La Fiscalía investiga las obras en varias calles de Granada por posible exposición al amianto de trabajadores y vecinos

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si el Ayuntamiento de Granada ha expuesto a vecinos y trabajadores municipales al amianto, un material altamente cancerígeno, durante unas obras municipales. En concreto, el Ministerio Fiscal está analizando la denuncia presentada por una plataforma vecinal que ha comprobado que en la remodelación de varias calles de la ciudad se habrían podido cometer varios delitos contra la salud pública, la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

Según el escrito, al que ha tenido acceso este medio, las obras ejecutadas en varias calles de la capital -Emperatriz Eugenia, Gran Capitán y Avenida de Cervantes- se habrían realizado sobre antiguas canalizaciones de fibrocemento con amianto sin las medidas de protección que exige la ley. Dice el escrito que ni equipos adecuados, ni humeder el suelo para evitar que se dispersen las partículas, ni un plan de trabajo específico: el riesgo se habría gestionado, sencillamente, ignorándolo.

La denuncia parte de la plataforma 'Salvemos la Avenida de Cervantes', impulsada por vecinos y apoyada por Podemos Granada, que, tras tener conocimiento de otras obras similares en otras dos vías de la ciudad, ha decidido ampliar la demanda tras confirmar que la exposición al amianto se estaba produciendo de forma “descontrolada” en otras remodelaciones. En todos los casos, dicen, las zanjas se abrieron con tramos de tuberías de amianto al aire, mientras operarios y peatones pasaban sin equipos ni perímetros de seguridad. “Sólo pusieron un cartel de peligro amianto y una valla ligera”, denuncian, “pero el polvo ya estaba en la calle”.

Emasagra, la empresa municipal de aguas, ha sido la encargada de ejecutar estos trabajos de canalización dentro de un plan de mejora de infraestructuras que se está llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. En todos los casos, se trataba de obras de sustitución de conducciones antiguas -muchas de ellas fabricadas con fibrocemento-, en calles con una elevada densidad de población y tráfico peatonal, algunas incluso junto a centros escolares. Las actuaciones, sin embargo y según los denunciantes, se habrían realizado sin los planes de prevención y seguridad que exige la normativa estatal cuando existe presencia de amianto.

Un material cancerígeno

Algo grave porque, según explica la plataforma a través de diferentes escritos a los que ha tenido acceso este medio, la exposición al amianto -incluso a niveles bajos- es acumulativa y persistente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que no existe un umbral seguro, y que la inhalación de fibras puede provocar cáncer de tipo 1 después del contacto inicial, con un periodo de latencia en el aire de incluso 40 años. Por eso las medidas de prevención y control ambiental no son recomendaciones, sino obligaciones legales.

De hecho, el Real Decreto 396/2006 obliga a que, antes de cualquier obra que pueda alterar materiales que contengan fibras de amianto, se elabore un Plan de Trabajo con Amianto (PTA). Este documento debe especificar la metodología de retirada, las medidas de protección personal y ambiental, el control del polvo en suspensión, el tratamiento de los residuos y el perímetro de exclusión para evitar la exposición de la población. Dicho plan, además, tiene que ser aprobado por la autoridad laboral antes de iniciar la obra. Sin embargo, los denunciantes aseguran que en las canalizaciones ejecutadas por Emasagra no existía ningún plan de trabajo y que la presencia de amianto ni siquiera fue identificada en el Plan de Seguridad y Salud.

En las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Delegación de Empleo y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, la plataforma vecinal incluyen imágenes que evidencian cómo durante las excavaciones quedaron expuestos tramos de tuberías de fibrocemento, visibles a simple vista, mientras se retiraba tierra con maquinaria pesada. Las imágenes muestran la manipulación directa de esos tubos por parte de operarios sin equipos de protección adecuados ni procedimientos para humedecer el suelo y evitar la dispersión de fibras. Según los vecinos, “la única medida adoptada” tras hablar con los propios trabajadores fue colocar un cartel de advertencia y un vallado ligero. “Una respuesta más estética que preventiva”, explican en la denuncia.

No obstante, según Salvador Soler, el letrado de la plataforma que ha iniciado el procedimiento judicial, la omisión de medidas preventivas supone una infracción grave de la legislación laboral y ambiental, al tiempo que da pie a varios: contra la seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal), contra el medio ambiente (artículo 325) y de prevaricación administrativa y ambiental (artículos 404 y 329). En el caso de la obra de la Avenida de Cervantes, la denuncia añade otro elemento: la licitación se aprobó sin que se hubiese realizado la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, obligatoria en zonas urbanas de alta contaminación atmosférica como Granada, que tiene declarado un nivel de protección especial por calidad del aire.

Por eso, la plataforma vecinal pide que se suspendan las obras hasta que se garantice la seguridad y que se lleve a cabo una evaluación sanitaria urgente de las zonas afectadas, incluidas mediciones ambientales para determinar si existe contaminación residual. También solicitan la intervención de la Inspección de Trabajo y la apertura de expedientes sancionadores contra las empresas implicadas -Emasagra y Sorigué- por haber ejecutado las obras sin tomar las medidas adecuadas para los trabajadores y los viandantes.

No en vano, los denunciantes han recurrido tanto a la Delegación de Salud como a la de Empleo para que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto. Al respecto, desde el Ejecutivo regional confirman que están “estudiando las reclamaciones”, aunque fuentes del Gobierno andaluz admiten que se trata de “temas delicados”. No obstante, hasta la fecha no consta que se haya realizado inspección alguna ni se haya abierto un procedimiento formal. La Fiscalía, por su parte, está en plena investigación practicando diligencias para aclarar los posibles delitos e infracciones que se habrían cometido.

El ayuntamiento niega el problema

Sin embargo, el Ayuntamiento de Granada niega cualquier irregularidad. Fuentes del área de Urbanismo sostienen que “las obras cumplen con la normativa vigente” y que “no se ha producido exposición alguna a amianto”. También desde Emasagra insisten en que no se ha manipulado material peligroso y que “las canalizaciones sustituidas no contenían amianto”. Sin embargo, los denunciantes replican que existen evidencias gráficas y técnicas que demuestran lo contrario y recuerdan que la propia empresa reconoció a los vecinos, en reuniones informales, que el riesgo “no se había contemplado” en el plan inicial.

Por otro lado, desde el Consistorio argumentan que el Tribunal Administrativo de Contratos ha rechazado el recurso presentado por los vecinos sobre las obras de la Avenida Cervantes porque la licitación de la obra no supera los 3 millones de euros y la denuncia está impulsada por un partido político. Sin embargo, desde la plataforma recuerdan que la respuesta del tribunal es arbitraria y que dicho organismo no es “independiente” porque está nombrado por el propio Ayuntamiento de Granada. Para los denunciantes, desde el Consistorio “se banaliza el riesgo sanitario y ambiental”.

Pero la denuncia ha destapado un conflicto que va más allá de una obra concreta. Lo que se denuncia es una práctica generalizada de omisión: la sustitución de antiguas tuberías de fibrocemento sin aplicar los protocolos que exige la ley. Granada, como muchas otras ciudades, mantiene todavía una red subterránea instalada en los años 70 y 80, cuando el uso del amianto era habitual. Su retirada requiere procedimientos especializados, pero la presión por ejecutar obras y cumplir plazos acaba relegando los controles de seguridad. Algo que se estaría produciendo en este caso, tal y como denuncian los vecinos.

Mientras la investigación judicial avanza, las obras ya están terminadas y las calles, asfaltadas de nuevo. Ahora, queda la duda de si la ciudad ha convivido durante meses con un material que, por ley, debería haber sido tratado con protocolos de alta seguridad. Lo que las denuncias sostienen es que el Ayuntamiento y las empresas contratadas miraron para otro lado. Ahora deberá ser la Justicia la que determine si fue así o no.