Arcos de la Frontera, investigado por contratos irregulares a cambio de informes favorables

Dos informes contrarios entre sí, un contrato y una denuncia judicial por “enchufismo”. Es el capítulo de presunta corrupción política que acontece en Arcos de la Frontera (Cádiz). El alcalde niega la mayor: “¿qué problema hay?”, dice José Luis Núñez (PP). Pero la edil independiente Petra Macías, imputada en el caso, ha declarado en sede judicial que la hija del interventor municipal fue contratada en el Ayuntamiento arcense con la intención de que éste cambiase el sentido de aquellos documentos.

Esta información a la que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón de Filtrala que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia, transfería los referidos expedientes. El primer informe negativo de Intervención apela –el 18 de junio de 2014– al Gobierno local a “no adjudicar nuevas obras ni inversiones”. Un par de meses más tarde –el 13 de agosto–, otro documento interno contradice al anterior y permite actuar al Consistorio dirigido en coalición por el Partido Popular y la Alternativa Independiente Progresista (Aipro).

¿Qué cambió en ese tiempo? Según Macías, concejal de la formación autónoma, el criterio en la valoración del interventor, Antonio Muñoz, varía tras la contratación de su hija. Así lo explicaba la denuncia anónima enviada a este medio: “Informes del Interventor de Arcos, negativo a realización de obras. Informe2 positivo tras contratar a su hija. Aún continúa contratada y se están haciendo multitud de obras”.

Contrataciones “de 25 familiares y personas afines”

La querella que dio pie al juicio por presunto “enchufismo” fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014. Ratificada en diciembre por el juzgado, la denuncia está dirigida contra el alcalde y otros ocho concejales de PP y Aipro, que conforman Gobierno, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular en el Ayuntamiento de 25 familiares y personas afines.

Así, según fuentes del caso que cita Europa Press, Petra Macías ha manifestado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos que Manuel Erdozain –concejal de Aipro y también imputado– le contó que había metido a trabajar a la hija del interventor para que éste cambiase un informe que prohibía hacer más contratos “por falta de liquidez”.

El juez dio un plazo de diez días al Ayuntamiento para que aportase información pero, explican las fuentes consultadas, en la entregada en sede judicial por el alcalde arcense “no hay ningún expediente que constate proceso de selección alguno”. Indican, además, que el primer edil se habría limitado a “echar culpas y responsabilidades hacia los demás”.

“Los interventores suelen poner peros, recomiendan… pero si la situación económica del Ayuntamiento cambia, ¿qué problema hay?”, cuestiona el propio José Luis Núñez en declaraciones a eldiario.es/Andalucia. El alcalde popular de Arcos niega la relación causa-efecto entre el cambio de criterio de intervención municipal y posteriores contrataciones.

“Desconozco esos informes” emitidos por el interventor accidental del Ayuntamiento, “que además se pueden referir a una situación puntual”, reitera. “Y no sé ni cómo se llama la niña”, incide Núñez en alusión a la hija del funcionario, contratada en un presunto caso de enchufismo que investiga la justicia.

Este periódico se ha puesto también en contacto con el interventor de Arcos, que admitió haber realizado sendos informes con contenido contradictorio entre sí. Achacó este extremo, en todo caso, a la aplicación de baremos económicos como la prescripción de pagos y cobros del periodo comprendido entre 1991 y 2001 que hacían mutar la situación puntual del Consistorio que impedía realizar nuevas obras y actuaciones. Ahora estos expedientes forman parte de la causa por presunto “enchufismo” continuado que investiga la sede judicial arcense.