La Junta de Andalucía crea un mediador para “fiscalizar” el pacto de Doñana firmado con el Gobierno central

La Junta de Andalucía ha comenzado a trabajar este lunes en la creación de un comisionado que supervise el cumplimiento del pacto de Doñana suscrito por los gobiernos central y andaluz el pasado 27 de noviembre, en aras de impulsar una inversión conjunta de 1.434 millones de euros destinada a medidas socieconómicas para los municipios en el entorno del parque nacional.

Al término del Consejo de Gobierno celebrado este lunes, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado de que esta figura tendrá su sede en la Delegación del Gobierno de Huelva e integrará funcionarios de la Junta de Andalucía, de las consejerías de la Presidencia, Agricultura, Fomento y Sostenibilidad, por lo que no será “un comisionado político”, según ha precisado el también portavoz del Gobierno andaluz.

El propósito, en palabras de Fernández-Pacheco, es “contar con una fiscalización exhaustiva sobre si los objetivos [del acuerdo] se están cumpliendo” y así garantizar que “todas esas medidas no sean decisiones que se adoptan en despachos lejos del territorio, sino que nazcan del territorio, escuchando al territorio”, según ha abundado. Para ello, se llevará a cabo una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Sostenibilidad con la que dotar de un puesto de personal funcionario de nivel 30 adscrito a la Viceconsejería del departamento que encabeza Fernández-Pacheco.

Vuelta a la paz

El comisionado cuenta con el beneplácito del Ejecutivo central. Preguntado por esta figura, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho “nos parece bien” y ha asegurado que el equipo de Sánchez retomará la reunión que tenía previsto celebrar con los 14 municipios beneficiarios de las medidas socioeconómicas contempladas en el acuerdo. El representante del Gobierno en la comunidad andaluza ha recordado que el acuerdo de Doñana contempla una inversión conjunta de 1.434 millones de euros entre las dos administraciones hasta 2027, de los cuales, 706 le corresponden al Estado y 728, a la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que la reunión que tenía previsto celebrar el Ministerio para la Transición Ecológica quedó en suspenso hace dos semanas, tras desatarse de nuevo la tormenta con Doñana entre las dos administraciones, a cuenta de las líneas que introdujo la Junta en el macro-decreto de simplificación donde se reproducía de manera casi literal uno de los párrafos de la polémica proposición de ley de ordenación de los regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana para reformar la Ley Forestal de Andalucía y propiciar así la reversibilidad de terrenos calificados como forestales a suelos agrícolas.

La reacción crítica de la ministra Teresa Ribera forzó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, a dar marcha atrás y a cambiar la redacción de uno de los artículos de una ley que había entrado en vigor hacía tres días. De esta forma, ambas administraciones llegaron a un acuerdo en la misma jornada en que el Pleno del Parlamento, el pasado día 21 de febrero, afrontaba la convalidación del decreto-ley de simplificación, contando con el compromiso expreso de la Junta de Andalucía de volver a cambiar a posteriori el decreto-ley para incluir el texto pactado con el Gobierno.

Reunión del Ministerio

Precisamente, este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el Decreto-ley 4/2024, que modifica a su vez el 3/2024 para introducir el cambio que acordaron Estado y Junta de Andalucía, y que este miércoles convalidará el Pleno del Parlamento de Andalucía. Según ha podido saber este medio, la reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica y ayuntamientos del entorno de Doñana se celebrará una vez el Parlamento andaluz haya convalidado ese nuevo decreto.

Desde el Ministerio prevén que, en ese caso y con esa prevención, el encuentro tendrá lugar el próximo martes 12 de marzo a las 9h en la sede de la Fundación Biodiversidad, en Sevilla. El objeto de la reunión será abordar las ayudas a iniciativas del punto 10 del Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, dotada con 70 millones de euros.

Sede en Huelva

Para el portavoz del Gobierno andaluz, la creación de un comisionado en este contexto es “la mejor herramienta posible” tanto “para conservar el entorno natural de ese espacio maravilloso que es el Parque de Doñana” como para “aportar alternativas y soluciones a las personas que residen en su entorno”. De hecho, el desglose de esos 706 millones que le corresponden al Estado contempla 356 millones dirigidos a inversiones medioambientales en la propia Doñana y otros 350 millones para todo el entorno y la diversificación de las actividades productivas de los 14 municipios que van a beneficiarse de este pacto.

Aunque en ese listado se incluyen municipios de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, la Junta ha apostado por ubicar el comisionado en la capital onubense pensando en que “cualquier persona interesada pueda tener acceso fácil y una correcta interlocución” para todo tipo de actores, entre los que ha incluido a alcaldes, el Consejo de Participación de Doñana, organizaciones, agentes sociales o empresarios. “Es una figura que va a estar a pie del territorio, en Huelva”, ha remarcado el consejero y portavoz, convencido de la necesidad de lograr “un cumplimiento escrupuloso” del acuerdo con el Gobierno.

“Es muy importante que ante las expectativas que ha generado el pacto, las administraciones estemos a la altura”, se ha reafirmado Fernández-Pacheco sobre la necesidad de crear este órgano y desterrar así la percepción de que “parezca que se firma el pacto y nos desentendemos”. De hecho, ha afirmado que la puesta en marcha de este organismo se contemplaba en el acuerdo rubricado con el Gobierno en noviembre del pasado año.

Municipios beneficiarios

El pacto de Doñana prevé acciones económicas y ambientales en la llamada área de influencia del Parque Nacional de Doñana, que engloba los municipios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva); y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

El comisionado tendrá como funciones el seguimiento de las iniciativas que debe ejecutar cualquier Administración Pública, ya sean líneas de ayudas e inversiones directas; la coordinación de la participación de la Junta de Andalucía en el foro de diálogo sobre los compromisos de ambas administraciones, y la evaluación de las iniciativas y actuaciones, según una nota de la Junta.

También el comisionado asumirá la interlocución con el Consejo de Participación de Doñana, ayuntamientos y agentes sociales y medioambientales sobre la ejecución del protocolo por parte de la Junta de Andalucía, y la coordinación con la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.