Amenazados de denuncia por construir una cancela para su hijo con discapacidad
Jaime (nombre ficticio), un niño de 10 años de edad, vive con sus padres en una urbanización de Ayamonte (Huelva) llamada 'Costa Esuri'. Habita en la planta baja de un edificio de dos plantas en una de esas urbanizaciones pensadas para vivir en paz, con una naturaleza artificial creada en su entorno, en medio del mayor proyecto urbanístico puesto en marcha por la constructora Fadesa.
En este paisaje idílico de aparente tranquilidad, a Jaime y sus padres les ha surgido un problema que nadie parecía esperar. Para empezar, el problema lo tiene en su salud general el propio niño, que sufre un 33 por ciento de discapacidad. Sus padres decidieron hace un par de años que había que facilitar a su hijo su movilidad todo lo posible, por lo que abrieron una cancela en la verja de acceso a su casa, y ahí empezó un calvario que les ha llevado incluso a ser amenazados de denuncia por sus propios vecinos.
El niño sufre un déficit de psicomotricidad fina y coordinación, del que está diagnosticado. En esencia, le impide manipular las cerraduras como cualquier persona o sujetar puertas pesadas, entre otras cosas. Por eso sus padres decidieron realizar una cancela adaptada a sus manos y movilidad, pero la idea no ha gustado a sus vecinos.
Su madre, Raquel, ha pedido el apoyo de los vecinos de la localidad y ha iniciado una campaña para que su comunidad de vecinos no le retire la cancela. Según relata a eldiario.es/andalucia, en agosto de 2015 año pasado decidieron instalar una cancela para que su hijo pudiese acceder a la casa, “coger la bicicleta o entrar libremente”, para paliar todo lo posible su psicomotricidad fina y coordinación“.
La familia vive en una urbanización llamada Marina Esuri, formada a su vez por siete pequeñas comunidades que forman unos 500 vecinos, y Bodes ha lamentado que, tras abrir la cancela, desde la comunidad le indicaron que tendría que eliminarla por no acogerse a las normas de la misma, “cuando la Ley nos protege, ya que no hay que pedir permiso a una comunidad cuando una persona con una discapacidad como la de mi hijo precisa de algo así”.
“En el bajo, donde no molesta a nadie”
La cancela está situada en el acceso a su vivienda, un bajo de un edificio de dos plantas, “en un perímetro cerrado con un vallado verde, en una esquina que no molesta a nadie, no perjudica a ningún vecino, da acceso a mi terraza privada y salida de zonas comunes de aparcamientos”, ha dicho.
Sin embargo, la mancomunidad de los siete presidentes de su comunidad decidió votar sobre este asunto, “y seis votaron a favor, menos el de mi edificio, que votó en contra, y me dijeron que como tenía que ser por unanimidad tenia que quitar la cancela, a lo que nos hemos negado”.
Ha señalado que se trata “del mismo tipo de puertas que se instalan a veces para que los propietarios puedan acceder a las piscinas”, con el matiz, además, de que “en una junta de la intercomunidad celebrado en marzo se me niega que mi hijo tiene algo, me dicen que todo es mental, que tengo que presentar informes médicos detallados de lo que tiene mi hijo para valorar si es verdad que necesita esa puerta”.
La madre del menor ha dicho que, además de reclamar que se la mantenga la cancela disponible, denunciará a la propio comunidad de vecinos, ya que en el acta de la reunión se incluyeron datos personales del menor y su discapacidad a los que han tenido acceso todos los propietarios.
Apoyo de la FEAPS
Raquel está recibiendo distintos apoyos a su causa, entre los que se encuentra el de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), que explica en su web oficial que “hemos tenido conocimiento de la documentación cruzada a tal fin y a los documentos acreditativos aportados por los padres ante la administración de la comunidad, respondiendo a los requerimientos de esta”, por lo que apoya “de forma expresa los esfuerzos de las familias que pretenden asegurar el derecho a la inclusión cierta y efectiva de sus hijos para lo cual es preciso a menudo realizar las actuaciones necesarias para asegurar su derecho a la plena accesibilidad”.
“A menudo, la discapacidad intelectual o del desarrollo va acompañada de otras limitaciones, bien en motricidad gruesa, en habilidad manual, dificultades motoras específicas o de movilidad por el espacio debido a déficit de organización espacio-temporal, que requieren se realicen todos los esfuerzos precisos para garantizar el derecho a la plena accesibilidad en el más amplio sentido”, explica la FEAPS.
Por ello, “en aplicación de lo establecido en indicados textos legales, así como por lo dispuestos en la legislación sobre Propiedad Horizontal y de eliminación de barreras arquitectónicas, expresamos nuestro apoyo a cuantas personas y familias precisan de adaptaciones funcionales o arquitectónicas que garanticen el pleno derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad”, y en concreto, los realizados por los padres de Jaime en este caso.
