La Junta de Andalucía sitúa a una técnica para dirigir el Comisionado para la Concordia

Ana Gil Montaño, hasta ahora responsable del Servicio del Comisionado para la Concordia de Andalucía, ha sido la elegida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno como nueva comisionada para gestionar a partir de ahora las políticas de memoria histórica y democrática en la comunidad autónoma. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, de quien depende esta figura, confirman a elDiario.es Andalucía que el nombramiento de Gil Montaño es “inminente” en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que se trata de “la persona capacitada para desarrollar la norma, tiene amplio conocimiento de la materia y ha sido muy bien recibida por todos los integrantes del Consejo de Memoria”, reunido finalmente este pasado lunes después de que el año pasado se reuniera solo una de las tres veces marcadas en el régimen de sesiones establecido en la normativa. Montaño, precisamente, ha venido ejerciendo, incluso cuando el PSOE gobernaba en la Junta, como secretaria del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

El puesto para encabezar el Comisionado de la Concordia, una figura creada en 2020 por PP y Ciudadanos tras la exigencia de Vox, estaba vacante desde el pasado mes de septiembre, cuando Francisco Javier Arroyo Navarro fue nombrado director general de Andalucía Global. Arroyo, que anteriormente había sido alto cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido muy criticado por las entidades memorialistas andaluzas por su “inacción” al frente de las políticas de memoria. En febrero de 2020 la Junta anunció una convocatoria pública para ejercer de comisionado mediante puesto de trabajo de libre designación para desarrollar la vigente Ley de Memoria Histórica de Andalucía de 2017, aprobada sin votos en contra, cuya “lentitud” en su desarrollo viene siendo criticado por el movimiento memorialista andaluz.

Después de haber estado “todas” las fiestas navideñas “cerrando el perfil adecuado”, como apuntó hace una semanas la Consejería, la Junta ha optado por un perfil técnico para ocupar un puesto con carácter político. Fuentes de las entidades memorialistas integrantes del Consejo de la Memoria tuvieron conocimiento el lunes del nombramiento de Gil Montaño, que valoran en primera instancia al tratarse de una persona “con mucho conocimiento de la materia”.

Además, comentan estas fuentes que la Junta “no parece haber encontrado a nadie” para ocupar el puesto, optando por una persona técnica y “de la casa”. Recuerdan también que Gil Montaño ya era jefa del Servicio de Memoria Democrática en la extinta Dirección General de la Memoria en la etapa en que gobernaba Susana Díaz, como ha comprobado este medio, así como secretaria del Comité Técnico de Coordinación encargado del desarrollo de actuaciones para la recuperación de la memoria, al menos desde 2016.

Las entidades reconocen que esta funcionaria de la Junta de Andalucía conoce bien las inquietudes de los memorialistas, sus reclamaciones y sus desencuentros con el gobierno autonómico desde que el PP se hiciera con las riendas de la Junta desde 2019. Las fuentes, en ese sentido, critican la “poca sensibilidad” del gobierno andaluz al no presidir el consejero la primera reunión de la legislatura del Consejo de la Memoria “ni siquiera para presentarse”. El Consejo del lunes estuvo presidido por el viceconsejero de Turismo, Víctor Manuel González.

Por el momento, Gil Montaño deberá hacer frente a un nuevo recorte recorte en las partidas presupuestarias, en 2023 con algo más de 1'3 millones de euros frente a los 1'8 millones de 2018. Cabe recordar que, a nivel nacional, Mariano Rajoy presumió en 2015 de asignar “cero euros” a la entonces vigente Ley de Memoria Histórica, a la que se opuso el PP en 2007. El PP de Andalucía no aludía ni a la “memoria histórica” ni a la “concordia” en su programa de 2018 (aunque sí en los acuerdos de investidura con los de Abascal) mientras que en el reciente de 2022 previo a las elecciones prometió aprobar “una Ley de Concordia de Andalucía que apueste por la convivencia y la dignidad de las víctimas”.