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Por supuesto, no nos callarán

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Los sindicatos de clase iniciamos hace ya más de un mes bajo el lema  “No nos callarán” una campaña de movilizaciones que, precisamente, esta semana nos llevó a concentrarnos ante las delegaciones del gobierno de toda España.

No nos callarán frente a la ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical. Sólo en Andalucía a 32 compañeros les han abierto expedientes penales por participar en diferentes huelgas generales, compañeros que en ningún momento mantuvieron una actitud violenta o coactiva que supusiera un riesgo cierto para la integridad de las personas o bienes. 32 compañeros y compañeras andaluces.

Durante 2013 nuestros servicios jurídicos han instado 40 procedimientos judiciales en defensa de derechos fundamentales y 21 más en relación a la libertad sindical.

Lo cierto es que la actuación de la Fiscalía está menoscabando el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga, respaldado por la Constitución española. Se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima y está, con ello, generalizando un clima de alarma social en torno a un derecho fundamental como es el derecho a huelga.

La cuestión es… ¿Por qué se está aplicando hoy el artículo 315 del código penal para juzgar a los compañeros cuando hasta hace bien poco se juzgaban bajo el artículo 172 referido a las coacciones fuera y dentro del ámbito familiar?

Esto hace que en el caso de los trabajadores, sólo con coaccionar ya se exponen a 3 años de cárcel; en el caso de los empresarios hace falta demostrar que hubo violencia. Agravio comparativo ¿no creen? Exceso de celo ¿verdad? Y, además, parece que en el caso de Carlos y Carmen su único delito fue participar en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Es algo palpable que se está intentando criminalizar la actividad sindical. No solo se están causando perjuicios a las personas encausadas, tanto en lo que se refiere a su situación económica como a la repercusión que pueda tener en la esfera de su libertad personal enfrentarse a penas de prisión, sino que también se están causando perjuicios sobre la propia organización sindical y el desarrollo de su actividad sindical en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

Parece que el objetivo es provocar desaliento, desanimar a los ciudadanos y trabajadores para que no participen en movilizaciones o protestas que se puedan percibir como un riesgo de ser encausados. Todo un despropósito que no frenará a las centrales sindicales en sus posicionamientos. Esta semana salimos a la calle miles de personas en toda España y volveremos a hacerlo siempre que sea necesario.

Es algo palpable que las protestas que hemos convocado en los últimos años contra los recortes, las políticas de austeridad, los despidos, la privatización y la merma de servicios públicos o derechos sociales han sido siempre un éxito de participación y ausencia de violencia. 

Por mucho que lo intenten, nada ni nadie podrá negarnos nuestro papel como agentes sociales en representación de la clase trabajadora. Seguiremos alzando una sola voz, la de los trabajadores, para defender nuestros derechos. Los derechos que tanto trabajo ha costado conseguir en tantos años de lucha sindical. Y por supuesto, no nos callarán.


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