El Gobierno andaluz priorizará el acogimiento familiar frente al institucional
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Entre sus medidas más importantes, destaca la reducción del acogimiento institucionalizado a favor del familiar, con el objetivo de conseguir 3.000 familias colaboradoras de acogida para el próximo 2020 (año de finalización del plan) frente a las 2.117 que ahora acogen niños y niñas en sus hogares. Es importante la inversión prevista para los próximos dos años, 673 millones de euros, de aplicación a partir de 2016, frente a los 630 que se han invertido en los últimos cuatro años (periodo 2012-2015).
Este plan, elaborado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, abogará por dar protagonismo a los menores en las políticas públicas y consolidará las medidas para garantizar sus derechos y evitar situaciones de exclusión social, según ha explicado el Portavoz del Gobierno de Andalucía. Miguel Ángel Vázquez ha asegurado que “este nuevo plan supone ampliar el antiguo foco con el que se miraba a la infancia, desde una perspectiva centrada en la atención de las necesidades, a una visión más amplia de enfoque de derechos de los menores”.
El documento se estructura en cincos programas que abarcarán los siguientes ámbitos: la salud y el bienestar emocional; el fomento de la convivencia escolar y la igualdad de género; la promoción de la participación, la cohesión social en el marco familiar, así como la seguridad y reducción de desigualdades.
Pacto por la infancia
Otras de las medidas incluidas son la propuesta de un Pacto por la Infancia, que tiene por objetivo la protección de las familias con menores con dificultades acarreadas por la crisis; la promoción del éxito escolar; o la reforma de la Ley de los Derechos y Atención al Menor para incorporar la creación de Mesas Territoriales del Buen Trato a la Infancia, encargadas de detectar problemas y promover una respuesta rápida.
Dicho plan contará con las aportaciones de profesionales y técnicos y se completará con la elaboración de una estrategia sobre salud y bienestar de los menores; la implantación de programas de formación para profesionales y políticos vinculados con la infancia y el desarrollo de acciones informativas y divulgativas sobre los derechos del menor.
