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Andalucía tendrá su ley de derechos para el colectivo LGTBI antes de que acabe el año

Transexuales brasileños podrán usar su nombre social ante organismos públicos

Javier Ramajo

Tres meses después de que el Congreso de los Diputados admitiera a trámite la ley LGTBI, con la abstención del PP, Andalucía tendrá ya la suya el próximo 19 de diciembre durante el último Pleno del Parlamento del actual período de sesiones, según aseguran fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. De este modo, la nueva ley que garantiza la igualdad de los colectivos LGTBI y evita su discriminación estará aprobada antes de que acabe 2017.

La Proposición de ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos e IU, obtuvo el criterio favorable del Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 11 de julio. La iniciativa se ha tramitado en los últimos meses por el procedimiento de urgencia, víendose reducida la duración de los trámites a la mitad de lo establecido.

Como ya informó este periódico, a finales del pasado mes de junio se obró el “milagro” de que las formaciones políticas presentaran un texto único, alentados por colectivos LGTBI que les habían pedido que aparcaran sus diferencias para aprobar la nueva normativa. PSOE y Podemos, finalmente, escenificaron su consenso con la retirada del registro del Parlamento de las proposiciones de ley que cada uno había presentado sobre el tema y cuya toma en consideración fue aprobada en octubre de 2016 por el Pleno después de que los socialistas se apresuraran en preparar un texto cuando Podemos le había tomado la delantera con su propuesta.

El principal punto de fricción en la negociación estuvo en que Podemos proponía en su proposición de ley que menores de 16 años pudieran recibir tratamiento sin consentimiento paterno, a lo que el PSOE se negaba tajantemente. Finalmente se llegó a una redacción que convenció a las dos formaciones de manera que queda garantizada la posibilidad de tratamiento para los niños desde el inicio de la pubertad y se elimina la parte relativa a hacerlo sin consentimiento paterno, entendiendo que el derecho queda reconocido con el criterio de los médicos y especialistas en función de la madurez del menor.

Bloqueo hormonal al inicio de la pubertad

El proyecto de ley incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales. Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

En el ámbito sanitario, la proposición incorpora los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados. Respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes sometidos a situaciones de presión o maltrato psicológico y/o físico. La Junta deberá incluir la formación sobre orientación sexual e identidad de género en los cursos de mediadores, monitores y formadores dirigidos al colectivo juvenil.

En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas LGTBI, incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales.

En el ámbito laboral la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Las destinadas a conciliación laboral incluirán igualmente cláusulas para reconocer la heterogeneidad del hecho familiar. La Consejería de Empleo, además, deberá introducir en sus planes formativos materias sobre la igualdad de las personas LGTBI, así como fomentar la implantación progresiva de indicadores para reconocer a las empresas que destaquen en estas políticas.

Estudios de la represión franquista

En materia cultural, se prevé la creación de un fondo documental y bibliográfico específico de LGTBI, disponible en todas las bibliotecas adscritas a la Junta de Andalucía, mientras que en turismo se promoverán acciones para situar a la comunidad como destino de referencia LGTBI.

Otra novedad destacada respecto a proposiciones anteriores es la encomienda que se hará al Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía para la puesta en marcha de estudios e investigaciones sobre las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista por su orientación sexual o identidad de género.

La propuesta también incluye un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros. Estas cuantías irán acompañadas, además, de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, la inhabilitación para ser titular de centros de servicios de carácter público y el cierre o suspensión temporal de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.

La Junta deberá elaborar anualmente un informe estadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI y los casos de delitos de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por los puntos de Información y atención a las víctimas.

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