Chirridos en la democracia

En aquellos primeros tiempos de la democracia, casi todo eran sobresaltos. Vivíamos acongojados, es decir, acojonados por los ruidos muy presentes del pasado. Los más alarmantes eran los ruidos de sables, muy comunes los de sotanas y sempiternos los frufrús de los poderes económicos –hoy el IBEX–, y también los palaciegos.

Superados, creo, en parte, aquellos ruidos, quedan algunos chirridos o al menos disonancias. La reacción ante la sentencia del TJUE puede calificarse de esa forma. Desde los sectores más integristas del universo patrio se ha llegado a pedir la insumisión, cuando no la escapada de la Unión Europea: el Spexit, dicen. Es una reacción trasnochada: cuando algo no me gusta me voy; si no acepto las reglas, también. Los exits, en el fondo, tienen mucho en común, pero este tiene el pestilente olor muy reconocible de la autarquía franquista.

Los jueces se han tomado muy mal que una instancia superior les haya leído la cartilla; ahora ha sido el TJUE ante una cuestión prejudicial –alguna duda tendrían– presentada por el Tribunal Supremo (TS). Caldea el disgusto por la negativa a responder a las órdenes de detención y entrega giradas a distintos tribunales europeos. Con el desdén propio de aquellos que se sienten como el personaje de Lampedusa, los mejores, superiores y no necesitados de mejorar, por tanto.

Es la soberbia de unos jueces que, pertenecientes al único poder de la democracia no electo ni elegible, tienen, además, la seguridad de que el pueblo no los puede destituir, como en otros sistemas democráticos más avanzados. Como ocurre con los miembros de otros poderes, los denostados políticos, sí sometidos a destitución, como el mismísimo Donald Trump, si se tercia. Pero claro, ellos, en su seguridad, sí se permiten reclamar la destitución de los otros, los interinos suelen decir, desde su censura corporativa constante.

El TS ha despreciado las distintas resoluciones de los tribunales europeos. Con soberbia: unas por ser belgas y encima de flamencos; otras, por ser de británicos y encima escoceses. Incluso otra, calificada como regional por corresponder al tribunal estatal de Schleswig-Holstein. Desprecio y desconocimiento del sistema judicial federal alemán. Podrían haberlo intentado con la justicia suiza, que no es pérfidamente de la Unión, pero tampoco. Y eso que debería parecer un tribunal amigo en razón de la doble nacionalidad de los poderosos de la patria.

El TJUE ha fallado y las sentencias se cumplen. Es lo que nos repiten ellos desde siempre. Tienen razón. Pero les toca a ellos. De lo contrario, al conflicto entre jurisdicciones dentro del sistema judicial europeo, que es español, tanto como ellos, añaden, ahora, otro, empeorando la situación. Ese otro es un conflicto entre poderes. La actitud del TS compromete seriamente la separación de poderes y eso la UE no lo va a consentir, so pena de comprometer seriamente, a su vez, la propia credibilidad del proyecto de unidad europea.

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha sido claro. Las sentencias se cumplen. El poder judicial español a través de sus decisiones y peticiones de auxilio ha comprometido ya gravemente al poder ejecutivo español, haciendo un daño importante a la separación de poderes, con una interpretación patriótica de la justicia. Ahora, pendientes de la resolución de este conflicto que adopte el TS tras la sentencia del TJUE, está en juego la separación de poderes entre los tribunales y el poder colegislativo, el Parlamento, de la Unión.

De todas las posibilidades que tiene el TS, solo una es lógica, según su propia doctrina: cumplir la sentencia. Otra es negarse, abiertamente o mediante sus artilugios, a su cumplimiento.

El horizonte para la justicia española y por ende para el propio Reino de España es preocupante. La medida más grave contra un Estado miembro de la Unión es la aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa. Procede cuando un Estado miembro no respeta o pretende no respetar los principios democráticos fundamentales en los que descansan los tratados europeos. Dentro de esos fundamentos están el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial.

Hasta el presente, solo se ha intentado aplicar ese precepto a Polonia y Hungría, en ambos casos con una presencia argumental importante contra el déficit en sus aparatos judiciales. Cabe esperar que ningún poder democrático español dé lugar a una iniciativa tal por parte de la Comisión o del Parlamento Europeo. De ocurrir así, sería la mayor de las bofetadas que se pueda dar a la joven democracia española. Sería como decir, que nos digan, que la justicia española chirría: un ruido incompatible con una democracia sana.