Suave Feijóo

Igual nadie se lo ha dicho o quizá actúe bajo la influencia de un brebaje o pócima suministrado en secreto por sus colegas mesetarios, pero Núñez Feijóo se comporta  exactamente como recomienda el Manual de Sharp, la biblia del golpismo suave que tantos buenos resultados da en Hispanoamérica. 

Se trata, primero, ayer insistía, de quitar legitimidad al Gobierno, como si el Gobierno de coalición progresista no hubiera surgido de unas elecciones y de la combinación democrática de las fuerzas parlamentarias por voluntad del pueblo soberano. Luego se trata de ir minando la confianza de la gente y qué mejor que desprestigiar sus instituciones constitucionales, el CGPJ y ahora el Tribunal Constitucional. Crear el desasosiego en el Parlamento, mediante la crispación, el insulto y el gamberrismo forma también parte de la fórmula, aunque en este caso es, además, fruto de la frustración e impotencia ante la fortaleza y estabilidad de una mayoría de investidura ahora ampliada.

Si observan lo que ha ocurrido en Alemania con la ultraderecha golpista, verán que resultan de opereta, aunque reúnen de todo, hasta jueces. Cómo que asaltar el Parlamento, cómo que un golpe violento y armado. Las cosas, queridos alemanes, ya no se hacen así. Hay que leer a Sharp. Suavidad, mucha suavidad, por muy obscenas y groseras que parezcan sus medidas.

Es usurpar la función del Poder Legislativo al que corresponde constitucionalmente esa renovación, arrogándose como partido un papel antisistema

Feijóo ha dicho y dejado por escrito, con toda la mandanga disponible, que está bloqueando el CGPJ y, de camino, el Tribunal de Garantías, el TC. Es grave, esto no es filibusterismo, aceptable aunque molesto en las democracias homologables, es dejar sin su cometido constitucional a instituciones imprescindibles, menospreciando el Poder Judicial  y poniéndolo a su servicio, con el concurso de una partida de vocales rebeldes  y pedestres  que en nada valoran su papel constitucional.

Es, además, usurpar la función del Poder Legislativo al que corresponde constitucionalmente esa renovación, arrogándose como partido un papel antisistema que, a mayor abundancia, no goza de la mayoría democrática expresada en las urnas.

Y como consecuencia, con esa intención clara, bloquea también la función que constitucionalmente corresponde al Ejecutivo, al Gobierno, y culmina el objetivo intoxicando y sometiendo a la parálisis  al Tribunal de Garantías.

Fundamentalmente es un desprecio al Parlamento, donde reside la voluntad popular expresada en las urnas, al que los portadores originales de su ADN fundacional quisieron inexistente. Resulta patético verlos celebrar y exigir más Constitución en los recientes fastos conmemorativos del Día de la Constitución, cuando nunca la quisieron,  apareciendo con deshonor en la  historia gracias a su papel obstruccionista,  cuando el pueblo español exigía democracia y libertad.

Hay que fortalecer la protección de la Constitución y la democracia, penalmente también

El señor Feijóo justifica su bloqueo en que no va a permitir el control y politización de la justicia. ¿Quiere decir que hay jueces que se dejan controlar y politizar? Si es así, debería decir quiénes y cuántos son los jueces que se dejan controlar y politizar. ¿Quiénes son esos? ¿Acaso hay una puerta trasera por la que se controlan los jueces previamente politizados? El sabrá pero sí es así y él lo sabe, algo habrá que hacer.

De dos artículos recientes publicados en El País por el eminente constitucionalista Tomás de la Quadra-Salcedo, me quedo con dos ideas: la primera es que hay que fortalecer la protección  de la Constitución y la democracia, penalmente también; la segunda  es que las amenazas al ordenamiento constitucional adquieren hoy nuevas fórmulas muy imaginativas, incluso a través de las instituciones, a veces, sutiles y suaves-algo que insisto no han aprendido los aprendices de golpista alemanes, anclados  aún en la República de Weimar. De esa sutilidad y suavidad quizá sea su mejor símbolo una corbata de Armani.

Con De la Quadra-Salcedo coincido en que “la alteración del funcionamiento de uno de los poderes de Estado, a través del bloqueo del CGPJ,  se puede calificar con toda propiedad como una especie de golpe de Estado institucional”. Eso sí, con mucha suavidad.