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La Ley de Agricultura, ¿Palanca de futuro? ¿Otra más?

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CCOO valora la Ley de Agricultura como una oportunidad para fomentar la actividad económica y el empleo "de calidad"

Se debate en estos días el texto de la que está llamada a ser Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. Una norma, sin lugar a dudas fundamental si consideramos el alto porcentaje de nuestro territorio dedicado a ganadería y agricultura, si tenemos en cuenta la trascendencia estratégica de nuestro sector primario y, sobre todo, que la norma va a contener gran parte de las reglas que pueden permitir una adecuada salud, un futuro digno de nuestro medio rural, nuestro sustento diario.

Tenemos que considerar, en primera instancia que, como ley, debe tener vocación de mejora de nuestra convivencia, de nuestro progreso a la vez que tener disposición de permanencia. En otras palabras, en Andalucía, una ley de agricultura es una pieza clave de gestión de nuestro hoy, de nuestro mañana.

El proyecto de ley de ganadería y agricultura, por tanto, no puede ser un puñado más de las miles de hojas que cada año componen el BOJA.  Tiene una trascendencia fundamental, no puede ser una norma más con la que el Gobierno engrose el crédito de su gestión. Más leyes no nos hacen mejores, más texto normativo no tiene por qué ser la alfombra de un mejor futuro. Es fundamental, como premisa básica, considerar que emitir una nueva ley supone un cambio para miles, cientos de miles de ciudadanos, y merecen un respeto, sólo si la norma mejora la convivencia es digna de aprobación.

Para que la ley de agricultura cumpla ese objetivo, considerando la complejidad de esta segunda década del siglo XXI, y sabiendo que los próximos años pueden resultar aún más inciertos, la norma tiene que contemplar un modelo de producción, un modelo de uso del territorio, que considere los efectos del cambio climático en Andalucía, por ejemplo. La ley tiene que prestar central atención al sistema de producción ecológico, tiene que considerar el progresivo y triste despoblamiento que también se está produciendo en nuestras zonas rurales, tiene que articular mecanismos que permitan a los agricultores y ganaderos desarrollar su actividad con acceso a rentas dignas, corrigiendo las prácticas abusivas de los intermediarios y su habitual uso del dumping y los productos reclamo.

La ley de agricultura y ganadería tiene que contemplar las nuevas figuras de acceso y control de la tierra, favoreciendo que todos aquellos que lo deseen puedan acceder a la tierra, a la vez, que dejen de existir tierras fértiles en abandono. Tiene, por tanto, la ley de agricultura y ganadería que atacar el grave problema de falta de relevo generacional, mitigando, por otro lado, los efectos perversos que la burocracia ejerce sobre los pequeños agricultores y ganaderos.

El gobierno, el parlamento andaluz tiene que tener la máxima capacidad de escucha con las mujeres y hombres, con los agentes sociales, con las empresas cuya vida, cuya actividad está vinculada, como un cordón umbilical al territorio. Sus inquietudes, sus opiniones tienen que ser oídas y reflejadas en el texto, el trámite de audiencia preceptivo en los pasos de estas normas no puede ser un mero trámite, sería un imperdonable error. Desde luego, la Fundación Savia que presido, se personará y hará oír su voz, su criterio y su opinión siempre que le resulte posible, es nuestro compromiso, es nuestra conciencia y es también nuestro deber en democracia.

Tiene que ser una ley valiente, que, de una vez por todas hable de discriminación positiva hacia el medio rural, desarrollando mecanismos que permitan que las ciudades, que las costas, lugares demandantes netas de recursos básicos (energía, agua, alimento, aire) que se producen en el medio rural pero por los cuales, sus habitantes no son suficientemente reconocidos, valorados y compensados.

Abordar una ley de esta envergadura exige tener en cuenta éstos, y otros aspectos fundamentales. Si se comete la torpeza de quedarnos en la superficie de la situación, estaremos empleando unos recursos valiosos, generando unas expectativas, perdiendo una oportunidad que no volverá a repetirse. Si el gobierno andaluz no tiene la intención de abordar esta ley con todas sus consecuencias, podría bastar con llevar a término la Ley de Desarrollo Sostenible, aprobada en 2007, una norma valiosa que ofrecería muchos beneficios al medio rural y a la sociedad si se aplicase adecuadamente.

El territorio agrario andaluz es una pieza esencial de lo que somos, quizás nuestro mayor valor. Su fertilidad, su generosidad, es sin lugar a dudas lo que nos ha permitido llegar hasta aquí tras miles de años, tras decenas de civilizaciones. Es de justicia que, si nos atrevemos a legislar sobre el mismo, sobre la gente que cada día lo pisa, lo ara, lo siembra, lo hagamos el máximo respeto, con la máxima ambición.

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