Atrapadas en Ceuta

Ceuta es una inmensa cárcel. Siempre lo ha sido. Desde que en 1415 el Reino de Portugal se asentó en este territorio y lo fortificó convirtiéndolo en una ciudad presidio, no ha cambiado su función hasta la actualidad. Si bien es cierto que en términos jurídicos y penitenciarios Ceuta no es una prisión, sí que lo es en términos simbólicos, de ahí una de las frases más repetidas por las personas en tránsito migrante: “Ceuta es una cárcel a cielo abierto”.

Analicemos esto con detalle. Ceuta vive insertada en una disposición adicional del Acuerdo Schengen, por lo que dependiendo de la valoración del profesional del ámbito jurídico y/o académico se podrá considerar como espacio Schengen o no. Su frontera con Marruecos es líquida, por un lado, es porosa para las personas transfronterizas del norte de Marruecos y para turistas con alto poder adquisitivo del país vecino, mientras que, por otro lado, es impenetrable -o aspira a serlo- para las personas en tránsito o movimiento migrante. La clave: las primeras dejan un beneficio económico a la ciudad, bien sea como mano de obra barata o como gasto directo en las empresas instaladas en Ceuta, y las segundas no generan ningún reporte económico a la ciudad.

Vamos a dar un paso más. Si las personas migrantes consiguen entrar a Ceuta no son internadas en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), puesto que en Ceuta -al igual que en Melilla- no existen los CIE, sino que van al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI). Aunque pueda parece una simple cuestión semántica, no lo es. En primer lugar, porque se hace hincapié en la distinción entre extranjero e inmigrante, pero, sobre todo, y en segundo lugar, porque en el CIE las personas internas están privadas de libertad -aunque jurídicamente los CIE no tengan consideración de prisión, actúan como tales- mientras que en el CETI pueden salir del centro. ¿Por qué? Sencillo. Ceuta es una cárcel, ¿dónde van a escapar? ¿a dónde van a huir las personas internas? Solo para reflexionar, las Islas Canarias tienen una geografía similar a Ceuta -extra-peninsulares y con recepción de personas migrantes-, y en las Canarias hay CIE, no CETI.

Por ello, no es de extrañar la situación vivida en Ceuta tras el cierre de la frontera del Tarajal en la madrugada 12 de marzo por parte del Reino de Marruecos. Son aproximadamente 30.000 personas transfronterizas las que se desplazan diariamente para ir trabajar a Ceuta desde los municipios marroquíes colindantes a la frontera. Ellas son: trabajadoras de hogar, porteadoras, trabajadoras de la restauración y trabajadoras sexuales. Ellos son: trabajadores de la construcción y de la restauración. No necesitan visado para entrar en Ceuta, únicamente tener el pasaporte en vigor. Trabajan en condiciones de semi-esclavitud con jornadas eternas y sueldos ínfimos y, entre todas estas personas, son las porteadoras y las trabajadoras de hogar quienes ocupan el último escalón de la jerarquía “imaginaria” del trabajo transfronterizo.

Tras el cierre de la frontera de forma inesperada, miles de personas, sobre todo, trabajadoras de hogar -ya que muchas tienen el régimen de internas por 200 euros al mes- no pudieron abandonar Ceuta para volver a sus domicilios en Marruecos. Si bien muchas pensaron que sería una situación que duraría unos días, lo cierto es que esta circunstancia se alargó hasta comienzos del mes de octubre. De hecho, las primeras repatriaciones se realizaron la primera semana de octubre, es decir, siete meses después del cierre de la frontera.

En ese más de medio año, estas mujeres han estado atrapadas en Ceuta conviviendo con la incertidumbre de cuando podrían volver a sus casas. Mujeres sin ingresos porque no podían trabajar, sin prestaciones sociales -no hay ERTE para quienes están en la más absoluta vulnerabilidad-, y sin vivienda. Los Servicios Sociales y el tejido asociativo de la ciudad han sido durante estos meses los que se han responsabilizado de cubrir las necesidades básicas de alimentación y vestimenta. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma habilitó polideportivos y las naves del polígono del Tarajal como improvisados campamentos para estas mujeres. Naves que carecen de cédulas de habitabilidad ni de una mínima seguridad. Naves industriales que se convirtieron también en una prisión hasta después del Estado de Alarma, dentro de la propia cárcel que es Ceuta.

Desde la APDHA consideramos imprescindible una reflexión social y política sobre la situación sufrida por las personas transfronterizas atrapadas durante siete meses en la Ciudad Autónoma. El permanente limbo jurídico existente en Ceuta no puede justificar la vulneración de derechos humanos que acontece sistemáticamente en este territorio español. Es el momento de reflexionar sobre las condiciones laborales de las personas transfronterizas sin necesidad de que influyan los intereses geopolíticos entre España-Marruecos y Marruecos-Europa.