La Iniciativa Legislativa Municipal contra la pobreza energética entra en el Parlamento de Andalucía
Una representación de la comisión integrada por los 31 consistorios que han aprobado por mayoría absoluta una iniciativa legislativa municipal (ILM) contra la pobreza energética la ha registrado ya en el Parlamento de Andalucía. La Mesa de la Cámara deberá decidir si se tramita o no y, de debatirse en pleno, sería la primera vez que se completa esta fórmula de participación en toda la historia de la institución.
“Haremos que el Parlamento de Andalucía se pronuncie sobre uno de los principales problemas que afectan a las condiciones de vida de miles de andaluces”, ha apuntado Joaquín Bellido, coordinador del partido Andalucía Por Sí (AxSí), que es el que ha impulsado la ILM pese a que no cuenta con representación en las administraciones públicas por su reciente constitución.
Pese a ello, tras haberla presentado para su debate en 50 ayuntamientos, ha conseguido superar el mínimo de 25 aprobaciones por mayoría absoluta en otros tantos plenos que exige la ley para poder presentar una ILM. Y ha sido aprobada en municipios de todos los tamaños, de las ocho provincias y de todos los colores políticos. Sólo mirando a la docena de esos 31 con más de 20.000 habitantes se puede comprobar: Camas, Vélez-Málaga, Écija, Motril, Tarifa y Ronda, con alcaldes del PSOE; Almuñécar; Coria del Río y Mairena del Alcor, del PP; Conil de la Frontera, de IU; Barbate, del PA; e Isla Cristina, de los independientes.
En realidad, la lógica que ha imperado a la hora de acoger este debate en los plenos no ha seguido una coherencia ideológica. “Lamentablemente, ha habido casos en que grupos municipales de esos partidos que en unos sitios han dicho sí, en otros han votado no o se han abstenido, en un intento absurdo de intentar obstaculizar una propuesta que es imparable y buena por Andalucía”, ha expresado Joaquín Bellido.
La ILM está basada en la aprobada en Aragón, donde se pusieron de acuerdo PSOE, PP, Podemos, C's, CHA, PAR e IU. Entre otros planteamientos, la proposición de ley aboga por un protocolo mediante el cual ninguna familia vulnerable sufrirá el corte de algo tan elemental como la electricidad. Para ello, se propone que las suministradoras avisen de los impagos a los servicios sociales municipales, “los que mejor conocen la situación en cada municipio”, y éstos a su vez certificar si hay una situación de vulnerabilidad.
“Hoy día, los ayuntamientos y muchas entidades, como Cáritas o Cruz Roja, están costeando recibos de cientos de miles de familias, y hasta reenganches para tener nuevamente el alta en el suministro, por lo que, de llevarse a cabo, estos recursos podrán utilizarse en otro tipo de prestaciones”, exponen los impulsores de la ILM.
