Andalucía: turismo de escaparate y política de salón

Desde hace ya algunos años, muchas ciudades andaluzas se han convertido en estandarizados escenarios turísticos. Calles souvenir como decorados, plazas convertidas en plateas para selfies, y la vida cotidiana relegada al fondo, entre bambalinas. El turismo ha traído aplausos, sí, pero también agotamiento, saturación y un guion que ya no escriben los vecinos, sino los gestores del espectáculo.

En este teatro del crecimiento turístico, la Junta de Andalucía ha asumido el papel de directora de escena. Y sus artificiosos convenios con los ayuntamientos funcionan como contratos de reparto: se asignan papeles, se reparten fondos, se marcan directrices. Pero no siempre está claro quién escribe el guion, ni si los protagonistas son los municipios, la ciudadanía o los intereses que se mueven entre bastidores.

Es necesario levantar el telón y mirar entre las costuras del decorado. Porque los convenios turísticos no son sólo papeles firmados: son también una forma de ejercer poder, de consolidar un modelo y de silenciar otras posibles funciones para el turismo.

Aunque se presentan como una forma de apoyar a los municipios, los convenios firmados por la Junta —por ejemplo, con Sevilla, Málaga, Granada, Jerez o Cádiz— incluyen obligaciones impuestas desde el Gobierno andaluz, y no necesariamente fruto de una negociación bilateral equilibrada. La participación municipal suele limitarse a la aplicación técnica de decisiones ya cerradas por la consejería. En conclusión: son convenios para una centralización encubierta por parte del consejero de Turismo, Arturo Bernal.

Las medidas llegan tarde, cuando los procesos de expulsión residencial ya están consolidados, y se limitan a gestos simbólicos con impacto muy desigual

La elección de municipios tiene un patrón claro: grandes capitales turísticas y ciudades con fuerte proyección mediática. No hay constancia de criterios técnicos para la selección, ni se ha abierto un proceso público que garantice el acceso de localidades más pequeñas. Es decir, más rédito político que equidad territorial.

Una respuesta tardía y sin profundidad. Las medidas llegan tarde, cuando los procesos de expulsión residencial ya están consolidados, y se limitan a gestos simbólicos con impacto muy desigual.

Bernal se ha opuesto repetidamente a la implantación de una tasa turística, argumentando que sería como “cargarse la gallina de los huevos de oro”. El consejero, lejos de abrir el debate, se refugia en fórmulas como los convenios para evitar cualquier confrontación con la patronal.

Favores y oportunidades, marca de la firma Arturo Bernal, sin mecanismos transparentes para la adjudicación de proyectos, lo que refuerza las sospechas de favoritismos.

La política turística de la Junta necesita más que convenios para ser transformadora. Necesita visión a largo plazo, coraje fiscal, participación ciudadana y redistribución territorial. Si no, los convenios serán sólo otra pieza más en una estrategia de gestión cosmética de un modelo que, a todas luces, está tocando techo.