Frente a una “migración imparable”, la apuesta oficial es reforzar barreras

José Bartolomé Martínez mostró al centenar y medio de personas que participaban en las jornadas Visión de la inmigración desde los derechos humanos su vaso de cristal y dijo: “Pretender contener el flujo migratorio con control fronterizo y CIES es aspirar a meter el mar en vasos así” y aplaudieron miembros de ONGs, abogados, trabajadores sociales y psicólogos . José Bartolomé Martínez es Jefe de la Unidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es decir, personal del Defensor del Pueblo.

Y en esa mesa sobre los CIES estaba Francisco Coria, asesor del secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que dijo “ser consciente de que los CIES no cumplen las condiciones deseables” y que “para afrontar esta cuestión además de la eficacia que Europa exige con control de fronteras y deportaciones hace falta inversión en cooperación”. Opinión, aclaró, a título personal, frente a las medidas oficiales: de tres nuevos CIES, uno en Algeciras “y la prolongación del internamiento hasta año y medio”. 

Las jornadas se habían inaugurado cuatro horas antes con el aviso del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, de que “la creciente llegada de pateras por el Estrecho no es un problema coyuntural sino estructural y Andalucía será la principal puerta a la UE si se consolida la ruta de Argelia al Alborán”. Su homólogo nacional, Francisco Fernández Marugán ratificó que “con la huída de guerras como la de Siria, hay inmigración estructural por la miseria de la ribera sur del Mediterráneo que la rica Europa ha ignorado”.

Marugán, en funciones desde la renuncia de Soledad Becerril, aludió a su sensibilidad -de ex diputado socialista- antes de diagnosticar: “el problema surge por desidia administrativa y política en los últimos tiempos que hace que estemos como cuando llegaron las primeras pateras hace veinte años”. A modo de propuesta, “en vez de improvisar, como quienes creen que los inmigrantes vendrán sólo los fines de semana soleados”, Fernández Marugan subrayó que “España debe impulsar en la UE esa especie de Plan Marshall que quiso ser el Plan África (2006) que retenga a la población en su territorio”.

La consejera de Justicia de Andalucía, Rosa Aguilar, fue aún más beligerante en el tono y datos. Contextualizó el fenómeno de la migración “en un mundo más interconectado y con más desigualdad, donde los ocho más ricos poseen lo mismo que 3.600 millones de seres humanos, la mitad mundial”. Criticó que la UE sólo haya acogido a uno de cada cuatro refugiados de los 160.000 que se comprometió en 2015 y que el Gobierno español sólo haya traído “a 1.083 de los 17.337”. “Parece que no tienen intención de hacer más” dijo para afirmar, en contraste, la acogida por Andalucía de 1.115 personas, 892 de ellas procedentes de Siria y el resto de Irak, Palestina y Eritrea y que “es la única con dispositivo para menores no acompañados tutelados por el centro de Motril”.

Su discurso, con recuerdo a la migración española en la Guerra Civil, denuncia de la Ley Mordaza, referencia a la reciente condena del Tribunal de Estrasburgo a las devoluciones en caliente del Gobierno de España y oferta a las ONGs de cooperar más entusiasmó al politólogo Sami Naïr que antes de iniciar su conferencia ¿Hacia donde va Europa en materia de inmigración?“ propuso a Aguilar firmar con el ex ministro Angel Gabilondo y el ex rector de la Universidad autónoma de México y él un texto que, dijo, presentará el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para hacer ”coaccionantes, vinculantes los derechos humanos y así estabilizar el mundo“.

Quien fuera Delegado para el codesarrollo en el Gobierno de Lionel Jospin (1998-9) pidió visión de futuro ante un panorama de envejecimiento demográfico europeo (“en marzo de 2015 por primera vez, tras la II GM, hay más muertes que nacimientos en el continente”) y el gran aumento de población en el Magreb, África subsahariana e India. Un juego de vasos comunicantes donde la desigualdad juega un papel clave “pues hay tres polos de riqueza: la UE, China-Japón y EEUU y las personas buscan el trabajo”.

“África va al estallido”, alertó Naïr, porque lo invertido en cooperación no ha producido desarrollo social y “o encontramos alternativa al muro de Shengen que la UE construyó meses después de celebrar la caída del de Berlín” o se llegará a una situación conflictiva. En su análisis, el aumento del paro en el primer mundo ya alimenta “una revolución pasiva en Europa y EEUU de masas que se sienten legítimamente amenazadas y avanzan a un injustificable racismo”. “Hay que tener visión y pensar en 2050”, añadió, “para afrontar este fenómeno que es imparable”.

El Jefe de Prevención de la Tortura, José Bartolomé Martínez, en la mesa sobre CIES cuantificó “en 6.000 o 7.000 euros lo que cuesta materializar cada expulsión” y Elisa García, autora del informe Razones para el Cierre del los CIES del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración, apuntó que el 71 por ciento de los retenidos en CIES no llegan a ser deportados, “¿Así que cuál es la razón de retener a quien no ha delinquido, en la cárcel de Archidona o en CIES con mucho carácter penitenciario?”

Esta mesa que completaba Jose Javier Sánchez Espinosa, de Cruz Roja -la única entidad autorizada a estar en los CIES- fue la que suscitó más intervención del público en el debate por las criticas de miembros de ONGs y periodistas que exigieron el acceso a CIES y barcos de Salvamento, como de responsables de atención a migrantes de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla disconformes con la política migratoria nacional. La trabajadora municipal, a título personal, apuntó a la repoblación de la España vacía y la mesa consideró dispositivos de geolocalización. 

El aspecto más técnico-jurídico corrió a cargo del letrado del Tribunal Constitucional, José Miguel Sánchez Tomás quien desgranó cómo la Constitución fija “derechos fundamentales que no humanos en una elección no inocente”. Tras una segunda década de desarrollo ilusionante por sentencias que extendían derechos a los extranjeros, como la asistencia jurídica gratuita, en los últimos diez años ha habido una evolución “que ha llegado a hacerme llorar, en el Constitucional, cuando la sentencia 155/2015 denegó a los migrantes en situación irregular el derecho a la educación o la 139/2016 declaró constitucional el Real Decreto de 2012 que les excluye de la sanidad universal”. Una tránsito, en palabras de Sánchez Tomás, del “welfare state al workfare state, es decir de un Estado de bienestar al de derechos sólo para ciudadanos nacionales y con empleo”.

Las dos mesas redondas de la tarde abordaron, respectivamente, Los obstáculos para la integración de migrantes y refugiados y la Información sobre derechos humanos y migración. En la primera Cristina Almeida asesora Jurídica de Cáritas, Mercedes Alconada de CEAR y Anabel Quirós de Algeciras Acoge, plantearon sus exigencias de mayor coordinación y eficacia a Isabel Segura, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratoria de la Junta y la Jefa de la Oficina de Extranjería de Sevilla, Francisca Gutiérrez. Esta reconoció “falta de personal y presiones que llevan a resolver masivamente expedientes” y mostró resquicios para reagrupar familiar por enfermedad mientras que a Isabel Segura, desde el público, le repuso Saloua Bouzid de Cepaim “que hay problemas en la asistencia educativa a los niños refugiados” porque “se les asigna curso de su edad, aunque no saben el idioma, sin profesores de refuerzo tras años sin colegio y con traumas por la guerra”. 

Anabel Quirós de Algeciras Acoge denunció “un muy mal servicio de asesoramiento jurídico en el campo de Gibraltar”, falta de seguimiento de menores “que se escapan de los centros” y que hasta la ropa de los CIES o los entierros y acompañamiento a familiares están corriendo a cargo de las entidades. “Hay un tema en que voy a ser radical”, apuntilló Mercedes Arconada de CEAR: “el sistema empuja a las inmigrantes a la trata” y a todo el colectivo al mercado negro con la negativa a dar permiso de residencia y trabajo durante tres años. 

“El viento de la historia ha cambiado”, sentenció en la mesa sobre periodismo el primer Premio Pulitzer español, el fotoperiodista Javier Bauluz. “Es la frase cierre de un mitin de Marine Le Pen”, explicó, “y retrata este cambio de la empatía y derechos humanos a la criminalización de migrantes, refugiados, y hasta la ayuda humanitaria, como Médicos sin Frontera o Pro-activa en aguas de Libia o Helena Maleno”.

La compañera de Bauluz en Periodismo Humano, Patricia Simón, y la también freelance especializada en migraciones Fabiola Barranco criticaron la poca presencia del tema y el tratamiento general en los medios. “A veces creo que no deberíamos existir”, sentenció Simón, “porque la mayoría ciudadana se informa por la TV que nutre el fascismo”. Pese a ello y la precarización laboral que, se expuso, afecta a la calidad informativa, la proyección de fotografías de la exposición “Buscando refugio a mis hijos” que tras Cádiz y Málaga Bauluz aspira a montar en Sevilla y el debate desembocaron en la relevancia del derecho a la información. 

“Si se informara de que migrantes no denuncian delitos penales por miedo a ser deportados”, planteó desde el público el abogado Max Adam, experto en vulneración de derechos de migrantes, “sería un escándalo, la ciudadanía reaccionaría y se lograrían más denuncias como ha pasado en la violencia de género”, lo que los periodistas encajaron escépticos.

Todo en un día en que el Consejo Europeo apostó por anular el acuerdo de acogida de refugiados que, en 2015, impulsó la Comisión, Javier Bauluz informó en directo de cómo varios medios trataban de “motín” una protesta por comida de los inmigrantes encerrados en la cárcel de Archidona y se rescataban en el Alborán tres pateras con 92 personas, entre ellos dos menores y un bebé. Al día siguiente, en el mismo mar, más pateras cargadas de seres humanos, unos rescatados, pero también ahogados.