Víctimas de la dana piden reformar los aforamientos para garantizar independencia judicial
La Associació de Víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024 ha reclamado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales y a las autonómicas de 2027 un compromiso firme con la independencia judicial y una revisión profunda del sistema de aforamientos para garantizarla.
La entidad ha informado en un comunicado de que inició el debate político y legislativo sobre esta prerrogativa con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, a raíz del uso que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón hace del aforamiento como diputado autonómico.
La asociación considera este uso “un obstáculo” para la investigación judicial de sus responsabilidades en relación con las 234 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024.
A continuación, como segundo paso, la asociación abrió, el 10 de noviembre, el debate público sobre los aforamientos y el derecho a la tutela judicial efectiva, en un acto con la participación del juez Joaquim Bosch y del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, que tendrá continuidad con futuras convocatorias.
Ahora, “en coherencia con esta línea de trabajo” y como tercer paso, la entidad pide públicamente a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones generales y autonómicas que asuman y hagan suyo el compromiso de reformar el sistema de aforamientos, “un privilegio inusual en Europa tanto por el elevado número de cargos políticos aforados como por el uso que se hace de él”.
La asociación recuerda que los aforamientos son una figura regulada por los mismos representantes políticos que se benefician de ella y que, por tanto, corresponde a los partidos asumir la responsabilidad de revisar su alcance y justificación.
A su juicio, la protección de la función parlamentaria no puede confundirse con un privilegio personal ni servir para situar a determinados cargos públicos en una posición procesal diferente ante hechos que no guardan relación directa con el ejercicio de sus funciones representativas.
La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, ha asegurado que no piden “una reforma contra nadie ni una respuesta legislativa a medida del caso Mazón” sino que “los partidos asuman que el sistema actual necesita una revisión profunda”.
“La representación política debe contar con garantías para ejercerse con libertad, pero estas garantías no pueden convertirse en un privilegio que cuestione el principio de igualdad ante la ley”, ha afirmado.
La entidad plantea tres compromisos a los partidos políticos: garantizar la no interferencia política en los órganos judiciales, reforzar la independencia en los nombramientos judiciales, con nombramientos por los propios miembros de la carrera judicial, y reforzar y limitar los aforamientos.
Respecto a este último, propone que esta prerrogativa quede restringida a los supuestos estrictamente vinculados al ejercicio de las funciones parlamentarias y representativas.
Según la asociación, los actos ajenos a estas funciones deberían ser investigados por los órganos judiciales ordinarios, con todas las garantías procesales y la regulación debe proteger el libre ejercicio de la representación política frente a posibles persecuciones instrumentales, pero “sin convertir el aforamiento en un blindaje ante la justicia”.
La asociación considera que esta reflexión es especialmente necesaria en el caso de Carlos Mazón. quien continúa manteniendo su acta de diputado del PP en Les Corts y, con ella, la condición de aforado, mientras la jueza instructora investiga la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024.
La Associació de Víctimes de la dana 29 d’Octubre cuestiona que el Partido Popular mantenga esta situación y que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, siga dando cobertura política a Mazón.
Ámbito autonómico
La entidad reclama también a los partidos que concurran a las próximas elecciones autonómicas una revisión específica de los aforamientos previstos en el ámbito valenciano.
En su opinión, esta revisión debería delimitar su alcance, impedir que se apliquen a conductas ajenas al ejercicio de las funciones representativas y establecer garantías para que no puedan utilizarse con el fin de obstaculizar investigaciones judiciales.
“La ética política también consiste en no aprovechar las reglas que uno mismo ha aprobado para protegerse cuando estas reglas entran en conflicto con el derecho de la ciudadanía a la justicia”, ha concluido Gradolí.
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