Se paraliza a última hora un desahucio pedido por la empresa municipal de vivienda de Sevilla

Silvia y Jorge podrán seguir viviendo en su casa. Un juzgado de Sevilla ha paralizado, pocas horas antes de que se ejecutara, el desahucio solicitado por la empresa municipal de la vivienda. Emvisesa pidió hace menos de cuatro meses la ejecución forzosa de la sentencia que, dos años atrás, les condenaba a abandonar su hogar alquilado y a pagar miles de euros por los impagos acumulados. Estos meses y, sobre todo, estos últimos días, no se los quita nadie a esta familia, que no entiende la “situación límite” a las que se les ha llevado. La comisión judicial del servicio común de notificaciones y embargos estaba ya preparada, pero el desahucio no ha tenido lugar.

eldiario.es/andalucia pudo hablar con Silvia antes de la fatídica fecha que llevaba semanas en su mente: “miércoles 16 de julio, a las 11”, explicaba a comienzos de semana, como si no quisiera afrontar la cercanía del momento. “El otro día estuve en Emvisesa. Soy consciente de la deuda pero sólo pido ir pagándola poco a poco, porque no lo podemos pagar todo de golpe. Me dijeron que no y me tuve que ir con la cabeza agachada. No tengo dónde meterme con mis niñas”. El relato desesperado de Silvia, de 38 años, tenía continuidad el lunes mientras visitaba la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, “quemando los últimos cartuchos”. “Lo único que me han dicho es que entregue la llave si no quiero que vaya la Policía y mis niñas lo vean todo”.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha dicho en alguna ocasión, varias estos últimos días, que no se produciría ningún desahucio de viviendas de Emvisesa. Y el objetivo se ha cumplido. Emvisesa daba marcha atrás a última hora de la mañana del martes, a través de una comparencia en el servicio de notificaciones y embargos pidiendo la suspensión de la diligencia de lanzamiento, después de que la familia pidiera igualmente la paralización del desahucio el viernes anterior.

“Llevan diez días localizándola para saber en qué circunstancias se encuentran”, decía el alcalde este martes, insitiendo en que los procedimientos en este tipo de casos “cuando llega la hora de la verdad se suspenden al no pedirse la ejecución”. Emvisesa pidió la ejecución de la sentencia de desahucio el 31 de marzo, según consta en el escrito al que tuvo acceso eldiario.es/andalucia.

Silvia y Jorge viven desde 2005 en el barrio de Pinomotano con sus dos hijas, de 12 y 14 años. La crisis económica y el paro provocaron que no pudieran hacer frente a la renta de su VPO. Su marido, Jorge, de 44, ahora tiene trabajo pero en dos años no han pagado las deudas ni han desalojado la vivienda voluntariamente. El juzgado emitió en mayo de 2012 sentencia de desahucio y la empresa de vivienda reclamaba, hasta el día previo al desahucio, la ejecución íntegra de aquel fallo, que les condenaba a pagar 13.700 euros y a entregar la llave de la que es su casa. Los intereses devengados y las costas judiciales elevan ahora las deudas a unos 21.000 euros, les recordaba Emvisesa en su escrito de marzo. Tras la condena de mayo de 2012, con ayudas externas, pudieron adelantar 6.000 euros. Pero esa entrega ahora no descuenta.

“¿Por qué llegar a este extremo?”

“¿Por qué se llega a este extremo? Ella está enferma, están sobreendeudados, la comisión judicial estaba preparada para desalojar... No lo entiendo. Hasta la jueza está enfadada por tener que movilizar todo el juzgado para nada. No hay necesidad”, lamenta la abogada de la familia, que espera aún la notificación del decreto de suspensión del desahucio tras haber pasado una “situación límite”. “Llevan dos años pidiendo ayuda. Emvisesa ha tenido dos años para acabar con esta situación”. La letrada denuncia que el límite de acceso a la rebaja de alquiler se establezca en familias con ingresos que no superen el 1,5 Iprem (unos 798 euros mensuales), sin coeficientes correctores por miembros de la unidad familiar, enfermedades y otros indicadores de la situación socio-económica.

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, en una carta remitida al alcalde este lunes, incidía en este punto, solicitando a Zoido “que ordene que Emvisesa modifique los requisitos para poder solicitar la rebaja del alquiler, sobre todo teniendo en cuenta que el techo de ingresos para acceder a pisos sociales está en 2,5 Iprem (1.331 euros mensuales)”. De forma concreta aludía al caso de Silvia y Jorge, pidiendo la paralización del desahucio, que se revisara el expediente y que se suprimieran “las costas excesivas”, así como que se le fraccionara la deuda “para que puedan pagar dentro de sus posibilidades”.

Precedentes similares

Zoido, preguntado el 1 de julio por el caso de una joven de Cerro Amate amenazada de desahucio de un piso de alquiler privado, se centraba en comentar de modo genérico el modo de actuar del Consistorio respecto a los desahucios de viviendas municipales. De manera tajante dijo que, como alcalde, tomó la decisión “hace años de que en Sevilla no se produciría ningún desahucio de Emvisesa porque una persona no pudiera hacer frente al pago de alquileres o por otras circunstancias análogas”.

El alcalde explicó en éste y en otros casos que Emvisesa realiza actos administrativos obligatorios simplemente para hacer constar los impagos pero que en ningún caso se llegaría al final. Los impagos ya constan en la sentencia de mayo de 2012. “Cuando ven la batería de escritos que presentamos es cuando ponen pie en pared”, explica la abogada de la familia afectada.

No es la primera vez que se da este tipo de situación en las que Emvisesa ha pedido desahucios pero se ha llegado a acuerdos previos al lanzamiento y los inquilinos han tenido que aceptar las condiciones y el pago de las costas judiciales, según explica la abogada de Silvia y Jorge, Margarita Asuar. Recuerda el caso de Eva, que ha logrado un acuerdo con Emvisesa para saldar su deuda pagando 40 euros mensuales, “pero teniendo que pagar unas costas excesivas”. “Es un abuso similar a los cláusulas abusivas de los bancos, en el que ejercen la posición dominante”, denuncia la abogada.