La Junta de Andalucía pide 5 años de cárcel para tres activistas que ocuparon un edificio público contra un despido

Tres activistas -el cuarto falleció en octubre de 2023- se enfrentan a una pena de prisión de 5 años. Esa es la petición que hace al Juzgado de Instrucción 6 de Granada la Junta de Andalucía por unos hechos ocurridos en 2021 cuando estas personas ocuparon durante unos minutos las dependencias de la Delegación de Turismo para protestar contra el despido de una de ellos. El fiscal, por su parte, pide un año y siete meses. El juicio se celebrará el próximo 1 de febrero y los acusados han pedido una reunión con la Junta para llegar intentar un acuerdo.

La ocupación de este edificio público tuvo lugar hace ahora casi tres años. El 4 de marzo de 2021, varios activistas de colectivos como Unión Kellys Granada o del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se concentraron a las puertas de la Delegación de Turismo de Granada para protestar contra el despido de una trabajadora de la limpieza que había estado subcontratada y que, tras un cambio de empresa, se quedó fuera. Para el SAT, Vanesa Sánchez, que así se llama la trabajadora afectada, no había sido subrogada por pertenecer al sindicato a pesar de que llevaba 11 años trabajando como limpiadora para la Junta de Andalucía.

El caso, que se prolongó durante casi dos años, llevó al SAT a movilizarse a menudo a las puertas de la Delegación de Turismo para solicitar una reunión con el entonces delegado Gustavo Rodríguez (Ciudadanos). En una de ellas, en la del 4 de marzo de 2021, un grupo de los activistas decidió adentrarse en el edificio para realizar varias acciones simbólicas. Por un lado, registrar un escrito para exigir el encuentro con Rodríguez y, por otro, ocupar pacíficamente la sede y desplegar una pancarta en apoyo a Vanesa.

“Sin violencia”

“No hicimos ningún gesto violento”, explica Néstor Salvador, portavoz del SAT de Granada y uno de los tres activistas que se enfrenta a la petición de cárcel. Explica que ni el guardia de seguridad ni los agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la actuación les tomaron los datos. “La Junta de Andalucía no ha verificado nada para denunciarnos y tampoco se atreve a entregar las cámaras de seguridad, a pesar de que lo hemos pedido”. Salvador tiene claro que las pruebas están a favor de los activistas y que la petición de cárcel es desproporcionada.

Pero la versión del Ejecutivo regional es opuesta. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, “no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas contra el delegado territorial, al que llegaron a insultar en reiteradas ocasiones, sino que los allí concentrados, incluyendo los coacusados, accedieron de forma violenta al edificio, pasando sin las preceptivas precauciones el control acceso del mismo, generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación”.

Continúa el escrito señalando que accedieron a la tercera planta del edificio y que, a pesar de las negativas, “y con intimidación del personal funcionario allí presente”, accedieron a despachos como el del delegado Gustavo Rodríguez, “llegando a encararse con el personal, interrumpiendo gravemente el ejercicio de sus funciones”. Según la Junta de Andalucía, tras ocupar los despachos desplegaron una pancarta que era visible desde el exterior de la Delegación de Turismo.

En suma, una serie de hechos que para el Gobierno andaluz constituyen delitos de desórdenes públicos agravados por haber actuado “en masa”. Por ello, reclaman 5 años de prisión a cada uno de los acusados por coacciones, amenazas y ocupación, así como el pago de las costas judiciales. El juicio está previsto para el próximo 1 de febrero y el Ministerio Fiscal rebaja su petición de cárcel a un año y siete meses. Petición con la que tampoco están de acuerdo los acusados porque entienden que no los actos fueron pacíficos y simbólicos.

Con respecto al caso de Vanesa Sánchez, la mujer fue despedida y la justicia le dio la razón en parte al calificar su despido como “improcedente” e imponerle a la Junta de Andalucía una indemnización por este motivo. A la espera de que se celebre el juicio, los activistas acusados tratan de reunirse con el Ejecutivo regional para llegar a un acuerdo y, al menos, rebajar la petición de cárcel. Sin embargo, la reunión no se ha producido hasta el momento. Este medio ha tratado también de conocer la postura de la Junta al respecto, pero no ha habido respuesta después de varias peticiones.