El exinterventor de la Junta alega ser en el caso ERE “el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades”

El abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha advertido este lunes que la Intervención General de la Junta es “el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades”.

Así ha comenzado este lunes su informe final en defensa de Manuel Gómez, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación. Rebollo, ausente durante las últimas semanas del juicio por una enfermedad y cuya labor ha sido valorada por los letrados de las defensas, ha iniciado su turno agradeciendo al tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, el desarrollo del juicio, que hoy ha alcanzado la sesión número 147.

“Esta defensa se va a defender de las acusaciones de la Fiscalía y del PP-A, pero no de las numerosas acusaciones hechas por otras defensas, que se basan en una tosca, errónea y falaz interpretación de las normas”, ha reprochado Rebollo, quien considera esta posición “legítima” en el derecho de defensa, pero la ha considerado una estrategia “a la desesperada y evasiva” por parte de ciertas defensas. “Es como si la Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades”, ha advertido.

Como ya han expuesto la gran mayoría de las defensas, Rebollo ha subrayado la falta de concreción en los hechos acusatorios por parte de las acusaciones, lo que conlleva “una absoluta oscuridad” y tener que hacer “una defensa a ciegas”. A su juicio, esto supone una “evidente indefensión” y “difícilmente se puede ejercer el derecho de defensa”.

En este punto, ha advertido de que el tribunal, en la sentencia que dicte, “no puede subsanar los defectos de la acusación”, insistiendo en que esta falta de concreción vulnera el principio acusatorio, el derecho a una tutela judicial efectiva y al juez natural.

Sobre la actuación de Manuel Gómez, su abogado ha indicado que la labor del interventor está reglada y ha precisado que el hecho de que éste conociera las irregularidades detectadas por la propia Intervención en el sistema de concesión y pago de las ayudas de los ERE “no supone conocer” que las ayudas eran destinadas a otros fines de los inicialmente fijados, así como tampoco se puede equiparar al conocimiento de menoscabo.

Para Rebollo la acusación es “significativamente imprecisa e inconcreta”, afirmando que es “inconcebible e incoherente” que quien alertó de las irregularidades, en este caso, Manuel Gómez en los informes de la Intervención, como el adicional de 2003, que es fundamental para las acusaciones, y al mismo tiempo participara de un sistema de ayudas hecho para eludir el control. “Es incongruente que Gómez alertara de las irregularidades y se le responsabilice de un delito de prevaricación y malversación”, ha insistido.

En este punto, ha señalado que Manuel Gómez, a través de los informes, “daba cuenta de las deficiencias detectadas” en el programa presupuestario 31L, con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y cuyos fondos allegaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación para pagar las subvenciones, a los órganos superiores “con facultades para poner fin a las irregularidades”, por ello, “no puede entender que Gómez pretendiera consentir la sustracción de caudales públicos y emitiera estos informes”.

La actuación de Gómez “fue conforme a derecho”, según Rebollo, recordando los numerosos informes realizados por éste y que sustentan las acusaciones, como el informe adicional de Control Financiero Permanente de 2003, conocido en 2005, que se realizó tras analizar una veintena de expedientes de concesión de ayudas y que concluyó que se estaban dando ayudas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

La Intervención General recogió en 19 informes “tales irregularidades” y se remitieron a “los destinatarios previstos en la norma”, según el abogado, que ha insistido en que Gómez advirtió de las irregularidades del sistema “en numerosas ocasiones, pese a lo cual los competentes para subsanarlos no hicieron nada al respecto”.

“ANÓMALO COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO”

Tras abordar el uso de las transferencias de financiación, Rebollo ha indicado que el destino final de los fondos “no se desprende” del expediente de las transferencias de financiación fiscalizados de conformidad. Además, ha asegurado que de haberse fiscalizado de disconformidad las transferencias “no hubiera impedido que se hubiera concedido por la Dirección General de Trabajo”.

“La decisión última no corresponde a la Intervención General, que de haber fiscalizado de disconformidad no hubiera interrumpido el anómalo comportamiento de la Dirección General de Trabajo, ni suspendería la concesión ni que IFA/IDEA pagara”, ha señalado Rebollo, apuntando que “en ocasiones” IFA/IDEA abonó ayudas sin que constara el traspaso de efectivos desde la Dirección General de Trabajo, como los casos de Hamsa, Santana Motor o Jerez Industrial, en el año 2000.

Tras la emisión del informe adicional de 2003 y conocido en 2004, “los superiores jerárquicos eran conocedores de las irregularidades y pudieron tomar medidas”. El consejero de Empleo --Antonio Fernández--, pudo dictar instrucciones para que la Dirección General de Trabajo “no tramitara las transferencias de financiación” y que “rescindiera” los convenios con IFA/IDEA. El consejero de Hacienda --José Antonio Griñán-- pudo dictar instrucciones para “ordenar al ordenante del pago --la Dirección General de Tesorería-- paralizarlos”. El consejero de Innovación --Francisco Vallejo-- pudo ordenar a IFA/IDEA dejar de “abonar las ayudas y rescindir los convenios con la Dirección General de Trabajo”.

“Cualquiera de los tres estaba habilitado para tomar las medidas necesarias para suspender las transferencias de financiación y para desechar su uso”, ha concluido a este respecto.