Ventana rural

Retos estructurales y técnicos del sector agrario español ante el horizonte 2026

El sector agrario español afronta el horizonte 2026 inmerso en un proceso de transformación estructural condicionado por factores climáticos, económicos, tecnológicos y regulatorios. Este artículo analiza los principales retos técnicos que inciden sobre la competitividad y sostenibilidad del sistema productivo agrario, con especial atención a la adaptación al cambio climático, la rentabilidad de las explotaciones, la modernización tecnológica y el papel de las políticas públicas, en particular la Política Agraria Común (PAC).

El sector agrario continúa siendo estratégico para la economía española, tanto por su contribución directa al PIB como por su papel en la seguridad alimentaria, la gestión del territorio y la cohesión rural. Sin embargo, el contexto actual –caracterizado por una elevada volatilidad de los mercados, mayores exigencias ambientales y una creciente presión sobre los recursos naturales– obliga a replantear los modelos productivos tradicionales. De cara a 2026, el sector se enfrenta a retos que trascienden lo coyuntural y requieren respuestas estructurales.

Uno de los principales desafíos técnicos es el envejecimiento de los titulares de explotaciones y la insuficiente incorporación de jóvenes agricultores. Este fenómeno impacta directamente en la capacidad de innovación, en la adopción de nuevas tecnologías y en la continuidad de explotaciones familiares.

Desde una perspectiva técnica y económica, el relevo generacional no puede desligarse de la dimensión mínima viable de las explotaciones, el acceso a la tierra y al crédito y la profesionalización de la gestión agraria. La ausencia de relevo acelera procesos de abandono o concentración, con implicaciones sobre el paisaje agrario y la biodiversidad.

La digitalización es una de las principales palancas para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector

La rentabilidad del productor primario sigue siendo uno de los puntos más críticos. El incremento de los costes de producción (energía, fertilizantes, fitosanitarios y alimentación animal), junto con la volatilidad de los precios en origen, compromete la viabilidad económica de muchas explotaciones.

Desde un enfoque técnico, resulta imprescindible mejorar la eficiencia productiva mediante innovación y economía de escala, reforzar la integración cooperativa y la planificación conjunta de la oferta y avanzar en la diferenciación de productos por calidad, origen o sistemas de producción sostenibles.

La apertura comercial y los acuerdos internacionales introducen una competencia creciente con producciones procedentes de terceros países. Esta situación se ve agravada por la asimetría normativa, ya que los productores europeos operan bajo estándares ambientales y laborales más exigentes.

El reto estratégico para el sector agrario español consiste en garantizar condiciones de competencia equitativas, convertir los estándares regulatorios en una ventaja competitiva y evitar la pérdida de producción y el abandono de sectores sensibles.

El cambio climático constituye un factor de riesgo transversal. El aumento de la frecuencia de sequías, olas de calor y eventos extremos está modificando los parámetros productivos, especialmente en cultivos de secano y en sistemas ganaderos extensivos.

Los principales retos técnicos incluyen: optimización del uso del agua mediante regadíos eficientes y gestión integral de cuencas, adaptación varietal y mejora genética orientada a la tolerancia al estrés hídrico y térmico y manejo sostenible del suelo para mejorar la retención de carbono y la fertilidad. La resiliencia climática se perfila como un criterio central en la planificación agraria de los próximos años.

El principal reto reside en equilibrar la condicionalidad ambiental con la rentabilidad de las explotaciones, evitando una sobrecarga administrativa que dificulte la gestión diaria

La digitalización es una de las principales palancas para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. La agricultura de precisión, el uso de sensores, la teledetección y los sistemas de apoyo a la decisión permiten optimizar insumos y reducir impactos ambientales.

No obstante, persisten limitaciones relevantes: brecha digital en zonas, falta de formación técnica especializada y escasa adaptación de soluciones tecnológicas a explotaciones de pequeña y mediana dimensión. La innovación debe abordarse desde una perspectiva integral que combine tecnología, formación y asesoramiento técnico continuado.

La Política Agraria Común seguirá desempeñando un papel determinante en 2026. El principal reto reside en equilibrar la condicionalidad ambiental con la rentabilidad de las explotaciones, evitando una sobrecarga administrativa que dificulte la gestión diaria.

Al igual que en el resto de la Unión Europea, la actualidad agraria estará marcada este año en España por los debates de las propuestas sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 y sobre la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará en esos años.

Entre las novedades más destacadas, se han incluido el reconocimiento de los sistemas agrivoltaicos como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC

Desde que se presentaron esas propuestas, el ministro de Agricultura se ha pronunciado sobre algunos elementos de las mismas, rechazando la distribución de los fondos por Estados miembros en lugar de por políticas de gasto, el recorte de la partida para la futura PAC, la pérdida de independencia presupuestaria de esta política o la eliminación de su actual estructura en dos pilares (uno para financiar las ayudas directas y otro para las actuaciones de desarrollo rural). 

Lo primero será saber si España está dispuesta a aumentar su aportación a las arcas comunitarias o no, y, después, cómo pretende que se distribuya el dinero que estas tengan para gastar. Finalmente tocará comprobar la prioridad que España da a la PAC. 

Entre el 1 de febrero y el 30 de abril estará abierto el período de solicitud de las ayudas de la PAC correspondiente a 2026. La normativa presenta, también este año, algunos cambios con respecto al anterior por las modificaciones que se introdujeron en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) el pasado mes de octubre (publicadas en el BOE de 15 de octubre). 

Entre las novedades más destacadas, se han incluido el reconocimiento de los sistemas agrivoltaicos como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria. Además, se han introducido nuevas medidas de simplificación y mejoras técnicas en los ecorregímenes, en concreto en la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos y en la de espacios de biodiversidad.

Abordar estos retos exige una estrategia coordinada que integre políticas públicas, innovación y profesionalización del sector

Por otro lado, el Diario Oficial de la UE publicó el 31 de diciembre de 2025 un reglamento que recoge una serie de medidas de simplificación de la PAC aplicables ya en el presente año.En 2025 se modificaron las fechas de aplicación de ciertas obligaciones, que han quedado de la siguiente forma:

Fitosanitarios: hasta el 1 de enero de 2027 no será obligatorio el registro del uso de fitosanitarios en un cuaderno digital. En consecuencia, a lo largo de 2026, se mantendrá la posibilidad de que los agricultores registren el uso de productos fitosanitarios en formato papel.

Fertilizantes: desde el 1 de enero de 2026 es obligatorio registrar todas las labores de fertilización en un cuaderno de explotación, que puede ser en papel o en formato digital. No obstante, hay una serie de excepciones (como las explotaciones de menos de 5 hectáreas o las que dispongan únicamente de superficies de pastos, tanto temporales como permanentes, y no apliquen fertilizantes en dichas superficies).

Plan de abonado: es obligatorio desde el 1 de enero de 2026 para las explotaciones de regadío de más de 10 hectáreas en las que el cultivo se siembre o se plante entre el 1 de marzo y el 30 de junio; para el resto, la obligación entra en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Asesoramiento técnico en materia de fertilización: será obligatorio para las unidades de producción situadas en zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos un año después de las fechas anteriores, y dos años después para las unidades de producción fuera de esas áreas. 

Sanidad animal: a la cabeza de las preocupaciones de los ganaderos están las distintas enfermedades con mayor o menor presencia en España, algunas de las cuales tienen un gran impacto en los mercados, sobre todo por el cierre de fronteras por parte de países terceros.

Es el caso de la peste porcina africana que, aunque solo se ha detectado en jabalíes, ha dado lugar a una bajada importante de los precios del porcino en origen debido principalmente a la disminución de las posibilidades de salida al exterior.

En el sector del vacuno, la principal amenaza es la dermatosis nodular contagiosa, mientras que en el sector avícola, preocupa la presencia de la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle, que ha reaparecido en Valencia tras tres años y medio sin casos en España.

Seguros: la reforma del sistema de seguros agrarios, que todavía está pendiente, es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones agrarias y será otro de los asuntos a tener en cuenta este año.

Se multiplican las quejas de agricultores y ganaderos por el aumento del coste de las pólizas, que va en paralelo a la reducción de las coberturas y a los problemas en las peritaciones.

El sector agrario español se enfrenta en 2026 a un escenario de alta complejidad técnica y económica. La adaptación al cambio climático, la mejora de la rentabilidad, la modernización tecnológica y una gobernanza agraria eficaz son elementos clave para garantizar su sostenibilidad. Abordar estos retos exige una estrategia coordinada que integre políticas públicas, innovación y profesionalización del sector, preservando al mismo tiempo su función social y territorial.