Griñán no se mueve de sus argumentos de defensa cuatro años después: “nunca” se le advirtió de menoscabo en los ERE

Mientras PP y Ciudadanos negocian el desalojo del PSOE de la Junta de Andalucía 36 años después en virtud del resultado de las elecciones del 2 de diciembre, los antiguos dirigentes socialistas siguen rindiendo cuentas con la justicia en la Audiencia de Sevilla. El abogado del expresidente José Antonio Griñán ha dicho este miércoles, en una de las últimas sesiones del juicio de los ERE, que el exinterventor general debió emitir un informe de actuación que se le hiciera llegar al entonces consejero de Hacienda (el propio Griñán) si hubiera advertido algún tipo de menoscabo de fondos públicos en la tramitación de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se vienen juzgando.

Ya en 2015, este letrado pidió al Tribunal Supremo que la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo ratificara que no le trasladó avisos específicos de los que tuviera que dar cuenta a José Antonio Griñán, como así hizo el abogado de ésta el mes pasado. Mohedano, que en la sesión anterior también centró su intervención en la figura de Manuel Gómez, también acusado en este juicio y cuyo informe se presentó hace apenas dos días, ha señalado que “nadie” informó al consejero que se estuvieran produciendo desfases presupuestarios o algún tipo de irregularidad manifiesta y que, de haber existido un reconocimiento así, debió ponerse “inmediatamente” en conocimiento de José Antonio Griñán, entonces consejero, al que se le piden seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

“Si fuera un fraude con menoscabo de fondos, y yo creo que no había elementos para emitir un informe de actuación, se hubiera tenido que comunicar”, ha insistido el letrado del expresidente Griñán, que también ha hecho referencia a los informes adicionales, que no fueron “específicos” porque “el propio emisor” lo emitió “como anexo” al control financiero permanente de IFA/IDEA de 2003, denunciando que “las acusaciones” no han apoyado sus tesis acusatorias con normativa alguna. Las memorias económicas, asimismo, no mencionaron los informes adicionales de 2003 y 2005. “Como si no existieran”, ha enfatizado. Cabe recordar que el exinterventor no realizó informe de actuación porque no apreció delito ni menoscabo de fondos, según dijo el propio acusado en el juicio el pasado mes de marzo.

Los informes adicionales fueron dirigidos a la Viceconsejería, ha dicho Mohedano, sin propuesta de actuación alguna, de ahí que “nunca la fueran remitidos al consejero” Griñán. “En ningún momento se emitió informe alguno por parte de la Intervención General para la actuación del consejero de Hacienda”, ha resumido sin querer entrar en mayor detalle de otros posibles mecanismos de responsabilidad contable.

La prueba de auxilio judicial, “un intento de doctrina jurídica”

Acerca de la prueba pericial expuesta en el juicio por los peritos de auxilio judicial la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Mohedano ha querido aclarar que, al contrario de lo que se piensa, no se ha propuesto “ninguna” prueba pericial después de su “experiencia” en el Juzgado de Instrucción 6, cuando los peritos de la IGAE ratificaron su informe a modo de “disertación jurídica”.

Queriendo defender a todos los nueve peritos intervinientes, sin destacar a los de la IGAE por su “máximo rigor” como respaldaron las acusaciones ya que eso supondría “un desdén para el resto de peritos”, el abogado ha calificado la presentada por la IGAE como “un intento de doctrina jurídica”, una “prueba de interpretación jurídica absoluta”, hasta extremos que valoraron los problemas presupuestarios, las leyes y otras cuestiones. “Que unos peritos tengan ese empeño en discutir todas las cuestiones relacionadas con el Derecho es bastante sorprendente”, ha zanjado, añadiendo que el perito director Ángel Turrión opinaba sobre “el mundo infinito del Derecho”.

Transferencias de financiación “legales”

Ante la “pretendida inacción” de Griñán, el abogado ha defendido “las continuas mejoras” en el control financiero permanente para dar “mayor capacidad de actuación” ante posibles irregularidades mediante “un plan de acción empresa por empresa”. Acerca de la elevación por parte de Griñán del anteproyecto de ley de presupuestos, Mohedano se ha limitado a explicar las competencias de la Consejería de Hacienda y ha anunciado que, sobre este extremo, entrará en detalle cuando intervenga en la defensa de su otro cliente, el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano.

Tampoco ha querido comentar muy abundantemente el concepto de las “demonizadas” transferencias de financiación, si bien ha defendido “su legalidad” y su aprobación por parte del Parlamento de Andalucía en las sucesivas leyes presupuestarias, así como su respaldo en las repetidas memorias de control financiero permanente. “En el criterio de la Intervención General no fueron ilegales”, ha añadido.

Mohedano también ha querido hacer unas apreciaciones “muy breves” sobre las modificaciones presupuestarias para no alargar en demasía su informe final y que, previsiblemente, alargue el final del juicio hasta el próximo lunes, dado que aún quedan por presentar su informe el propio Mohedano (por Antonio Lozano) y el abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera. En ese aspecto, Mohedano ha dicho que las modificaciones presupuestarias contaron con los oportunos parabienes y por ello fueron aprobadas en Consejo de Gobierno.

Estrasburgo y los “elementos subjetivos”

El abogado defensor de Griñán ha citado, por otra parte, una sentencia de 25 de octubre de 2011 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la naturaleza jurídica de los elementos subjetivos del dolo (intención de cometer un delito. Aquel tribunal concluyó, según el letrado, que es insostenible tratar el dolo como mero juicio de inferencia desvinculado del principio de presunción de inocencia, lo que implicaría la necesaria verificación de los hechos que al acusado se le imputan.

“Los elementos subjetivos no son elementos de calificación jurídica”, ha incidido teniendo en cuenta aquella resolución del TEDH y que el Tribunal Supremo ha tomado como doctrina jurisprudencial desde entonces en “múltiples sentencias” que ha repasado. “No puede ser tomada como objetiva una pura reflexión valorativa”, ha incidido al asociar dicha “doctrina” a lo que las acusaciones dicen que Griñán ‘pudo conocer’, ‘debió conocer’ y otras consideraciones similares acerca del expresidente “que exigen prueba” y “un componente fáctico”. “Las acusaciones deben presentar pruebas externas de los hechos subjetivos y de los hechos subjetivos, como ha acogido nuestra doctrina jurisprudencial desde la sentencia del TEDH”, ha insistido.

“Toda la tesis de las acusaciones consiste en que unos señores se concertaron para introducir en los presupuestos unas transferencias de financiación y evitar la fiscalización previa, ¿dónde está probado eso, más allá de un juicio de inferencia? Todo esto está ya obsoleta en el proceso penal. Se ha repetido ochenta veces pero no hay prueba de la concertación. Para un juicio penal no sirve. No se puede analizar el elemento subjetivo (la intención, el conocimiento, etc.) si no se ha probado. Es el sustrato de este proceso. ¿En qué se diferencia eso de la convicción íntima?”, se ha preguntado.

Sobre la malversación que se le atribuye a su cliente ha considerado que “no puede haber un dolo eventual asociado a un delito continuado basado además en una concertación”. “Tiene que haber un dolo directo”, ha argumentado.