La fiscal del 'caso Serrallo' solicita 8 años de cárcel al exalcalde de Granada, José Torres Hurtado
La fiscal del 'caso Serrallo', Sara Muñoz Cobo, ha solicitado hasta 8 años de cárcel, 36 de inhabilitación para ejercer cargo público y más de medio millón de euros en multas contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP). El Ministerio Público considera probado que concurren los delitos de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación y tráfico de influencias. Por lo que solicita la misma pena tanto para Torres Hurtado como para la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.
El escrito de la fiscal remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, al que ha tenido acceso este medio, detalla las penas que solicita para los otros siete acusados de haber cometido algún tipo de delito en el 'caso Serrallo'. Una operación urbanística en la que se construyó una discoteca en una zona que estaba destinada para zonas verdes según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada vigente desde 2001. Entre los imputados se encuentra el promotor de la discoteca, Roberto García Arrabal, uno de los empresarios de la construcción granadinos más importantes y que también aparece como imputado en la 'Operación Nazarí'.
Para este último, la fiscal también solicita 8 años de cárcel, 4 años de inhabilitación especial para profesión u oficio de promoción y construcción, 5 años de inhabilitación para obtener contrataciones o subvenciones públicas y la misma cuantía en multas que los exediles. Al tiempo que para Manuel Lorente, cargo en Urbanismo del Ayuntamiento de Granada desde 1986, solicita las mismas penas que las de Torres Hurtado e Isabel Nieto. No en vano, Lorente ha sido un hombre importante en el Consistorio en diferentes épocas dentro de este área y su nombre aparece en diferentes casos que la Justicia investiga como de posibles corrupciones urbanísticas.
Sobreseimiento para los ediles populares
Pero las peticiones de la fiscal no se quedan ahí. Dentro del Ayuntamiento de Granada hay más personas que aparecen señaladas por el Ministerio Fiscal. Ellos son Emilio Martín-Herrera y Gaspar Navarro, otros dos nombres clave dentro del área de Urbanismo, a quienes se les reclama 6 años y medio de prisión y 32 de inhabilitación para cargo público. Los otros tres acusados son Agustín Belda, María Paz Spínola y Francisco de Paula. Para el primero también se piden 6 años y medio de cárcel y 20 años de inhabilitación y para los otros dos, funcionarios de menor rango, la petición de pena privativa de libertad se reduce a los dos años. Y ningún nombre más.
Ahí está otra de las noticias que deja el escrito de la Fiscalía pues solicita sacar del proceso a los concejales del Partido Popular que participaron en la Junta de Gobierno local que dio luz verde al proyecto en 2012. En concreto, Sara Muñoz Cobo solicita a la jueza María Ángelez Jiménez, que acuerde el sobreseimiento de la causa contra estos ediles populares al entender que no existió “dolo directo por el voto emitido en el delito de prevaricación”. Entre esos ediles están seis que forman parte del actual grupo municipal del PP: María Francés, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y Fernando Egea.
No obstante, pese a la petición de la fiscal y que desde un principio la implicación de estos políticos en el caso ha estado en entredicho, la Audiencia Provincial de Granada desestimó en febrero el recurso presentado contra su imputación haciendo que sea improbable que no vayan a participar del juicio oral que se abre ahora tras la presentación del escrito de la Fiscalía. Toda vez que las partes ya han agotado su tiempo para presentar sus escritos de defensa, es cuestión de tiempo que los imputados, con el exalcalde Torres Hurtado a la cabeza, se sienten en el banquillo de los acusados.
