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Reflexiones sobre la Política Agraria Común (PAC)

La Vega de Mestanza en Málaga, un contexto con vida.

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La Comisión Europea (CE) ha aprobado de manera definitiva el Plan Nacional en el que España detalla cómo va a aplicar la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023. Esto llega en un momento crucial, en el que la importancia de prestar un apoyo sólido a nuestro sector agrícola se ha vuelto muy clara. Los agricultores se enfrentan a un entorno difícil, marcado por el fuerte aumento de los costes de producción debido a la agresión rusa a Ucrania y a la reciente sequía estival. La agricultura es un negocio a largo plazo y los agricultores europeos necesitan disponer de un marco jurídico y financiero claro para el futuro.

El diseño de la nueva PAC vira hacia una perspectiva de trabajo articulada tanto en una planificación estratégica, como en una mayor subsidiariedad de los Estados miembros, los cuales tendrán que diseñar las intervenciones con las que prevén alcanzar los objetivos de la UE en el marco de un Plan Estratégico de la PAC. El Plan Estratégico combinará financiación en concepto de ayuda a la renta y medidas de mercado y desarrollo rural.

Dicho plan agrupará las intervenciones en forma de pagos directos, las intervenciones en determinados sectores y las intervenciones para el desarrollo rural, y será financiado con cargo a los fondos europeos agrícolas, Feaga y Feader.

la Política Agrícola Común tiene un presupuesto de 336.000 millones de euros, un tercio del presupuesto total de la UE, y contribuye a la acción por el clima con alrededor del 40% de su presupuesto

Tanto en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, como en el Parlamento Europeo, se han acordado las directrices de la PAC que cada “parte” va a defender. Llega el momento de la verdad, en el que habrá que buscar el equilibrio entre lo que quieren unos y lo que quieren otros, para terminar de dar forma a una Política Agrícola Común que va a cambiar, en gran medida, la forma de producir en Europa.

No olvidemos que la Política Agrícola Común de la UE presta apoyo a siete millones de beneficiarios en toda la UE; proporciona alimentos de gran calidad a 447 millones de europeos; tiene un presupuesto de 336.000 millones de euros, un tercio del presupuesto total de la UE, y contribuye a la acción por el clima con alrededor del 40% de su presupuesto. 

Más allá de la reducción del presupuesto, los Ecoesquemas, el Agricultor Genuino o los Planes Estratégicos Nacionales, son algunas de las novedades que nos encontramos en los Reglamentos que articularán la nueva PAC y con los que los productores deberán hacer encajes de bolillos para tratar de aproximarse al importe que actualmente reciben vía PAC. En este sentido, llama la atención el supuesto de carácter voluntario de los Ecoesquemas, que los agricultores deben analizar desde este mismo momento con el fin de poder elegir qué prácticas solicitar el año que viene y obtener estas ayudas adicionales, además de contribuir a la consecución de los fines ambientales, ya que, de no ponerlos en práctica, los productores verán reducidos sus ingresos entre un 20 y un 30%, cantidad considerable si tenemos en cuenta que en España, de media, la PAC representa aproximadamente un tercio de la renta agraria, y más todavía, si consideramos que, nos guste o no, habrá una reducción en el presupuesto destinado a la principal política común de la Unión Europea.

El nuevo modelo traerá al campo cambios profundos, pero graduales, diseñados para que las pequeñas y medianas explotaciones agrarias profesionales, base de nuestro modelo social, puedan afrontar las nuevas circunstancias

Las nuevas equivalencias de animales en UGM (Unidades de Ganado Mayor) deben ser analizadas, considero que es mejor modificar las cargas, (UGM/ha), en los eco-régimen que modificar las equivalencias actuales de animales en UGM.

La reforma ayudará a que siga habiendo productores en 2030 y más allá; de que el nuevo modelo traerá al campo cambios profundos, pero graduales, diseñados para que las pequeñas y medianas explotaciones agrarias profesionales, base de nuestro modelo social, puedan afrontar las nuevas circunstancias en las que tendrán que ejercer la actividad a lo largo de la próxima década.

Para alcanzar estos propósitos, es vital modernizar el medio rural. El Plan pretende fomentar y poner en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales promoviendo su adopción por el sector agrario. Esto requiere conseguir por medio de la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación. Llevar la competitividad y la sostenibilidad a un escalón superior y adaptar las demandas del consumidor, objetivos principales.

El Plan contempla herramientas como los servicios de asesoramiento a las explotaciones, que ofrecerán información tecnológica y científica actualizada sobre aspectos económicos, medioambientales y sociales; las redes PAC, una a nivel de la UE y otra a nivel nacional, que se erigirán en foros de encuentro para el intercambio de conocimientos y su implementación práctica; y medidas de desarrollo rural, centradas tanto en la transferencia de conocimientos y actividades de formación e información, como en cooperación. En este punto destaca la implementación de la Asociación Europea para la Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas. Se contemplan inversiones para la modernización de explotaciones agrarias y para la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.

Los agricultores españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61% irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago complementario a jóvenes.

Entre las principales novedades del Plan, el sector contará a partir de 2023 con el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional.

Además, el Plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación.

Otra de las grandes novedades reside en que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.

El sector agrario podrá afrontar la próxima campaña con seguridad jurídica y certidumbre. El Gobierno ya trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan, nada menos que 18 reales decretos y una ley

Junto a las ayudas directas, el Plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para medidas de desarrollo rural. Entre estas últimas, las principales partidas van destinadas a inversiones (740 millones de euros, de los que un 44% serán para inversiones con fines ambientales); 370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones de euros para programas Leader; 140 millones de euros para explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales; 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores; y 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación.

El sector agrario podrá afrontar la próxima campaña con seguridad jurídica y certidumbre. El Gobierno ya trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan, nada menos que 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva Política Agraria Común entre en vigor el 1 de enero de 2023.

La PAC es una red de seguridad para agricultores y ganaderos, pero también para toda la población. Hasta 2027, más de 680.000 agricultores y ganaderos recibirán el apoyo de la PAC, que se traduce en unos 7.200 millones de euros anuales, con la cofinanciación estatal y autonómica. También beneficia al conjunto de la ciudadanía que disfruta de alimentos de calidad, en cantidad suficientes.

Tenemos ante nosotros, sin duda, una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad: decidir cómo queremos que se aplique la PAC en nuestro país, en nuestra comarca, en nuestro término municipal y, como consecuencia, en nuestra explotación. 

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