Un robinson frente a sus cuatro vecinos morosos: las administraciones

Un edificio. Cinco propietarios. Sólo uno de los cinco es una persona. Los otros cuatro son administraciones públicas. Y este único propietario, cual Robinson, bien que lamenta tener tal comunidad de vecinos.

Zonas comunes abandonadas, inquilinos desconocidos enganchados de forma ilegal a los contadores de la luz, ratas, incluso gente que se mete dentro del recinto para “beber o drogarse”. Esta es la situación de abandono, que denuncia públicamente el único propietario particular de una de las veinte viviendas de dos edificios, que pertenecen a cuatro administraciones públicas: la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Fomento, Patrimonio del Estado y el Ayuntamiento de Jaén.

Los dos edificios, de cinco plantas cada uno, se encuentran entre el número 45 de la avenida de Madrid y la calle Miguel Castillejo en la capital de Jaén. Fueron construidos en los años sesenta del siglo pasado por el Ministerio de Obras Públicas para los camineros, el personal dedicado a la conservación de las carreteras. Entonces, estas viviendas se encontraban, como tantas otras distribuidas por el territorio nacional, cerca de las principales vías de comunicación, en el extrarradio de la ciudad. Hoy, es una de las zonas con más demanda de Jaén, en pleno barrio de Expansión Norte.

El reparto

De esas viviendas, tres pertenecen al Estado (Ministerio de Fomento y Patrimonio), tres al Ayuntamiento de Jaén, después de que en julio de 2015 el Ministerio se las cediese para ser destinadas a viviendas de acogida, según se publicó en el BOE.

Del resto, una vivienda es propiedad de una persona particular que la compró hace dos años tras vivir un tiempo en ella, ya que era funcionario de carreteras del Ministerio (que en su momento tuvieron acceso a las casas), y otras 13 pertenecen a la Consejería de Fomento, después de que el Ministerio las transfiriera a la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante Real Decreto de 28 de marzo de 1984, junto a buena parte de las competencias en materia de conservación de carreteras.

El deterioro en el exterior de las viviendas es cada vez más notable. Al abandono de las zonas comunes en el recinto privado, donde incluso se ha llegado a comunicar a la Policía la acumulación de vehículos, se une la falta de contrato de luz y agua de los edificios, que tuvo luz de obra hasta 2010, aunque sí hay suministro en las zonas comunes. Aunque tampoco saben resolver este misterio. No hay contrato pero hay luz.

No todos pagan la comunidad

En abril del año pasado, se constituyó la comunidad de vecinos, reunión en la que sólo estuvo presente un representante de una de las administraciones. Pero esta comunidad se ve atada para acometer las actuaciones necesarias, como puede ser la limpieza de la zona, realizar la ITV de los edificios, contratar seguros, porque no todas las administraciones cumplen con el pago de la comunidad, aunque ninguna de las administraciones detalla si han pagado o no.

De las veinte viviendas hay varias desocupadas, entre ellas las tres pertenecientes al Ayuntamiento, que fueron cedidas en 2015 por el Ministerio de Fomento y que  se encuentran incluso tapiadas porque necesitan ser arregladas. Según han explicado desde el Consistorio a eldiario.es/andalucia, éstas son las únicas viviendas que les pertenecen y técnicos municipales las visitaron para determinar el dinero que se necesitaba invertir en ellas. Entonces se determinó que el coste era bastante elevado y ante la delicada situación económica del Consistorio, se están estudiando fórmulas como cederlas a ONGs, a través de convenio, para que ellos puedan usarlas para las necesidades que estimen oportunas.

¿De Fomento o del Ayuntamiento?

Respecto a las 13 viviendas propiedad de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, según han informado a eldiario.es/andalucia desde la delegación provincial, nueve las cedieron al Ayuntamiento, hecho que no reconoce el Consistorio, y de las cuatro restantes, tres están ocupadas y una vacía.

Según la Delegación, fue el 1 de septiembre de 2010 cuando se remitió al Ayuntamiento de Jaén, en ese momento gobernado por el bipartito PSOE-IU, autorización para el uso provisional de ocho de esas viviendas. Esta cesión se hace en respuesta a una petición de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, que pidió su utilización provisional para ciudadanos en situación de extrema urgencia, mientras se cerraba el correspondiente convenio de cesión definitivo de estos inmuebles al Ayuntamiento. Del mismo modo, en mayo de 2011 se cede el uso provisional de una novena vivienda.

En marzo de 2014, ya con el nuevo equipo de Gobierno del PP, la teniente alcalde, delegada del área de Políticas Sociales  Familia del Ayuntamiento, Mª Reyes Chamorro, se interesa por las actuaciones que se están llevado a cabo por parte de la Consejería de Fomento con las viviendas de los peones camineros, situadas en la Avenida de Madrid, y a la espera de la regularización de éstas, solicita visitar y conocer el estado de éstas.

Según la Delegación de Fomento, le recuerdan que son ellos los que tienen el uso provisional de las mismas y que no existe inconveniente en que puedan visitarlas y conocer el estado de las mismas, para así valorar las obras que en su caso fueran necesarias. Incluso consideran que el Ayuntamiento no necesita autorización alguna para visitarlas al estarles cedido su uso. Un mes después, en abril, el Ayuntamiento les comunica que tras visitar el inmueble han comprobado que está siendo utilizado por familias en estado de necesidad que fueron autorizadas a residir allí por la Corporación municipal anterior.

El problema de los edificios es que necesitan arreglos, cuidados y que incluso los propietarios de los mismos no saben exactamente quiénes son sus inquilinos. Unos, antiguos funcionarios de obras públicas arrendados; otros, adjudicados por servicios sociales, y sin que haya un control de lo que sucede. En algunos casos, los inquilinos están enganchados de ilegalmente a los contadores de la luz, o incluso acumulan en alguna de las terrazas, llenándolas casi por completo, numerosos enseres, ropa y otros objetos “que podrían ocasionar problemas, como incendios”, según el propietario particular. El mismo afirma haber recibido amenazas por parte de algunos de estos inquilinos por reclamar ante la Policía o algunas de las administraciones la situación en la que allí se vive.

Entre disputa administrativa y disputa administrativa, con el desconocimiento de las instituciones implicadas como zancandilla, el edificio de la Avenida de Madrid con casi 60 años de antigüedad sigue deteriorándose y cayéndose sin que las cuatro administraciones propietarias resuelvan el problema y atiendan las reclamaciones y los escritos del propietario robinson.