¿Y la paz de las cunetas?

El argumentario repetido hasta la saciedad por la derecha desde hace años de “dejad en paz a los muertos” sigue chocando frontalmente con las decenas de miles de víctimas cuyos restos fueron vilmente arrojados en fosas comunes, cubiertos por cal viva o jalonando kilómetros de cunetas de este país.

Quien ha podido honrar a sus muertos, colocar una lápida con su nombre en el panteón familiar y llevarles flores al cementerio no está legitimado, en modo alguno, para exigir a quienes no han tenido esa oportunidad que abandonen la humana exigencia de recuperar los restos de sus seres queridos, porque en esta desgarradora historia de las dos Españas, hay una que ha seguido perdiendo, aún después de casi cuatro décadas de “democracia”.

Resultaría incomprensible, sino fuera porque es indignante, que un partido imprescindible para este país como el PP enseñe el pelo de la dehesa cada vez que sale a relucir tan doloroso asunto, erigiéndose con sus acciones en heredero indubitado de quienes subvirtieron el orden constitucional de este país, protagonizaron un infame golpe de estado y una brutal represión, cuyas víctimas siguen sin reparación.

¿Por qué alcaldes populares de toda España mantienen a capa y espada monumentos en honor a cualificados fascistas, calles a nombre de conspicuos golpistas y honores de todo tipo a uno de los dictadores más sanguinarios de su época?

¿Por qué el empecinamiento en obstaculizar el legítimo deseo de familiares de encontrar a sus padres y abuelos, de honrar su memoria con el simple gesto de poder colocar una placa con sus nombres, o de retirar hitos conmemorativos un año sí y otro también?

¿Cómo es posible que el ministerio de “Justicia” siga manteniendo como “rebelión” el delito que sirvió para enviar al pelotón de fusilamiento a decenas de miles de personas leales al régimen democrático, contra el que los facciosos se levantaron?

Sólo la amenaza de incurrir en un delito y ser privado de subvenciones públicas va a obligar al Ayuntamiento de Granada a retirar el monumento que perpetúa la memoria del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. El mismo alcalde que se ha opuesto sistemáticamente a la retirada del mismo, el popular, José Torres Hurtado es el que, verano tras verano, ha quitado de las tapias del cementerio una modesta placa que recordaba a los 4.000 granadinos masacrados en las mismas, cuyos restos sin identificar se encuentran en una fosa común del camposanto granadino.

Tras el argumento de la reconciliación esgrimido tantas veces, subyace una profunda injusticia para con decenas de miles de familias que siguen sin haber recibido ni siquiera la reparación moral de recuperar los restos de sus seres queridos. Pero la responsabilidad de semejante desafuero no sólo hay que atribuirla a la derecha, sino también a la izquierda que ha gobernado este país durante más de dos décadas sin haber tenido el coraje de poner las cosas en su sitio.

Una vez comprobado que la transigencia de unos no se ha corresponde con la generosidad de los otros, la izquierda está en la obligación moral e histórica de reparar, tarde, pero reparar al fin y la postre, la barbarie de la que miles de españoles fueron víctimas.

Por todo ello debemos saludar la nueva Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que lejos de las “versallescas” iniciativas precedentes, impone de una vez por todas el cumplimiento obligado de los preceptos que supuestamente había aceptado el PP y llevaban años en vigor, aunque alcaldes, presidentes de diputaciones y ministros populares se los pasaran reiteradamente por el arco del triunfo.

Ojalá y esta iniciativa sirva de una vez por todas para que además de en los cementerios, también reine la paz en las cunetas; y de paso, para saber dónde se pueden llevar flores a Blas Infante, Federico García Lorca, Manuel Fernández Montesinos, Constantino Ruiz Carnero y a los 47.000 andaluces cuyos restos fueron arrojados en las 614 fosas que jalonan el mapa de la barbarie en nuestra comunidad.