95 monitoras de integración social, sin sueldo durante el estado de alarma por estar en un “limbo laboral”

La crisis del coronavirus ha provocado que muchas empresas se hayan visto obligadas a cesar su actividad y que sus empleados hayan sido despedidos o se hayan tenido que acoger a expedientes de regulación de empleo. Una de ellas es Os Zagales, una entidad contratada por la Junta de Andalucía para ofrecer apoyo escolar a estudiantes de integración social, que no paga a sus empleadas porque, argumenta, el Ejecutivo andaluz no la indemniza tras haber cesado su actividad. El contrato con Os Zagales empezó a finales de febrero, así que no tuvo actividad en dicho mes. Por lo tanto no cumple una de las condiciones impuestas por el Gobierno autonómico, que es tener facturación en febrero.

Gloria Aguilera es una de las trabajadoras afectadas por los impagos. En su caso, como el del casi centenar de compañeras de Granada en su misma situación, se lamenta del presente precario al que se enfrenta. No tienen que hacerlo porque la empresa ha cesado actividad, pero la mayoría siguen trabajando por decisión propia para no dejar abandonados a sus alumnos. “Las trabajadoras no pueden pagar sus facturas e hipotecas, tienen que acudir a familiares para que les echen una mano y poder llenar la nevera. En muchas familias este es el único salario que entra en casa y es en el mejor de los casos de entre 700 y 800 euros, por lo que no nos ha permitido ahorrar en estos años”, explica.

A la incertidumbre de estos días al no saber cuándo les pagarán, se suma el desconcierto por la falta de respuestas. Aguilera dice que son las únicas trabajadoras de las 1.400 externalizadas de Andalucía “que no hemos cobrado” y, a pesar de ello, siempre que han intentado obtener una respuesta por parte del Ejecutivo andaluz, no ha sido posible, relatan. “Nuestro trabajo es fundamental para que nuestro alumnado siga formándose en igualdad de oportunidades, con todos los apoyos que necesita, no entendemos por qué no se indemniza a esta empresa”, sentencia Aguilera.

El conflicto

En total, son 95 las profesionales que no han percibido ningún ingreso desde mediados de marzo, cuando se activó el estado de alarma. Con el cierre de los centros educativos, Os Zagales anunció el 13 de marzo la suspensión de su contrato con la Junta y un ERTE para su plantilla. Sin embargo, días después un cambio de normativa a nivel andaluz -que permite seguir pagando los salarios hasta fin de contrato a los empleados de las empresas que hayan suspendido sus actividad con la Junta por el Covid-19- dejó sin efecto el ERTE. Entonces empezaron los impagos. Desde ese momento, culpan al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla de haberles abandonado al dejarles sin sueldo. Al tiempo que exculpan a Os Zagales, a través de CCOO, porque sigue pagando la Seguridad Social de las empleadas pese a no tener actividad.

Se trata de un servicio externalizado por la Junta y gestionado a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) de la Consejería de Educación, que es la entidad que firma los contratos con las diferentes empresas. Un procedimiento que ocurre varias veces durante un mismo curso y que en esta ocasión está siendo el origen del problema. Como denuncia Mercedes González, sindicalista de CCOO, “la APAE hace nuevos contratos muy a menudo y las trabajadoras están continuamente cambiando de empresa” y precisamente el último de ellos es el que ha afectado a las 95 trabajadoras de Os Zagales porque fueron contratadas entre los últimos días de febrero y la primera quincena de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma y de que se suspendiera la actividad de la empresa.

Ese hecho es el que hace que Os Zagales afirme que no puede hacer frente al pago de los salarios de las trabajadoras desde el pasado 15 de marzo. Porque la Junta de Andalucía, a través de la APAE, ha informado a esta entidad de que la indemnización que le correspondería por el cese de su actividad se calcula sobre el 80% de la facturación de febrero y siempre y cuando mantenga a toda sus plantilla. La segunda condición se cumple, pero la primera no porque la entidad no tuvo actividad en febrero ya que las empleadas pertenecían a la empresa Al Alba, con la que la APAE tenía contratado el servicio antes de hacerlo con Os Zagales.

Burocracia

Por lo tanto, las trabajadoras se encuentran en un limbo laboral. Ni cobran, ni han sido despedidas, ni se han podido acoger a un ERTE. Sin embargo, siguen trabajando desde casa voluntariamente porque, como recuerda Gloria Aguilera, una de las empleadas afectadas: “Los centros educativos están cerrados, pero siguen funcionando y las profesionales técnicas en integración social estamos teletrabajando, ¿o es que esos niños con necesidades educativas especiales no necesitan apoyo?”. Como Mercedes González, incide en que la normativa está provocando “malestar” e “incertidumbre” entre las empleadas.

De un lado Os Zagales muestra su apoyo a sus profesionales y asegura estar en continuo contacto con la APAE para resolver el conflicto y por otro la propia agencia andaluza que no logra desbloquear la situación porque “nadie nos ha asegurado (a la empresa) cómo van a calcular la indemnización”. Desde Os Zagales confirman a este medio que “cuando la APAE sacó las instrucciones para que los proveedores pudiéramos solicitar la indemnización y de esta manera poder mantener el empleo de trabajadoras y trabajadores, dictaron que la indemnización se realizaría aplicando un porcentaje respecto a la facturación realizada por la empresa en ese servicio en febrero”. Y que ese punto radica el problema.

“Nosotros empezamos nuestros servicios con algunas trabajadoras el 26 de febrero de los 2 primeros lotes y se fueron incorporando (según la fecha de inicio de cada lote) hasta el 14 de marzo. En el momento en que se sacaron las instrucciones, hicimos la consulta de cómo iba afectar en nuestro caso, de qué manera se iba a calcular la indemnización y si estos contratos entraban dentro de las ayudas. Desde ese momento (principios de abril), la respuesta ha sido que todavía no se sabía y que la consulta estaba hecha. Aun sin respuesta, nosotros seguimos los pasos para realizar la solicitud de indemnización, para ir agilizando, pero esta no se llegó a validar por la APAE”, argumentan fuentes de Os Zagales.

Por su parte, la agencia andaluza recuerda que “los que pagan a los trabajadores son las empresas” y que “a estas se les seguirán pagando los contratos de servicios siempre que mantengan el empleo”. Pero que en este momento se encuentran “tramitando las solicitudes recibidas por parte de las empresas que han pedido el adelanto de las indemnizaciones por la suspensión de los servicios”, por lo que el asunto está siendo estudiado.