La lucha contra el fraude fiscal en Andalucía ha hecho aflorar 277 millones de euros
El plan de lucha contra el fraude fiscal que la Consejería de Hacienda y Administración Pública aprobó el verano de 2012 ha hecho aflorar en año y medio un total de 277 millones de euros, correspondientes en su mayoría a impagos de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones, es decir, básicamente los que gravan compra venta de inmuebles y herencias. En este sentido, pese a que pueda parecer una cantidad pequeña hay que verla en relación a los impuestos propios de la Junta de Andalucía o los que tiene cedido, que no superan los 1.900 millones de euros por ejercicio (menos del 10% del total de ingresos).
Lo ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha expuesto que se han superado las expectativas, dado que para los presupuestos autonómicos de 2013 se esperaban ingresar unos 250 millones de euros por este concepto. No obstante, ha aclarado que no quiere decir que ya se haya recuperado todo este dinero de la economía sumergida porque muchos expedientes están con alegaciones. Eso sí, ha asegurado que para 2014 se espera superar esta cantidad y rondar los 300 millones de euros reclamados a los ciudadanos que no hacen las correspondientes autoliquidaciones, “no siempre por mala fe, sino a veces por desconocimiento”, mientras que en otras ocasiones ocurre que no se declara todo.
De hecho, no sólo ha agradecido el trabajo de los 706 empleados de la Agencia Tributaria de Andalucía, sino también el hecho de que “tres de cada cuatro andaluces cumplan con sus obligaciones”. En este sentido, desde que en 2010 se creó esta agencia, para la que este martes se ha renovado el contrato, se han recaudado más de 7.300 millones de euros, de los que sólo el 25% ha sido por levantamiento de acta o sanciones por parte de la misma. Dentro de la renovación del convenio aprobada por el Consejo de Gobierno, para el periodo 2014-2017, se prevé que su plantilla se incremente hasta los 800 empleados.
La consejera ha dicho también que el “éxito” de este modelo ha estado en el “cruce de datos e información” con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que es lo que permite descubrir este fraude. “El Gobierno de la Nación va a extender este modelo a otras comunidades autónomas porque está funcionando el intercambio masivo de información para sacar a la luz lo que podía estar oculto”, ha recalcado, y ha anunciado que se trabaja convenios también con el Colegio de Notarios y las administraciones locales para controlar más información relativa a catastros e inscripciones en registros de manera que se garantice que todas las personas físicas y jurídicas cumplen con obligaciones con el fisco.
Sobre la Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, de la que el pasado mes de septiembre se aprobó el anteproyecto, ha expuesto que todavía está pendiente de ser remitida al Consejo Consultivo para su informe, pero espera que esté en el Parlamento de Andalucía antes del verano. En este sentido, ha subrayado que lo que comenzó como un plan se pretende que sea “permanente” en el trabajo que desarrolla la agencia, pese a lo que ha advertido que lo suyo es que las cantidades que vayan aflorando sean cada vez menores debido precisamente a estos controles, que invitan a que se cumpla.
