La Junta de Andalucía no solicitó las ayudas del Gobierno a colectivos vulnerables de las que lamenta estar excluida

“Machaque”, “maltrato”, “atropello”, “intolerable”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no ahorró en descalificaciones al Gobierno central al informar en el transcurso del Debate sobre el estado de la Comunidad, y posteriormente en una atención a los medios de comunicación, que Andalucía no había sido beneficiada de una línea de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social de más de 109 millones de euros. Sin embargo, la cuestión es que Andalucía no ha recibido ni un euro en este sentido porque no había presentado proyecto alguno, según han confirmado a este medio fuentes ministeriales.

Moreno aludía al Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, publicado este miércoles en el BOE, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sitúa a nueve comunidades como beneficiarias, y los municipios de Madrid y Barcelona como beneficiarios de las subvenciones destinadas a entidades locales en el ámbito de esta resolución. Las subvenciones, confirma el Ministerio, estaban previstas para proyectos de comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector.

Moreno ha criticado que el secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, “no es capaz de levantar la voz” y que “no diga ni pío” ante este “nuevo maltrato” del Gobierno a Andalucía y, en este caso de forma particular, a la ciudad de Sevilla, al quedar fuera del mencionado reparto. Según el presidente, “otra prueba más de que Andalucía no cuenta en los planes del Gobierno de España”. Pese a ser “una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de exclusión social, no somos dignos de tener recursos adicionales para luchar contra la exclusión social”, preguntándose “por qué todas ellas pueden tener ayudas y nosotros (los andaluces) no”.

La segunda fase

La respuesta a su pregunta viene directamente de la mano del propio Ministerio: “Desde el Ministerio de Inclusión se informó a las distintas administraciones (comunidades, entidades locales y ayuntamientos, así como a las principales ONG). Para la selección, se eligieron los proyectos más elaborados en los que el itinerario en materia de inclusión estaba más avanzado y también la parte de preparación de datos. También se tuvo en cuenta el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en el territorio y la manera de reparto del Fondo Social Europeo en períodos previos de programación”, explican fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá. “Todos los que han querido entrar en esta primera fase han entrado. Otros han pedido estar en la segunda. Andalucía dijo que ahora no, que no tenía proyectos en este momento”, si bien comentan que la comunidad autónoma podría entrar “en la segunda fase”.

Las mismas fuentes detallan que, el pasado mes de marzo, la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, se reunió con los representantes de las comunidades autónomas para trasladarles la línea de posibilidades que se abría en este sentido con el ya aprobado Plan de Recuperación. Después, en junio, se envió una carta explicando con mayor detalle “cómo tenían que presentar el proyecto de inclusión para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital”. “A Andalucía se le ofreció como al resto y dijo que no tenía proyecto”, insisten, comentando en cualquier caso que “en breve” se abrirá una “segunda fase” en la que, previsiblemente, participará la comunidad andaluza. Las fuentes del Ministerio no explican por qué no aparece ningún ayuntamiento andaluz como beneficiario de estas ayudas.

Fuentes de la Consejería de Igualdad de la Junta trasladan a elDiario.es que Andalucía “también estaba interesada en firmar los convenios sobre los itinerarios de inclusión ligados al Ingreso Mínimo Vital como han hecho otras comunidades, ayuntamientos y entidades del tercer sector, pero el Gobierno central nos ha ignorado”. Añaden que la Junta ha trasladado al Ministerio la “necesidad de hablar de interoperabilidad entre administraciones para agilizar la tramitación del IMV porque, si no, la presentación llegaría tarde y no se podrían hacer itinerarios, como pasa con la Renta Mínima”.

Señalan estas fuentes que han manifestado su interés “en numerosas ocasiones y reuniones” pero “nunca hemos recibido respuesta, y únicamente en el día de ayer tuvimos conocimiento de dichos acuerdos”, en alusión a la publicación del BOE. “No nos sorprende esta falta de diálogo, ya que llevamos reclamando información sobre el IMV desde hace seis meses, sin tener en cuenta nuestras solicitudes de requerimiento de información”. Las fuentes de la Consejería no terminan de aclarar por qué no presentó proyecto andaluz alguno a estas subvenciones.

“Supuesto agravio”

También ha salido al paso de los reproches de Moreno el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha comentado que “resulta cuanto menos sorprendente” que el presidente de la Junta “se queje de quedar excluida” cuando “ha sido la propia administración autonómica andaluza la que, a diferencia de otras comunidades, ha decidido no adherirse a los convenios específicos para el desarrollo de actuaciones destinadas a colectivos vulnerables”, ha dicho a través de un comunicado.

Según ha dicho Fernández, la concesión directa de subvenciones permitirá el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital en nueve comunidades que, “a diferencia de Andalucía”, sí han solicitado su adhesión, como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta, por importe de 68 millones. “Andalucía ha manifestado que no tenía proyectos destinados a colectivos vulnerables, según ha expresado en las reuniones y comunicaciones celebradas entre el Ministerio y las comunidades autónomas”, ha remarcado el delegado del Gobierno, que ha señalado que “si al presidente de la Junta de Andalucía le preocupa, como dice, que la comunidad andaluza sea una de las comunidades con mayor riesgo de exclusión social debería adherirse a estos fondos que el Gobierno de España dispone para ello, en lugar de dedicarse a difundir el relato de un supuesto agravio a Andalucía que no se corresponde en absoluto con la realidad”.

Además de los nueve convenios que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rubricado con sendas comunidades autónomas, se realizarán otros dos junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes (del total de 16) se firmarán con entidades del Tercer Sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas), por un importe de 24 millones de euros. La cifra total, como se ha dicho, supera los 109 millones a repartir.

En esta primera convocatoria se podrán desarrollar en Andalucía programas con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas) con las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sí mantiene líneas de colaboración en la comunidad andaluza.