Cooperación al Desarrollo en tiempos procelosos

La masacre que se está produciendo en el Mediterráneo, de forma callada unas veces o logrando, por su gravedad, saltar a las primeras páginas de los periódicos, ha vuelto a sacar del olvido la vigencia de la cooperación al desarrollo como acción imprescindible para con los países empobrecidos.

Con la boca chica, entre lágrimas de cocodrilo y mientras anuncian que las acciones que tomaran serán las de profundizar la vigilancia, el control y el rechazo para asegurar nuestras fronteras amenazada por la marcha de los pobres y perseguidos, nuestros líderes comentan de pasada la bondad de ir a las causas fortaleciendo la cooperación al desarrollo.

Se trata sin duda de un latiguillo más de quienes nos gobiernan, recubierto de hipocresía y relleno de cinismo. Hipocresía rampante, porque la Ayuda Oficial al Desarrollo desciende de forma alarmante en países como España, que en los presupuestos de 2015 alcanza su mínimo histórico del 0,15% de la RNB y en los últimos cinco años se ha recortado en más de un 70%. Cinismo hiriente, por cuanto la cooperación es utilizada por la UE como acción política en las relaciones de vecindad; cooperación condicionada para imponer la “buena gobernanza” del control de fronteras y de represión de los flujos migratorios. Y por tanto cooperación destinada a comprar a gobiernos corruptos.

Inmoralidad a la postre porque cuando hablan de cooperación no están hablando de ayuda al desarrollo de los pueblos empobrecidos, sino de “cooperar” para dotar de recursos a policías y ejércitos para que cumplan eficazmente su papel de gendarmes de frontera.

Decía latiguillo porque queda bien y parece dar altura moral al quien lo propone como solución a las llegadas de inmigrantes. Pero sin embargo, a corto plazo es difícil que la cooperación al desarrollo tenga un efecto inmediato sobre el desplazamiento de millones de personas que huyen de la guerra o de las persecuciones o simplemente de la imposibilidad de vivir.

Difícilmente además se podrían poner en marcha procesos de codesarrollo en países asolados por los conflictos armados, con una creciente presencia yihadista o simplemente descompuestos como estados y países. Porque ahora la emergencia es humanitaria y la prioridad el salvamento, la acogida y atender a las víctimas; en vez de destinar recursos a bombardear barcazas (menos mal que han aclarado que cuando estén vacías) o reforzar las inhumanas operaciones de Frontex.

Cuota de responsabilidad

Y si se quiere ir a la raíz del éxodo que estamos viviendo, sería preciso poner todo el potencial de recursos y negociación de la UE al servicio de la resolución de los conflictos que vivimos en el Sahel o en oriente Próximo, en los que, no se olvide, las actuaciones de los países occidentales tienen una importante cuota de responsabilidad.

No obstante la cooperación debe seguir siendo una pieza imprescindible para apoyar y dar oxígeno a sociedades que se encuentran en un callejón con difícil salida.

Pero sería absolutamente inmoral (como hace la UE) asociarla al control de las migraciones o a otras estrategias políticas de la Unión Europea y sus grandes trasnacionales. Una cooperación que, ante gobiernos profundamente inestables o directamente corrompidos, debe gestionarse lo más directamente posible con los pueblos. Una cooperación que creemos de justicia, pero que tiene ser transparente y controlada para que no sirva a intereses espurios os sea fuente de corrupciones de todo tipo.

Pensamos además que la cooperación al desarrollo no debe limitarse a la establecida en los presupuestos generales del Estado. La cooperación local, desde municipios y diputaciones, ha sido en los últimos tiempos una parte significativa del esfuerzo solidario en España, pero en este momento se encuentra fuertemente cuestionada.

La cooperación local nació al calor de las acampadas del 0,7 en 1994, en aquel contexto de fuerte movilización social, antecedente en muchos aspectos de las acampadas del 15M, pero con un objetivo más concreto: la solidaridad con los pueblos empobrecidos y exigir que se destinara el 0,7% del PIB para Ayuda al Desarrollo en los diferentes niveles de las administraciones, asistencia acordada en la 34 Asamblea General de la ONU en 1980, y que solo un puñado de países ha llegado a cumplir (la media mundial se sitúa en el 0,29%, aun así el doble que España).

La cooperación local tenía una virtud añadida: la proximidad. Es decir, la posibilidad de implicación de pequeñas ONG locales con proyectos de cooperación modestos pero cercanos, o el efecto multiplicador en las poblaciones de nuestros municipios, difícil de generar desde grandes proyectos llevados centralizadamente por grandes ONG, pero imprescindible para extender la cultura de los derechos y la solidaridad.

Pero la alargada sombra de la lucha de 1994 ha ido diluyéndose y está siendo apuntillada por la crisis y la forma de abordarla desde las entidades locales. La crisis ha hecho aflorar discursos populistas que creíamos superados, pero que renacen con fuerza: “primero los de aquí”, “bastantes problemas tenemos en nuestro pueblo como para preocuparnos de los de otros”. Como si las políticas de igualdad y de lucha por la justicia pudieran trocearse o existiera real incompatibilidad entre unas y otras. Los recortes a nivel municipal, a rebujo de este populismo, han sido muy significativos.

Ayuntamientos que fueron emblemáticos en la cooperación, como Puerto Real en Cádiz, anuló en 2010 las Ayudas al Desarrollo. Es un ejemplo. En las capitales andaluzas el panorama es desolador, tras la llegada del PP a los gobiernos municipales. Según datos de la CAONGD para 2013 Almería no destina ayudas a la cooperación; Jaén un raquítico 0,01%; Sevilla y Granada 0,03%; Cádiz destina 0,07% del presupuesto; Málaga 0,20% y Córdoba 0,26%.

Por su parte, muchos de los Consejos de Cooperación creados en numerosas localidades andaluzas han ido perdiendo vitalidad y dejando de jugar el papel reivindicativo de la Cooperación y de “control de calidad” de la misma, que eran sus objetivos cuando se generalizó su constitución.

Pese a las dificultades que atraviesan hoy las ONGD, en franco proceso de redefinición, el espíritu de 1994, ese impulso solidario que animó aquellas magnas acampadas en toda España, no debemos dejar que desaparezca. Va en ello la justicia y los derechos humanos. Pero sobre todo va en ello la vida de millones de personas, que sin perspectiva de un futuro digno en sus países de origen, se ven forzadas a dejar a su familia y emigrar. Así emprenden un viaje migratorio que resulta cada vez más incierto a causa de las políticas de la UE, que han convertido Europa en una fortaleza infranqueable que vulnera los derechos fundamentales de las personas, dentro de los cuales, el más importante: su derecho a la vida.