentabilidad se obtiene suministrando productos y servicios con el menor coste logístico posible, siendo el cliente objetivo el residente en grandes núcleos urbanos por su alta densidad de población. El medio rural no interesa por su baja densidad y por la dispersión de la población. No es un gran consumidor potencial, por tanto, no es un ciudadano de pleno derecho. La gran desconexión de los territorios rurales está justificada desde esta perspectiva.
Por otro lado, nos encontramos con una clase política sin una estrategia territorial, muy localista, pero dócil a las directrices de los partidos si desea continuar en el poder. Bajo esta lectura, el político defiende intereses distintos en función de encontrarse en la oposición o en el poder. Pasar de defender la sanidad pública o los megaproyectos energéticos o no es una cuestión de disciplina de partido u oportunidad electoral.
Las empresas productoras y distribuidoras de energía tienen asignado un papel muy concreto a los territorios rurales: localización de megaproyectos, que nos venden como algo idílico (“parque eólico, huerto solar”). Potenciar el autoconsumo fotovoltaico y Comunidades Energéticas Locales (CEL) es algo que no cuadra del todo a los oligopolios energéticos. Para desarrollar su estrategia de rentabilidad máxima, las energéticas necesitan territorios despoblados, envejecidos y la complicidad de ciudadanos y políticos dóciles. En definitiva, necesitan colonizar un territorio.
¿Pero quién nos garantiza como ciudadanos que, una vez realizado el esfuerzo inversor en la transición energética, no cambien las reglas de juego y seamos atrapados para convertirnos en simples proveedores de energía barata, “proletarios energéticos”? No sería la primera vez. La banca y las energéticas nunca pierden.
¿Si el político piensa en Sevilla o en Madrid, quién piensa o defiende los intereses del medio rural? ¿ Quién apuesta de forma clara desde la administración local por el autoconsumo fotovoltaico? La respuesta la tenemos en los presupuestos y ordenanzas municipales, lo demás es humo electoral.
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