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11 de febrero: que la crisis no la pague la clase trabajadora

Salarios mínimos en Europa

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Los sindicatos mayoritarios hemos demostrado nuestra responsabilidad durante la pandemia. Hemos hecho propuestas razonables en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y para la protección social de toda la ciudadanía. Las ayudas de los ERTE para evitar despidos; el Ingreso Mínimo Vital; la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros; la Ley del Teletrabajo; la revalorización de las pensiones con el IPC…

Todos esos grandes acuerdos se han alcanzado con propuestas de UGT, en el marco del Diálogo Social, al igual que la prórroga de los ERTE hasta final de mayo que pedimos que sea un trámite automático mientras dure la amenaza de la COVID. El último escollo, recuerden, fue el intento de la patronal de eliminar la condición de no despedir, lo que hubiera supuesto quitar la protección que corresponde a los trabajadores y eso no lo podíamos permitir.

El proceso de vacunación de la sociedad supone una gran esperanza en la que debemos calibrar los tiempos. Y, aunque en los últimos días la curva de contagios ha empezado a disminuir, no debemos bajar la guardia, ni hacernos trampa en el solitario, porque la salud y la vida de la población siguen estando en juego, y los gobiernos no deberían ceder ante las presiones de determinados grupos empresariales.

La pandemia nos ha hecho acelerara procesos que hubieran llevado años desarrollarlos, como la digitalización y el trabajo a distancia. Y ha puesto en jaque a determinadas actividades tradicionales

La pandemia nos ha hecho acelerara procesos que hubieran llevado años desarrollarlos, como la digitalización y el trabajo a distancia. Y ha puesto en jaque a determinadas actividades tradicionales que tienen que reciclarse para sobrevivir al nuevo sistema productivo que, tiene que estar más basado en la industrialización de Andalucía, la investigación y las energías renovables. Economía social y verde, con servicios públicos potenciados, sobre todo la sanidad, la educación y la dependencia; y que no deje a nadie atrás en protección social.

Un salario mínimo más alto

Pero UGT y CCOO llevamos mucho tiempo reivindicando la derogación de dos normas que, precisamente ahora, es cuando más daño hacen. Son las reformas laborales, especialmente la de 2012, que resta capacidad de negociación a los sindicatos; y la reforma de las pensiones de 2013, que establece un coeficiente reductor, por esperanza de vida, que puede suponer una bajada de hasta un 30% de la prestación al pensionista. Otra reivindicación básica es la subida del SMI. En 2020 subió a 950 euros, pero necesitamos aumentar el consumo interno y dar confianza a aquellos que tienen menos ingresos, que la mayoría de veces son "aquellas”: empleadas de hogar, ayuda a domicilio, envasadoras en la agroindustria… En 2021 el SMI debe subir a mil euros, para irnos acercando a lo que establece la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio, por lo que hay margen hasta los 1.200 euros.

Estas tres reivindicaciones sindicales (subida del SMI, derogación de la reforma laboral y la de las pensiones), son también compromisos de las dos fuerzas políticas que integran el Gobierno, por lo que no podemos esperar más tiempo.

En Andalucía la subida del coste/hora, anunciada por la Consejera de Igualdad, no es suficiente, puesto que no garantiza que ese dinero llegue a las trabajadoras.

Este 11 de febrero nos movilizamos para exigir su cumplimiento. La pandemia no puede ser excusa para seguir aplazando estas medidas que son fundamentales para la ciudadanía. Los actos presenciales han sido organizados para que se cumplan todas las medidas de seguridad frente a la pandemia pero, evidentemente, serán menos numerosos que en circunstancias normales, por lo que durante la jornada, desarrollaremos una campaña de movilización en redes sociales bajo el lema #AhoraSíToca

También reiteramos el llamamiento que hemos hecho a la Junta de Andalucía para que complemente algunas ayudas del gobierno central que, a veces, no alcanzan para vivir.  Especialmente las ayudas de los ERTE y a los fijos discontinuos no llamados, terreno en el que mantenemos el diálogo. También reclamamos que el gobierno andaluz reactive la Renta Mínima de Inserción, para que sea complementaria con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central. El nombre no es el problema, pero no la vemos como un complemento del IMV, sino como una prestación independiente, ya que la Renta es individual, y el IMV es una ayuda para el sostenimiento del hogar.

Un acuerdo que ha pasado más desapercibido, pero que es fundamental para la protección social, es el de la ayuda a domicilio. El acuerdo mejora la financiación del sistema de Atención a la Dependencia, aumentando los fondos en, al menos, 600 millones de euros para 2021. En Andalucía la subida del coste/hora, anunciada por la Consejera de Igualdad, no es suficiente, puesto que no garantiza que ese dinero llegue a las trabajadoras. Es necesario que se desbloquee el Convenio Colectivo que afecta a las empresas de dependencia, y que los Ayuntamientos que gestionan dependencia, también lo cumplan.

Hay avances, pero es necesario mucho más. No podemos permitir que esta crisis vuelva a pagarla la clase trabajadora.

 

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10 de febrero de 2021 - 21:31 h

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