“Por fin a casa”: la salida de mayores andaluces sanos de las residencias, entre la vuelta imposible y el esperado regreso

Este pasado fin de semana se registraban las primeras altas de un establecimiento medicalizado por la Junta de Andalucía, concretamente el Hotel Alcora de Sevilla. Eran cuatro personas mayores que habían sido trasladadas allí tras resultar contagiadas en el cercano centro residencial Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, uno de los centros con mayor concentración de fallecidos en la comunidad andaluza, y adonde precisamente regresaban con el alta bajo el brazo.

Hay otro tipo de casos relacionados con estos mayores y estos centros, que han acogido por desgracia aproximadamente un tercio del total de muertes en Andalucía, pero que tienen el sabor agridulce del no contagio y de las dificultades para salir de alguna de estas residencias. Son historias de familias que han intentado que la persona mayor residente abandonase por precaución alguno de esos centros asistenciales al no tener el virus y asumir ellos el cuidado.

Tras muchas jornadas de espera desde que el coronavirus alcanzara de lleno las residencias, vieron que la Instrucción del viernes 10 de abril les abría la puerta para poder seguir con los cuidados en un ambiente familiar, ahora con todos los miembros sin poder salir de casa y con el claro objetivo de no arriesgarse a un contagio más probable en este tipo de centros. La Consejería de Salud y Familias había autorizado hasta el pasado viernes la salida de 25 de estos ancianos no contagiados tras recibir 32 peticiones en ese sentido.

Ha sido la suerte de Salomé tras una complicada travesía. “Hoy a las 20 horas nos la traemos por fin a casa”, dice con satisfacción apenas dos horas antes de la salida de su madre del centro Joaquín Rosillo, precisamente. Dio negativo en la prueba PCR tras dar positivo en el test rápido. Cabe recordar que, según la Instrucción de la Junta, “la persona que vive en un centro residencial que permanece estable y sin síntomas asociados a la COVID-19, que quiera volver de forma voluntaria al domicilio familiar, podrá hacerlo una vez realizada prueba diagnóstica tipo PCR para COVID-19 con resultado negativo o bien prueba de detección de anticuerpos IgG para COVID-19 con resultado positivo, con la recomendación de quedar en aislamiento en el domicilio familiar durante un periodo de 14 días y seguir las indicaciones generales vigentes en cada momento para la situación de desconfinamiento”.

“Nadie nos informó de la normativa”

Según relata, desde la residencia sólo han informado a la familia de los resultados de los test, “sin mayores explicaciones”. Su madre estuvo “varios días confinada en una habitación con otra persona que estaba enferma” y la familia empezó a hacer “elucubraciones” durante varios días tras saber que había dado positivo en el test rápido. “Hay personas que han dado positivo en el test rápido pero no le han hecho el PCR, no sé por qué, y sus familiares no pueden exigir que la dejen salir”, explica esta mujer.

Todo ello después de varios correos y llamadas “sin respuesta” para intentar sacar a su madre. “Nadie nos informó de que la normativa del día 10 de abril existía, es muy fuerte, pero di con ella por Internet. Rellenamos rápido los papeles pero empezaron a marear a mi padre, que los mandara a otra dirección, etc.”, explica. Un ultimátum legal de 24 horas provocó la respuesta de la residencia y, tras una última llamada, le comunicaban que podrían recoger a su madre la misma tarde en la que trasladaba  su testimonio a este periódico.

“Mi padre y mi hermana son médicos y han movido Roma con Santiago para ver qué estaba pasando, qué norma se aplicaba pero, ¿y quién no tiene esos medios o esas posibilidades o esos conocimientos?”, se pregunta, ¿por qué hay que presionar por algo a lo que se tiene derecho?“. ”A la familiar de una residente le han llegado a decir que tenían muchas solicitudes“, apunta esta mujer, que considera que ”los cuidados no pueden ser un negocio y esto ha terminado de demostrarlo“.

“Los familiares se sienten frustrados”

Familiares de otra residente con los que ha contactado este periódico lamentan que las personas mayores “no pueden salir hasta que no se les haga uno de los dos test oficiales, reconocidos por la Junta de Andalucía como válidos”. Según Nicolás López, portavoz de la Asociación de Familiares Residencia Huerta Palacios de Dos Hermanas (Sevilla), la semana pasada le hicieron los test rápidos de detección del coronavirus de la Junta de Andalucía a su familiar y el martes dieron resultado negativo.

“Está libre de virus pero el test rápido sólo confirma el positivo (hay un porcentaje tan alto de falsos negativos que el resultado no es oficial), así que mi abuela, por ejemplo, no puede salir de la residencia porque el test que le han hecho no cumple con los requisito de la Junta de Andalucía para salir de la residencia. No es un galimatías, es la intrincada realidad en los tiempos del coronavirus”, añade. “El test realizado no cumple con los requisitos del BOJA. Eso nos dijo el director por teléfono.

“El test ha dado negativo pero el director nos dijo que esos test sólo son fiables al 80% y que, como no son los que dice el BOJA, no puede autorizar la salida”, indica el portavoz, que comenta que a la semana volvió al centro uno de los residentes hospitalizados para continuar el tratamiento en la residencia. Son ocho residentes positivos en total en el centro, aislados todos en la segunda planta. Según información reciente de la Junta de Andaucía, de los 35.000 tests que se han ejecutado en residencias, casi el 98% de las personas testadas no está contagiada.

Sin requisitos

La cuestión es que, a juicio de este familiar, ahora mismo ningún residente de ese centro puede salir porque “a pesar del negativo del test rápido, no cumplen con los requisitos del BOJA”, señala el portavoz, que detalla que, en este centro, después de los test rápidos, el resultado es de 14 casos positivos entre residentes y sanitarios, con tres nuevos positivos después del test, con dos hospitalizados y el resto en la residencia. “Los familiares se sienten frustrados. Parecía que se abría una puerta pero de momento todo se queda en el aire”, lamenta.

Según detalla este familiar, “no podemos sacar a la abuela” pese a que “en los últimos días están cambiando las reglas para sacar a los ancianos”. “Según la última información que nos han dado, todos los familiares tienen que hacerse una prueba PCR negativo para poder acoger a los mayores. En la residencia lo están estudiando. No tenemos muy clara la situación, parece que cambian las reglas cada día”. Fuentes de la Consejería explican que la instrucción del 10 de abril sigue siendo “la misma” salvo un detalle acerca de la notificación de datos personales de la familia que se lleva el residente. “Seguimos sin recibir una información clara y todos los días nos dicen algo nuevo”, apunta este familiar.

Por su parte, Martín Durán, presidente de la FOAM (Federación de organizaciones andaluzas de mayores), que engloba a 480 asociaciones de mayores y 350.000 personas, tiene constancia de al menos tres familias que se han llevado “sin mayor problema” a residentes pese a reconocer que sólo se están haciendo los tests rápidos. “Lo que tengo entendido es que si una persona está asintomática y da negativo debería salir de la residencia”, indica.

Un tercio de los fallecimientos

Según indicó el viernes pasado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, el índice de fallecimientos por coronavirus en las residencias andaluzas es de tres casos por cada 100.000 habitantes, y 38.004 residentes no presentan síntomas ningunos de la COVID-19 ni están en aislamiento, mientras que hay 1.865 que están en aislamiento preventivo, aunque sin síntomas, y 728 con síntomas de sospecha de estar contagiados. En total, entre los residentes se acumulan en Andalucía 1.675 casos confirmados de coronavirus.

Por su parte, entre los trabajadores que prestan sus servicios en esas residencias, hay 677 casos confirmados, más otros 333 que presentan síntomas de sospecha, mientras que en otros centros sociosanitarios son 202 los casos confirmados de coronavirus, según desgranó Marín. El vicepresidente también expuso que se estaba realizando la adaptación clínica de 13 centros residenciales en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Almería, y se habían habilitado tres espacios de evacuación para los centros residenciales en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.