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La Junta de Andalucía absorbe las agencias sanitarias 30 años después para “unificar recursos”

El SAS se hará cargo de estos centros hospitalarios y el servicio de 061

Álvaro López

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Andalucía ya ha puesto marcha atrás el cronómetro para despedirse de las agencias sanitarias antes del 1 de enero de 2022. Tras años de promesas en ese sentido, la Consejería de Salud, vía decreto, ya han empezado las negociaciones con estas entidades para absorberlas a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hasta la fecha, se hacían cargo de algunos hospitales y servicios para su gestión, pero costeándose con dinero público. Aunque Salud defiende que este proceso se lleva a cabo para “unificar todos los recursos sanitarios asistenciales”, evitar un desequilibrio normativo y tener a los profesionales sanitarios en dos sistemas a la vez, lo cierto es que fuentes del sector afirman que las agencias han sido una losa económica para la Junta. Según el presupuesto autonómico de 2020, las agencias tienen un coste total de más de 700 millones de euros anuales.

Este sistema mixto público y privado ha estado funcionando durante los últimos 30 años. La Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía de 1983 abrió esa posibilidad y la comunidad la hizo realidad a principios de los 90 con la creación de la Empresa Pública de Emergencia Sanitarias (EPES) más conocida como 061. Esta y el resto de agencias que gestionan con este modelo hospitales conocidos como centros hospitalarios de alta resolución (CHARE) serán absorbidas en los próximos meses por el SAS, aunque en la práctica ya estaban bajo la gestión de la Consejería de Salud porque incluso su plantilla de alrededor de 10.000 profesionales, si quiere, puede formar parte de la bolsa de empleo en la que concurren los sanitarios y trabajadores del sistema público, independientemente de las bolsas que tengan las propias agencias.

De hecho, el margen de actuación de estas agencias se ha ido limitando con el paso del tiempo, hasta el punto de que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera de Sanidad de la Junta, llevó a cabo una incorporación funcional de estas entidades para equilibrar la cartera de servicios. Lo que se hizo fue tratar de incorporar las mismas funciones a estos centros hospitalarios que las que hay en un hospital convencional y hacer que los pacientes pudieran tener la misma atención independientemente del lugar al que acudieran. Antes, se habían dado otros pasos con la incorporación del sistema de compras o logística del SAS.

Se crearon “para contentar ciertas demandas de la población”

Ahora, todo será homogéneo porque no habrá diferencias entre un hospital como el Virgen del Rocío de Sevilla o el de Alta Resolución de Loja en cuanto a su funcionamiento. Los dos serán públicos y estarán administrados por la Consejería de Salud, desapareciendo la gestión privada del hospital lojeño. Un cambio que entre los profesionales se valora “positivamente” porque llevan “años” pidiendo que el SAS se haga cargo de estas entidades. “El origen de las agencias es puramente político. Algunos de los hospitales no tenían sentido porque se construyeron en lugares que tenían muy cerca otro. Hubo quienes hicieron política con la sanidad”, explica Félix Alonso de CCOO.

“Crear estos hospitales era una forma de contentar ciertas demandas de la población y se pensaba que de esa manera se iba a ahorrar dinero, pero era todo lo contrario”. Por ejemplo, en la provincia de Granada se proyectaron varios centros hospitalarios de los que solo se abrieron dos y uno de ellos, el de Loja, estuvo años sin entrar en funcionamiento porque no resultaba rentable para ninguna empresa. Pero el SAS niega que las agencias vayan a desaparecer por una cuestión de ahorro y afirman que “se va a seguir invirtiendo dinero porque ya se hacía a cargo de los presupuestos públicos”.

Lo que es seguro es que el personal que trabaja en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Poniente de Almería, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir y la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir que se van a extinguir, tendrá que ser incorporado al sistema público. Algo menos de 10.000 trabajadores que tendrá que asumir el SAS. En ese ámbito es en el que se está trabajando para evitar polémicas relacionadas con los salarios y las categorías profesionales que hay en los dos modelos que ahora se fusionan.

Incorporar sin reducir salarios

“En el SAS hay cierto malestar porque los salarios tienden a ser más altos en las agencias en determinadas categorías y el sistema de acceso siempre tenía una criba con psicólogo que impedía la incorporación de determinados perfiles”, explica Félix Alonso de CCOO. Ahora, esa diferencia salarial está en el aire porque los sanitarios de las agencias se rigen por sus convenios colectivos y el estatuto de los trabajadores, mientras que los sanitarios de los hospitales públicos lo hacen por el estatuto de los funcionarios. “Se supone que nosotros no podemos perder nada. Sí nos pueden congelar el sueldo a través de un complemento transitorio, hasta que el SAS nos equipare salarialmente en algunas categorías”, argumenta Julia, una sanitaria del Hospital de Poniente cuyo nombre es ficticio por deseo expreso.

“Confío plenamente en que la integración se lleve bien y que la ley nos respete a nosotros”. Esta profesional admite que el proceso no se va a realizar “de la noche a la mañana” porque el modelo organizativo que tienen es diferente en muchos aspectos al de un hospital convencional. “A nivel organizativo es más fácil nuestro día a día porque nuestros centros son más pequeños y hay más acceso a la dirección incluso a la hora de negociar los contratos. La gente se implica mucho y se comprueba todo más para que ni siquiera fallen las citas”.

Por otra parte, también hay temor a quedarse sin empleo entre algunos profesionales. Se trata de “la gente que trabaja como sustituta porque es verdad que cada hospital tiene su propia contratación, pero a partir de enero se elimina todo y se pasa a depender de la bolsa del SAS. Hay mucha gente a la que se contrató por la pandemia que pueden correr el riesgo de que hasta que no pase tiempo se queden fuera del sistema por no tener puntos suficientes”.

Un panorama que se agrava por las dificultades para contratar que han tenido las agencias sanitarias hasta la fecha. No podían hacer contratos de más de 12 meses sin que tuvieran que obligar al trabajador a parar un tiempo y volver a firmar otro distinto. Algo que no ocurre en el SAS donde los empleados públicos pueden encadenar contratos de forma indefinida. Por otro lado, como el proceso de integración aún va lento, la Consejería de Salud ha abierto oposiciones tanto para la bolsa del SAS como para la de las agencias, a pesar de que estas últimas tienen los días contados. Algo confuso incluso para los profesionales que no entienden por qué continúa esta duplicidad.

Los sindicatos vigilan

Con el horizonte de trabajo de que estas entidades no se extingan definitivamente hasta 2022, los sindicatos continúan negociando las condiciones en las que se incorporará su personal al sistema público. En ese sentido, desde CCOO avanzan que el staff dirigente de los centros hospitalarios seguirá siendo el mismo porque ya dependía del SAS. Por su parte, Antonio Macías de UGT asegura que “muy positivo” que la Administración haya decidido “coger el toro por los cuernos y disolver todas esas agencias” porque todos los trabajadores deben estar bajo el mismo “paraguas” y tener los mismos “derechos y obligaciones” dentro del sistema sanitario público de Andalucía.

“El proceso es duro y complicado y bajo ningún concepto permitiremos que se pueda producir pérdida de derechos del personal afectado”, añade. En la misma línea, aunque más crítica con el Gobierno andaluz, se muestra Fayna Gómez del sindicato de enfermería SATSE. Dice que la Junta no les ha consultado si quieren o no la integración, sino que la ha decidido unilateralmente. “Lo que está claro es que vamos a estar velando porque la integración no suponga ninguna pérdida en derechos adquiridos por los trabajadores de las agencias públicas”.

“Estamos viviendo una situación de desconcierto y desinformación. En las mesas técnicas nos dicen que no es el foro para hablar determinados temas”, dice María del Mar García de CSIF. “Estamos de acuerdo con la integración, pero las cosas están yendo muy lentas y la información nos la dan con cuentagotas”. Lamenta que las negociaciones se estén llevando a cabo de esa manera porque los profesionales que van a pasar al SAS, “no conocen ese entorno y van un poco a ciegas”.

Carmen Serrano del Sindicato Médico considera que esta integración es “un tema político”. “La justificación es de eficiencia económica y de gestión. Nosotros a eso no podemos decir nada. Otra cosa distinta es el tema de las condiciones laborales de estos compañeros cuando se integren en el SAS, que es el tema que actualmente se está negociando”. Como el resto, están vigilando que la absorción de los contratos no perjudique a quienes tenían mejores condiciones de trabajo en cuanto a salario, sobre todo. Lo que está también en el aire es qué pasará con algunas categorías profesionales que no existían en las agencias como es el caso de los cocineros. En ese aspecto, los CHARE tendrán que acabar incorporándolos si se equilibran con el SAS, según fuentes del sector.

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