Málaga y el agua: no podemos seguir llegando tarde

Málaga no se entiende hoy sin el turismo. En 2025 la Costa del Sol recibió 14,65 millones de visitantes y generó más de 21.800 millones de euros; detrás hay empleo, riqueza y uno de los grandes éxitos económicos de la provincia. Pero ese desarrollo produce también tensiones en el agua. La sequía reciente mostró hasta qué punto puede convertirse en un límite: hubo restricciones, reducciones de dotaciones y embalses que durante meses nos obligaron a mirar al cielo. Finalmente llovió, las reservas se recuperaron y empezamos a olvidarlo.

La planificación de la sequía ofrece un ejemplo revelador. Desde 2010, la Ley de Aguas de Andalucía obliga a los municipios o sistemas supramunicipales de más de 10.000 habitantes a disponer de planes de emergencia. Sin embargo, cuando la escasez volvió a golpear con fuerza en 2022, sistemas tan importantes como la Axarquía o la Costa del Sol Occidental seguían sin culminarlos. Después se ha avanzado, pero la lección permanece: el plan que necesitamos cuando el embalse está vacío es el que deberíamos haber preparado cuando todavía llueve. Gestionar el agua exige memoria institucional.

Este agosto, Málaga capital ha ofrecido otra imagen de esa vulnerabilidad. Seis playas tuvieron que cerrar al baño tras detectarse concentraciones elevadas de E. coli después de las lluvias del día 15. El Ayuntamiento explicó que la tormenta provocó alivios en distintos puntos de la red. Parte del saneamiento sigue siendo unitario y, cuando una precipitación intensa supera su capacidad hidráulica, los aliviaderos cumplen una función de seguridad, aunque puedan trasladar contaminación al medio receptor. Conviene ser precisos: este episodio corresponde a Málaga capital y no puede extrapolarse sin más al conjunto de la Costa del Sol. En julio, Marbella registró también una incidencia microbiológica puntual, resuelta pocos días después, sin que deba atribuirse automáticamente al saneamiento.

También conviene reconocer que EMASA no parte de cero. La empresa municipal viene ejecutando separación de redes, nuevos colectores y mejoras de aliviaderos, y prevé seguir aumentando la red separativa junto con tanques de tormenta y otras soluciones de retención. Adaptar una ciudad consolidada exige tiempo e inversión sostenida. El reto es mantener una política inversora estable y acompasada con el crecimiento.

La nueva Directiva europea sobre aguas residuales urbanas refuerza esa dirección. España deberá transponerla antes del 31 de julio de 2027 y las aglomeraciones de 100.000 habitantes equivalentes o más deberán disponer, antes de finalizar 2033, de planes integrados que aborden también los desbordamientos de aguas de tormenta. La norma exige reducirlos mediante prevención, almacenamiento, optimización de infraestructuras y soluciones verdes y azules. 2033 puede parecer lejano, pero para las infraestructuras hidráulicas es prácticamente mañana: diagnosticar, proyectar, autorizar, financiar y ejecutar consume años.

El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo

El episodio de las playas sirve para abrir el foco. Málaga ha crecido durante décadas en población, urbanización, actividad económica y demanda de servicios. La pregunta es si sus infraestructuras de agua han crecido con ella. Un territorio sometido a fuertes puntas estacionales necesita dimensionar redes, bombeos, colectores y depuradoras atendiendo a habitantes equivalentes, caudales punta, cargas contaminantes y escenarios reales de crecimiento. Y necesita margen. Llevar permanentemente un sistema cerca de su límite reduce su resiliencia.

El último análisis de Ecologistas en Acción sobre las EDAR andaluzas permite medir mejor otra dimensión del problema. Málaga alcanza un 89,1% de población beneficiada por depuradoras construidas o en construcción, una cobertura elevada, aunque inferior a la media andaluza, situada en el 93,1%. Pero disponer de infraestructura no significa necesariamente que funcione conforme a las exigencias de calidad. De las 43 depuradoras malagueñas de más de 2.000 habitantes equivalentes con datos disponibles en REDIAM, solo 21 cumplen la normativa y 22 no. Málaga no llega así al 49% de conformidad y se sitúa en 2025 como la provincia andaluza con peor grado de cumplimiento. Desde 2013 ha perdido casi 23 puntos porcentuales de conformidad.

Detrás de estas cifras hay problemas distintos —carga orgánica, sólidos, nutrientes, reparación, adecuación o ampliación— y sería injusto reducirlos a una única causa. Pero algunos casos son reveladores en un territorio de enorme presión turística. La EDAR de La Víbora, que presta servicio a Marbella, Mijas y Ojén, trata alrededor de 105.000 metros cúbicos diarios, está dimensionada para unos 525.000 habitantes equivalentes y aparece por primera vez como no conforme en el análisis de 2025. En Frigiliana, el informe recuerda que la instalación había alcanzado el límite de su capacidad y que las actuaciones realizadas no han resuelto los incumplimientos. Son situaciones distintas, pero plantean la misma cuestión: cuánto margen dejamos a infraestructuras sometidas a fuertes variaciones estacionales y a territorios que continúan creciendo.

Aquí aparece también la gobernanza. El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo. Se necesita, por tanto, planificación coordinada entre entidades locales, entes supramunicipales, comunidad autónoma y Estado, pero coordinación no significa diluir responsabilidades: cuando una Administración asume la ejecución de una infraestructura imprescindible, su retraso condiciona también la capacidad de las demás para cumplir sus propias obligaciones. Allí donde existe gestión privada o mixta, las administraciones deben conservar capacidad técnica para controlar y exigir inversiones; y donde la gestión es pública debemos exigirnos el mismo rigor y anticipación. Ningún contrato sustituye una política pública del agua.

Transformar estos sistemas exige inversión, pero también mantenerla en el tiempo y convertirla con anticipación en infraestructura efectiva. Suelos, evaluación ambiental, expropiaciones, autorizaciones, convenios, proyectos, licitación y construcción pueden consumir años. Precisamente porque conocemos esos plazos tenemos que empezar antes.

No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos

Málaga Norte resume esta realidad. Concebida como una gran infraestructura supramunicipal para cinco municipios, la solución prevista en la Vega de Mestanza quedó anulada judicialmente después de años de tramitación. La necesidad permanece y llegar tarde también cuesta dinero. El retraso en resolver el incumplimiento asociado a Alhaurín el Grande seguía suponiendo, según la última información oficial disponible, más de 634.000 euros de multa cada seis meses, después de acumular ya 17,5 millones de euros en sanciones. En 2010 se declararon además 47 actuaciones agrupadas de saneamiento y depuración de interés autonómico en Málaga, con alrededor de 390 millones de euros de inversión prevista, y más de quince años después el proceso aún no puede darse por concluido.

Por eso aparece inevitablemente el canon de mejora. A cierre de 2024, la diferencia entre los ingresos acumulados del canon y la inversión financiada con cargo a él alcanzaba 597,09 millones de euros, mientras la Cámara de Cuentas cifraba en 678,28 millones la desviación de financiación acumulada. En 2023 el canon quedó bonificado al 100%, dejando de recaudarse alrededor de 140 millones de euros mediante un tributo afectado a infraestructuras hidráulicas, y en 2026 se amplió temporalmente su destino para determinadas actuaciones vinculadas a daños por inundaciones.

Son decisiones que pueden tener razones atendibles. Pero es legítimo preguntarse si, mientras persiste un déficit histórico de saneamiento y depuración, no debemos preservar la capacidad inversora del propio sistema del agua. El problema no es solo cuánto se recauda, sino cuánto tarda ese dinero en convertirse en infraestructura y si somos capaces de anticiparnos. En materia de agua sigue siendo válida una idea sencilla: el dinero del agua debe volver al agua.

El debate no debería terminar en un intercambio de reproches. Necesitamos cooperación institucional exigente, prioridades transparentes y capacidad de ejecución. Los operadores, las organizaciones sociales y profesionales y la universidad debemos aportar conocimiento y colaborar en las soluciones. Ser un interlocutor crítico no significa situarse enfrente de quien toma las decisiones: significa señalar con rigor lo que no funciona, reconocer lo que sí se está haciendo y contribuir a que las soluciones lleguen antes.

Málaga ha sabido construir uno de los grandes destinos turísticos de Europa y ese éxito debe ser motivo de orgullo. Precisamente por ello necesita sistemas de agua urbana capaces de acompañarlo. Una sequía puede terminar cuando vuelve la lluvia, una playa puede reabrirse cuando mejora una analítica y una emergencia puede desaparecer de los titulares. Lo difícil de recuperar es el tiempo perdido.

No podemos seguir llegando tarde. No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos. Porque la verdadera resiliencia no consiste únicamente en responder bien a la siguiente crisis, sino en haber hecho antes el trabajo necesario para que sus consecuencias sean menores.