Investigados dos exconcejales del PP por 'troceo' de contratos en el anterior mandato municipal
Dos exconcejales del anterior gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas y Miguel Reina, deberán declarar en calidad de investigados ante los juzgados de la capital cordobesa acusados de delitos de “presunta prevaricación administrativa” por 'troceo' de contratos.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba tiene abierta una causa por estos hechos en los que los exconcejales populares estaban llamados a declarar el pasado mes de abril pero la cita judicial se pospuso hasta que el juzgado resolviera la petición del sindicato CTA de personarse en la causa como acusación popular, sindicato que fue el que denunció ante la Fiscalía los hechos.
CTA así lo solicitó en su momento pero se le impuso una fianza para ello de 15.000 euros que recurrió y, ahora, la Audiencia Provincial de Córdoba acaba de resolver el recurso y rebaja la fianza a 4.000 euros, montante que el sindicato sí podrá aportar según ha confirmado para personarse en la causa finalmente. Así las cosas, se está a la espera de que el juzgado ponga de nuevo fecha a la citación de los dos exconcejales investigados para declarar.
Sobre los hechos que se investigan, además de los escritos de denuncia de CTA que la Fiscalía tomó en consideración, existe un informe realizado de oficio por la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba que constata el 'troceo' de contratos que durante el anterior mandato municipal bajo el Gobierno del PP se realizó para adjudicar el espectáculo de agua, luz y sonido en el Alcázar de los Reyes Cristianos de la capital cordobesa.
El documento municipal –al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucia- realiza un pormenorizado informe sobre los contratos menores que se hicieron en 2014 y 2015 a la empresa EMTE para la adjudicación del espectáculo en el Alcázar y señala en sus conclusiones que existen indicios de “una serie de irregularidades cometidas en la tramitación de los expedientes examinados” por la delegación de Turismo que entonces lideraba el concejal del PP Rafael Navas.
“Fraccionamiento indebido”
Entre esas irregularidades está el “fraccionamiento indebido” del contrato para este servicio, un ‘troceo’ de lo que debiera haber sido un solo contrato de más valor y, por tanto, sin que se pudiera adjudicar directamente debido a los límites legales en cuanto a su montante. Así lo expone el documento municipal que señala que “debió considerarse un sólo expediente de contratación, no susceptible de ser tratado como contrato menor”.
Junto a ello, la Intervención General municipal constata que la adjudicación del espectáculo del Alcázar se prorrogó de manera irregular. “Se acuerda la prórroga de un contrato administrativo especial” que, en su cláusula tercera, literalmente señalaba que tenía “carácter de improrrogable”, pese a lo cual se concatenaron los contratos.
Asimismo, entre las irregularidades detectadas en este informe se apunta al valor del contrato de adjudicación del servicio, que se alteró para realizar varios contratos menores. El informe avala que si se hubiera calculado correctamente el valor del contrato de adjudicación del espectáculo, sería más elevado y “repercutiría principalmente en la no calificación del contrato como menor y en consecuencia en la imposibilidad de utilizar el procedimiento de adjudicación directa”.
A todo ello, se une que entre el 1 y el 31 de marzo de 2015, queda constatado que la empresa adjudicataria del espectáculo de agua, luz y sonido en el Alcázar “presta el servicio careciendo del título jurídico habilitante para ello”, es decir, sin el pertinente contrato.
Este listado de irregularidades que aparecen desarrolladas en el exhaustivo informe de la Intervención General municipal acaba por aconsejar que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento lo estudie para decidir si el Consistorio lo hace llegar al juzgado que estudia estos hechos y si se persona en la causa que se investiga, por los perjuicios económicos que hubieran sufrido las arcas municipales. “Verificados estos datos no cabe duda de que se ha producido un enriquecimiento injusto del contratista (…) con el correlativo perjuicio económico para el Ayuntamiento de Córdoba”, afirma el informe municipal.
Asimismo, en el caso del Instituto Municipal de Deportes que dirigía Miguel Reina, se investiga el presunto fraccionamiento irregular del contrato con el despacho catalán de abogados Cuatrecasas, al que se le encargaron varios trabajos, entre ellos el del proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en este organismo municipal. Según los hechos denunciados, Miguel Reina firmó dos decretos en los meses de mayo y octubre de 2013 para saltarse así el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) cuando el montante completo de la factura del bufete catalán ascendía a más de 36.000 euros.
