Una concejala de Isla Cristina reprocha al Ayuntamiento que culpe al PP de crear violencia por la O.R.A.

La puesta en marcha de una agresiva campaña de control del aparcamiento mediante zona de Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (O.R.A.) en Isla Cristina está a punto de provocarle un dolor de cabeza al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE-PA) y a su alcaldesa, María Luisa Faneca (PSOE) en su propio partido.

Faneca recién elegida secretaria de agricultura del PSOE federal), que gobierna su pueblo en coalición con el PA, ha puesto en marcha una ordenación del aparcamiento que, de momento, hasta el 1 de agosto, está en fase informativa, pero la reacción del Ayuntamiento a un suceso ocurrido el pasado viernes, una presunta agresión a un vigilante, puede provocarle una crisis inesperada, que estalló este domingo cuando volvía del congreso en el que Pedro Sánchez era elegido secretario general de su partido.

Porque el Ayuntamiento de Isla Cristina denunciaba la agresión sufrida por un vigilante de la zona O.R.A. de aparcamientos de la localidad, afectado por una crisis de ansiedad tras ser rodeado por cuatro individuos que le quitaron sus folletos, le insultaron y le rodearon varios minutos.

En un comunicado, el Ayuntamiento lamentaba y mostraba su repulsa por esta agresión “así como los insultos y coacciones de algunas personas, conductores y viandantes contra otros de sus compañeros, que durante estos días y hasta el próximo 1 de agosto que comience a funcionar el sistema de aparcamiento regulado, realizan labores informativas”.

Así, entendía que “esto es el fruto de la campaña de intoxicación que algunos partidos políticos y allegados a éstos han puesto en marcha de forma inconsciente y electoralista con tal de desgastar a los mandatarios locales, sin valorar hasta dónde pueden llegar estas acciones y que hoy, por desgracia, se ha materializado en una agresión que esperemos sea la última”.

Y es que, a pesar de que la Zona O.R.A. de Isla Cristina tan sólo estará vigente durante el mes de agosto y quince días de septiembre, algunas formaciones políticas, como PP e IU, “tergiversan, manipulan y caldean a una población susceptible de recibir mensajes confusos de forma interesada y partidista”, lamenta el Ayuntamiento.

De hecho, señalaba directamente a uno de los precursores de la recogida de firmas contra la Zona O.R.A. Concretamente al exconcejal del Partido Popular, Juan Carlos Vélez, y eso ha enfadado no sólo a la oposición, sino a alguien de su propio equipo de gobierno.

“Se trata de desprestigiar a un ciudadano”

Su propia concejala de Desarrollo Local, Montserrat Márquez, publicaba una corta pero concisa carta este domingo en su perfil de facebook en la que dejaba claro que el asunto puede traer cola: “Como concejal de la corporacion municipal de Isla Cristina no tengo más remedio que calificar como totalmente desafortunado el comunicado emitido en nombre del Equipo de Gobierno al que pertenezco y en el que se trata de desprestigiar a un ciudadano isleño por ejercer su derecho a la protesta ante medidas que considera injustas. Para una persona de izquierdas, como me considero, la democracia no es votar cada cuatro años y callar el resto. Desde aquí mandar mi apoyo y solidaridad a Juan Carlos Vélez”.

A estas alturas, ya es más que pública la respuesta de la concejala socialista, como también del que durante ocho años fue concejal del PA -socio de gobierno- Miguel Cárdenas, que a través del mismo medio ha dicho textualmente: “Una de dos, o el responsable de los medios de comunicación es tonto o el responsable politico de los medios de comunicación ha perdido el norte. Si no hay otro comunicado pidiendo disculpa. entonces no respetan a los ciudadanos, por lo tanto tampoco merecen el nuestro”.

El PP local ha reacionado con un comunicado en el que rechaza cualquier acusación relacionada con la instigación a la violencia, aunque para gráfica, la respuesta de la concejal popular Gema Isabel Gutiérrez: “Si hay alguien que amparado bajo manto bendito de un equipo de Gobierno municipal tiene cojones de acusarnos de instigar agresiones a trabajadores municipales o privados, a mi o alguno de mis compañeros de grupo municipal que sepa que se podría enfrentar a una querella por injurias o calumnias. Me tenéis hasta el mismísimo ”jopo“ (sic) vais a perder las uñas de tanto agarraos al butacón.

Si este asunto provoca una crisis de gobierno en el Ayuntamiento de la costa onubense parece que es algo que se sabrá en cuestión de horas.